Las preguntas que los amigos y conocidos de Silvia Castro comenzaron a hacerse sobre finales del 2020 y llevaron a la Justicia en marzo pasado siguen sin respuesta. La mujer de 59 años, soltera, sin hijos y con más de 20 años trabajando como operadora barrial y comunitaria con usuarios de drogas perdió todo contacto con su entorno sobre finales del año pasado y a seis meses de su desaparición, aún no hay información sobre qué fue lo que sucedió con ella y con su vivienda, ahora ocupada por un tercero.
En ese escenario y a tres meses de presentadas las primeras denuncias, las mismas organizaciones con las que la Silvia venía trabajando se reunirán este martes, a las 11.30, en Sarmiento y Rueda para acompañar una nueva presentación ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA), donde solicitarán constituirse como querellantes en el proceso de investigación, anticipó Claudio Guemberena, abogado representante de Asociación de Reducción de Daños de la Argentina (Arda), uno de los espacios por los que Silvia había pasado.
¿Paradero? ¿Muerte dudosa? ¿Usurpación de propiedad? Fueron algunas de las preguntas que rondaron la desaparición de la mujer, ya que cuando amigos y conocidos la buscaron en su vivienda de Garibaldi 1070 y se encontraron no solo con que no estaba allí, sino que la vivienda estaba siendo habitada por un tercero, desconocido para ellos, que afirmaba haber comprado la propiedad y que Silvia había muerto.
Organizaciones frente a la causa
Los principales vínculos de la mujer pasaban por sus amigos y por el trabajo que realizaba como operadora barrial y comunitaria en la asistencia de temáticas de drogadependencia y sida, ya que su madre y una tía con quienes convivió por años habían fallecido. Silvia fue colaboradora del Programa Municipal de Sida (Promusida), pasó por el Centro de Estudios Avanzados en Drogadependencias y Sida de la Universidad Nacional de Rosario (Ceads), Arda, la Red Argentina por los Derechos de Usuarios de Drogas (Radaud) y por el Centro Comunitario Fuerte Apache, entre otros.
La convocatoria que la organizaciones de las que Silva fue parte distribuyeron para este martes.
Por eso, fueron los representantes de las organizaciones los que en marzo impulsaron la investigación de su paradero y que ahora, este martes, se convocan ante el MPA para constituirse como querellantes en el proceso. "La presentación la hacemos como Arda, con el acompañamiento de Radaud y demás organizaciones civiles que trabajan la problemática de drogas y HIV desde la óptica de reducción de daños", explicó el abogado que encabeza el trámite.
Es que Silvia, indicó, era "una voluntaria y sobre todo una activa trabajadora de Arda". Es más, tanto el profesional como Silvia Inchaurraga, directora del Ceads, no solo apuntaron el compromiso de la mujer, sino el hecho de que había convertido su propia casa "en el centro de operación barrial y de articulación con otras organizaciones que trabajan el tema", señaló Guemberena.
A ella le gustaba autodefinirse como "reductora de daños", recuerda Inchaurraga, que la menciona como "una promotora y voluntaria de las primeras, una agente de salud que salió por los barrios a llevar los kits de inyecciones" para prevenir el contagio de enfermedades por consumo endovenoso de sustancias. "Que no les pase lo que me pasó a mí, que me agarré el bicho", cuenta que solía decir en referencia a que llevaba muchos años conviviendo con el virus del sida.
Posible estafa y homicidio
Sobre la investigación que está en curso desde marzo pasado, el abogado indicó que fue esa presentación la que "dio lugar a un proceso por estafa en la que ahora las organizaciones buscan constituirse como querellantes".
Sin embargo, para Guemberena, "no puede descartarse aún en forma prematura la reapertura de la investigación por homicidio, principalmente a partir de nuevos elementos que surgieron a posteriori de su archivo como por ejemplo los resultados de laboratorio".
El letrado consideró que "los indicios, contradicciones y duda razonable que motivaron la denuncia, están más firmes que en ese momento" y agregó: "Por eso, el desafío de ser querellantes y aportar como parte a la investigación, entendiendo la problemática del sistema y sus limitaciones en estos tiempos, creemos que es necesario avanzar, teniendo los derechos de la posible víctima como centro del proceso".
Para Inchaurraga, además, se trata de "un compromiso ético de quienes trabajamos y compartimos con ella de saber fehacientemente qué fue lo que sucedió".
Lo cierto es que el caso también tuvo eco en la Legislatura provincial, donde los diputados aprobaron un proyecto de la legisladora Mónica Peralta que declara la "preocupación" del cuerpo ante la desaparición de Silvia Castro. Un hecho que hará que hoy, tanto Peralta como Matilde Bruera y Carlos Del Frade también hayan comprometido su presencia ante la movilización de su entorno más cercano en la Justicia.
