Tras un extenso litigio, la Justicia ordenó el desalojo de la guardería náutica GPS, ubicada en la desembocadura del arroyo Saladillo. El proceso comenzó en 2020, a partir de una demanda presentada por el Ente Administrador Puerto Rosario (Enapro), propietario de esos terrenos. El actual directorio confirmó que acompañará la decisión judicial y tomará posesión de las instalaciones el próximo 2 de noviembre, mientras coordina el traslado de las casi 280 embarcaciones y evalúa la situación de unos diez empleados que posee la guardería.
Según confirmó en declaraciones a La Capital la titular de Enapro, Graciela Alabarce, el contrato con la Guardería Puerto Sur (GPS) había finalizado en enero de 2020 tras no haber intenciones de la anterior gestión en renovarle el "permiso de uso" del predio. Y al no haber aparente voluntad de desalojo del propietario de la guardería, se inició una demanda judicial, cuya sentencia quedó rubricada el pasado 2 de octubre.
Un desalojo ordenado
"Queremos contribuir a la paz social, ya que nuestra intención es que nadie salga perjudicado", aseguró Alabarce en declaraciones a La Capital para anticipar que su gestión lanzará una licitación con intenciones de explotar esos terrenos con otras actividades a confirmar en un futuro inmediato.
Explicó que "se trata de un desalojo que transcurría en el ámbito judicial; los titulares y sus representantes legales estaban al tanto del expediente. Esto comenzó con otra gestión, nosotros llegamos en diciembre pasado y vamos a acatar la sentencia dictada el pasado 2 de octubre por el juzgado de Circtuito Nº5, a cargo de Maximiliano Cosari, y por eso comenzaremos con el proceso ordenado de las embarcaciones".
Qué pasará con los empleados y las embarcaciones
En ese contexto, enfatizó: "El directorio está trabajando para ver qué soluciones les da a los usuarios y también evalúa la situación de entre siete y diez empleados, ya que no tenemos intenciones de perjudicar a ningún usuario".
Alabarce comentó que el 22 de marzo pasado, la Cámara de Apelaciones de Circuito ya había rechazado un recurso presentado por el concesionario Carlos Degiorgi para intentar extender su vínculo en esos terrenos.
"En el transcurso de este año tuvimos reuniones con el titular de la guardería para comunicarle que la sentencia iba a salir y por eso le sugerimos que hiciera un retiro ordenado, ya que recién el 2 de noviembre podremos tomar posesión de la guardería, a partir de los 30 días que la Justicia le concedió para devolver el predio", argumentó.
También aclaró que durante los cinco años que duró el proceso judicial Enapro "no cobró el canon, puesto que se había iniciado un proceso a partir de la culminación de un contrato del cual no había intenciones de renovar el permiso de uso. Y como Degiorgi no acató, se inició el expediente para tramitar el desalojo correspondiente".
Qué dice el concesionario de GPS
El titular de la guardería confirmó que acatará la sentencia, pero lamentó la pérdida de la inversión realizada durante casi 14 años en ese terreno y las "falsas promesas" de diferentes directivos anteriores a la actual gestión del Enapro.
"Hace casi 14 años que estoy acá. Proyecté la inversión en un lugar que era un páramo, sólo había arena y árboles. Me llevó seis años armarla, vendí dos propiedades mías, tuve que hacer calles y tampoco había ni luz. En ese lapso perdí el equivalente a dos casas y viví como un laburante, ya que los sueldos de mis empleados no son baratos", lamentó Degiorgi en declaraciones a este medio.
Dijo que tenía un contrato por 8 años con la promesa de renovación "por diez años más" para que pueda recuperar dinero invertido, pero el directorio del Enapro fue cambiando de autoridades y "no hubo caso".
"Empecé a tener inconvenientes, llegamos a un punto en el cual no iban a renovar el contrato y así pasó el tiempo. Me decían que no me podían atender, hubo discusiones y ahora tengo que ponerle la espalda a más de 270 lanchas y diez empleados, que perderán su fuente de trabajo", comentó.
También aseguró que muchos clientes de la guardería GPS "están desesperados", dado que no tienen espacio donde ubicar sus embarcaciones. "Hay 70 que tienen casa en la isla y unos 40 que aún están construyendo y no saben qué hacer", sostuvo.
GPS acatará la decisión judicial
No obstante, el hombre admitió que "hace 35 días aproximadamente" le notificaron que "tenía hasta el 2 de noviembre" para desalojar el predio. Por tal motivo, comenzó a avisarle a los usuarios de esa decisión judicial.
"Volví al Enapro para pedir extensión hasta abril de 2025, me dijeron que no, no puedo negarme. Se perjudica la gente y los empleados, que pierden la fuente laboral", lamentó nuevamente.
Y confirmó: "Me quiero ir, no quiero estar en contra de la Justicia, les dije que traten de manejar la guardería lo mejor que puedan. Uno de los chicos (un empleado) tiró la idea de hacer una cooperativa, hay que ver qué quiere hacer el Enapro, no tengo problemas de dejarles herramientas (pese a que las mismas quedarían en poder del concedente al término del vínculo)".
Señaló: "A futuro me haré cargo de lo que sea necesario, pero hay un mito de que quienes tienen una concesión de una guardería náutica son todos millonarios y nadie tiene la menor idea de los gastos conlleva llevar adelante un rubro como estos. Tengo un Fiat 147, puede haber gente con recursos económicos, pero no es como las de zona norte".
Asimismo, concluyó: "No solo pierdo ingresos sino el sacrificio y dinero puesto en herramientas y todo lo que cuesta armar una guardería náutica: desde una piedra moladora, un grupo electrógeno, tres tractores de 5 mil kilos, dos autoelevadores, un sistema de cunas en todo galpón para colgar 50 embarcaciones; dos montocargas, dos tornos y ascensor elevador para trasladar la lancha hacia el río".
