Los recortes en discapacidad ponen en jaque a los prestadores de salud

Los ajustes en las pensiones, los atrasos en los pagos y la falta de actualización de aranceles ponen en jaque a los prestadores de servicios para personas con discapacidad. Según denuncian desde la asociación que reúne a centros de día, escuelas y consultorios de rehabilitación, este año cerraron su puertas dos instituciones terapéuticas y unos 46 transportistas dejaron la actividad. Mañana, desde las diez, habrá un festival en el parque Nacional a la Bandera.

La movida busca visibilizar la situación que atraviesan tanto los profesionales, como quienes necesitan de su atención. "Las personas con discapacidad son víctimas del ajuste por parte del gobierno nacional, en los últimos años se recortaron pensiones, no se otorgaron nuevos beneficios o se limitaron los tratamientos. Y los prestadores venimos sufriendo un fuerte desfasaje arancelario y atrasos en los pagos", señala Mariel Chapero, vicepresidenta de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad.

Según describen los titulares de centros de día o instituciones educativas, al atraso en la actualización de aranceles (desde el año pasado sólo tuvieron un incremento del 17 por ciento) se suman también deudas históricas por "descuentos arbitrarios" que se han realizado sobre la facturación. En algunos casos, estas deudas cumplieron ya dos o tres años.

"Hay instituciones que tuvieron que cerrar sus puertas o que están en riesgo de hacerlo", advierte Chapero y repasa los nombres de dos instituciones que cerraron sus este año y otra más que "está muy cerca" de hacerlo. Las consecuencias no sólo las padecen los profesionales o el personal que pierde su trabajo. "Esto obliga, de repente, a derivar los pacientes, a que tengan que empezar de nuevo su tratamiento en otro lugar, con otras personas", cuenta.

En la provincia hay unas 100 mil personas con discapacidad, de las cuales una mayoría no tiene obra social y depende del programa nacional Incluir Salud.

A cuentagotas

Para el presidente de la Asociación de Transportistas Especiales, Pablo Bolego, la situación de los servicios de asistencia "se agudiza a año a año".

Según relata, desde que en 2016 el gobierno nacional decidió dar de baja pensiones por discapacidad, la situación fue de mal en peor. "Más allá de que varios fallos judiciales obligaron a restituirlas, esto se cumplió a cuentagotas. Pero además no están saliendo nuevas pensiones", explica y advierte sobre lo errática que resultan las políticas relacionadas con discapacidad.

El último ejemplo fue la resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud que, el pasado 2 de septiembre, restringió tratamientos. Una semana después, frente a las críticas que generó la medida, se dio marcha atrás.

"El perjuicio que tienen estas idas y vueltas en las personas que necesitan los servicios es tremendo. La gente escucha estas cosas y entra en pánico. Creo que no se dimensiona lo que pasa, que no se puede pensar lo que le sucede a una persona que necesita un tratamiento para poder rehabilitarse, para incluirse socialmente", apunta.

Lo concreto, subraya, "es que Argentina adhirió a la convención internacional de los derechos de personas con discapacidad y tiene la ley Nº 24.901, de vanguardia en materia de protección de personas discapacitadas. Tenemos que defender estos derechos", resume.

De acuerdo a datos de la asociación, desde el año pasado unos 46 transportistas dejaron de brindar el servicio. "Estamos atravesando un momento complejo, en los últimos tres años se autorizó un incremento del 41 por ciento de los aranceles, mientras que la inflación fue de 126 por ciento. En nuestro caso, el principal insumo que tenemos es el combustible y de mayo pasado a hoy subió el 82 por ciento. Para muchos transportistas, eso hace inviable la actividad", concluye.