Los alquileres suman reclamos en la Oficina del Consumidor

Mientras el Congreso nacional sondea la idea de modificar la reciente ley de alquileres, el informe semestral de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor confirma el malestar que ocasiona la norma. El organismo que depende del Concejo recepcionó múltiples quejas por este tema y cuestionamientos a los administradores de consorcio.

En las denuncias realizadas por inquilinos a lo largo del periodo enero-julio de este año se percibe que en el área de inmuebles prevalecen las que apuntan a la violación "sistemática de la ley nacional de alquileres", fundamentalmente en torno al incumplimiento del plazo mínimo de contratación, que actualmente es de 3 años, como así también en relación a las actualizaciones de los valores de la locación, tanto en lo temporal (intentos de aumentar antes del año) como en los porcentajes aplicados.

El Congreso tiene prevista una sesión especial pautada para el próximo 23, (tras las elecciones primarias nacionales), que si reúne los 129 diputados para habilitar el quórum se abocaría a analizar un proyecto que reduce a dos años el plazo del contrato de alquiler y ajustes en periodos por debajo de lo interanual, entre otros ítems.

En la Oficina del Consumidor también se registró un incremento de trámites vinculados a los cobros indebidos de honorarios inmobiliarios, y de expensas y gastos que debe abonar el propietario y no el inquilino.

Así, se constató que en el rubro vivienda el 50% de las presentaciones fueron motivadas por problemas vinculados al alquiler, 45% por cuestionamientos a los administradores de consorcio y el 5% restante por denuncias formuladas por usuarios a empresas que comercializan planes de financiación anticipada para la adquisición de viviendas o construyen casas prefabricadas.

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En detalle

Al hacer foco en las denuncias de los inquilinos subyace en este semestre que la principal queja es el incumplimiento del plazo mínimo de contratación, y las actualizaciones de los valores de la locación. Esto, tanto en lo temporal (por ejemplo en intentos de aumentar antes del año de la locación) como en los porcentajes aplicados. En estos siete meses del año también la Oficina registró un incremento de trámites vinculados a los cobros indebidos de honorarios inmobiliarios, y de expensas y gastos que corresponden abone el locador.

De las denuncias recibidas de este tipo, el 67% tuvo una resolución favorable, un 10% negativa y un 23% se encuentra en trámite. Y también aumentó el porcentaje de extranjeros que se quejaron por el alquiler, llegando a un 5% de las denuncias radicadas.

Cuando se analiza el 45 por ciento de reclamos contra consorcios y casi la misma proporción contra administraciones de edificios, se destaca que solo en 6 meses se acumuló la misma cantidad de denuncias que en todo 2022. El incremento se explica por diversos factores; el principal es el aumento significativo en el valor de las expensas mensuales, generando que los consorcistas indaguen más detenidamente en el detalle de las mismas y, al no encontrar respuestas satisfactorias por parte de las administraciones, surjan mayores dudas.

Además, a partir de este análisis más minucioso, aparecieron otras inquietudes respecto a obligaciones de las administraciones, como ser la falta de convocatorias a asambleas, consultas sobre inscripción en el Registro de Administradores de Consorcios, malos tratos, intereses abusivos en los retrasos de pagos y falta de mantenimiento de los espacios comunes.

En relación a este tipo de denuncias, 56% tuvo resolución favorable. Y de los casos recibidos con administradores inscriptos, se resolvieron de manera favorable en un 84%, "lo que evidencia la necesidad de reforzar y jerarquizar el funcionamiento del Registro", sostiene el informe.

Respecto de los planes de vivienda con financiación anticipada (una operación similar a los planes de ahorro) la principal problemática gira en torno a la manera de actualización de las cuotas, las que se aumentan utilizando índices "arbitrarios" impuestos por la empresa contratada, generando que las cuotas se tornen "impagables" para los suscriptores.

Además se presentaron denuncias por problemas edilicios y vicios ocultos en la propiedad, sobre la aplicación de la garantía constructiva en estas operatorias, por diferencias en los metros cuadrados pactados en contrato y los metros reales de las unidades, las que siempre presentan diferencias en desmedro de los usuarios.

Teléfono rojo

En la línea telefónica gratuita de la Oficina (0800-666-8845) se recibieron 1845 llamados en este período, un promedio de 15 por día, lo que está por encima del total de llamados recibidos en igual periodo de 2022. En las redes sociales (@rosarioconsumidor y en su web [email protected]) se mantiene estable el caudal de consultas. Se recibe un promedio de 9 consultas por día, llegando a 1107 en este período.

La atención presencial reflejó un fuerte aumento alcanzando un total de 2952 consultas y denuncias tomadas por este medio durante el primer semestre, lo que se explica en parte por la extensión horaria hasta las 16. Supone la atención de unas 24 personas por día.

Por el correo electrónico de la Oficina y de cada una de sus áreas llegaron en este período un total de 3075 reclamos. Los 8.979 contactos recibidos durante este semestre supone alrededor de un 20% de incremento respecto del semestre anterior. De este total, 2.984 generaron un expediente.

Espera eterna

Según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, en el 2022 las compras por internet se incrementaron en un 87% respecto del 2021. En materia bancaria, los consumidores se vieron obligados prácticamente a sustituir la atención personalizada, lo que derivó en una gran afluencia de clientes de entidades bancarias a la Oficina. A ello se le sumó la "deshumanización de la atención". Según la encuesta sobre el tiempo de espera en los bancos que realizó la Oficina el año pasado, los jubilados que cobran sus haberes por caja tuvieron que esperar en promedio 1 hora 28 minutos, cuando la normativa establece un tope máximo de treinta (30) minutos.

Falabella residual

También durante el primer semestre de este año se siguieron recepcionando reclamos con respecto a la salida de Falabella de la Argentina. La firma de capitales chilenos le cedió la cartera de sus tarjetas de crédito al Banco Columbia. "Esto trajo como consecuencia que la entidad bancaria enviara compulsivamente resúmenes de cuentas con el cargo de renovación o mantenimiento de cuenta de la nueva tarjeta. Todo esto sin que el usuario haya recibido siquiera el plástico nuevo e impidiéndole, a su vez, generar la baja de la cuenta por tener un saldo activo. Toda esta operatoria constituye un claro incumplimiento a la ley 25.065 de tarjetas de crédito, por lo que hemos podido resolver con nuestra intervención la totalidad de estos casos que ingresaron", se resumió.

Otro ítem de reclamos por el lado financiero fueron los delitos virtuales por robo de datos, y en cuanto a billeteras virtuales se constataron el no impacto de transferencias o reintegros en los plazos convenidos, duplicidad en el importe de las compras, error al ingresar el monto y bloqueo de cuentas.

Respecto de los planes de ahorro, corresponden a denuncias contra administradoras de planes de ahorro, concesionarios, servicios técnicos oficiales y fabricantes de vehículos, principalmente por incumplimientos contractuales, la falta de entrega de vehículos a términos, atento el cupo de las importaciones y la consecuente solicitud de “multa por mora en la entrega”. Este capítulo reunió el 21 por ciento de las denuncias. Luego se encolumnan los incumplimiento de garantía de productos, prácticas comerciales abusivas y demoras en la entrega, entre otras.