La Municipalidad redobla la ofensiva jurídica contra Uber

La Municipalidad sigue sosteniendo que Uber es “ilegal” y que funciona por fuera de la normativa que regula el transporte de pasajeros. Además, confirmó que ya hubo tres juzgamientos con sanciones a personas que trasladaban pasajeros bajo la modalidad que ofrece la aplicación. En tanto, será apelada la resolución judicial que rechazó un planteo del Ejecutivo.

La posición de la Intendencia, con correlato en una parte del Concejo Municipal (ver aparte), sigue firme en función de declarar ilegal el funcionamiento de la app en Rosario. “La estrategia operativa sigue siendo la misma y busca que el transporte de pasajeros no se desarrolle por fuera de la normativa que lo regula, porque eso lo convierte en un servicio ilegal”, insistió a La Capital el secretario de Gobierno, Gustavo Zignago.

El funcionario confirmó que el mismo día que Uber anunció su desembarco en la ciudad se detectaron dos vehículos que trasladaban personas quienes habían solicitado viajar a través de la aplicación. Los autos fueron remitidos al corralón municipal y se iniciaron las actuaciones en el Tribunal de Faltas.

“Se aplicaron multas económicas cercanas a los 15.000 pesos, y se inhabilitaron las licencias de los conductores por 60 días. Para nosotros, estos autos van a correr la misma suerte que los remises truchos”, refirió Zignago.

En el frente judicial, el 8 de marzo la Municipalidad interpuso una acción cautelar contra Uber Argentina ante el juzgado Civil y Comercial Nº 7 a cargo de Marcelo Quiroga, a quien solicitó que ordene “eliminar o suspender la aplicación para celulares en Rosario o el sitio www.uber.com en las que promociona tanto el denominado socio-Uber o conductor como el servicio o solicitud de traslados mediante automóviles particulares por usuarios del sistema”.

Sin embargo el juez rechazó el planteo y se excusó de resolver cualquier cuestión relacionada a la normativa y control. Quiroga sostuvo que la Municipalidad “tiene el poder de policía y no requiere la intervención judicial”. El municipio no está de acuerdo con esa resolución y adelantó que la va a apelar en segunda instancia ante la Cámara Civil y Comercial.

“Aplicamos el poder de policía, ejercemos los controles. Justamente recurrimos a la Justicia para que habilite la intervención de los organismos que controlan las comunicaciones, para que podamos acceder a una herramienta de carácter más general, de aplicación certera que permita la suspensión de la app”, aclaró Zignago.

Según el funcionario, “no tiene correlato con la realidad y parece mas una estrategia de negocios la información brindada por Uber que indicó que más de 110 mil personas bajaron la aplicación en Rosario, que lo usuarios otorgaron puntajes altos a los choferes y que semanalmente hay un incremento del 60 por ciento de hombres y mujeres que buscan sumarse” con sus autos.

“No tenemos ese registro. En las acciones de control en la calle no se notan esos números”, dijo. Y volvió sobre la cuestión judicial: “Vamos a persistir en el reclamo ante organismos jurisdiccionales. El servicio de transporte publico es regulado y ejercemos el control. Hace falta una decisión judicial que avale nuestro pedido y ordene al organismo con competencia que bloquee las aplicaciones que están al margen de la norma”.

Zignago indicó que la problemática también apunta a generar “seguridad en la ciudadanía. Discutimos en una sociedad dentro de las normativas que regulan la existencia del transporte, y obviarla o menospreciarla es avalar una consecuencia que no queremos todos aquellos que abrazamos el interés general”.

Finalmente remarcó que el formato Uber “no está contemplado en la normativa y atenta contra el sistema de transporte. Hay ámbitos donde se regula la tarifa, se hacen constataciones técnicas de los vehículos, de choferes, la calidad del servicio, higiene, salubridad, control de licencias, monitoreo y rastreo. Todo es parte de normas que esta aplicación no cumple”.