Hoy, a las 8, en el Palacio de los Leones, el intendente Pablo Javkin brindará detalles del decreto de emergencia, ahorro y austeridad para hacerle frente a una delicada situación financiera que su secretario de Hacienda reveló la semana pasada en el Concejo: el 2019 cerrará con un rojo de 3.860 millones de pesos en la administración municipal. Se recortarán gastos para la movilidad a funcionarios, se suspende al menos por seis meses la compra de mobiliarios, se restringirán usos de celulares y no habrá grandes eventos.
El anuncio se realizará hoy en la Sala de Prensa del Palacio de los Leones. Allí Javkin dará detalles del decreto de emergencia, ahorro y austeridad, que tiene como objetivo hacer frente a la situación que atraviesan las cuentas de la ciudad.
Esta disposición directa del jefe comunal rosarino operará como un paliativo a la situación que el propio secretario de Hacienda, Diego Gómez, puso sobre la mesa del Concejo la semana pasada a la hora de presentar el presupuesto 2020.
"El intendente estará sentado arriba de la caja supervisando cada gasto", aseguran desde la gestión municipal
De movida, prevé gastos por 36 mil millones pero ingresos por 34 mil millones de pesos, con una inflación del 34,2 por ciento. Unos 3.860 millones de pesos de resultado financiero negativo, una deuda flotante de 1.200 millones de pesos y un stock de deuda de 4 mil millones. Es decir más del 10 por ciento del presupuesto destinado a compromisos de pago de deuda.
En este contexto económico, Javkin presentará el decreto de recortes en gastos superfluos de autos y choferes para funcionarios, racionalizar el uso de recursos para eventos públicos, eliminar el gasto de papel e impresión, recortar el uso de teléfonos celulares y disminuir drásticamente todo tipo de erogación que no sea imprescindible para el funcionamiento de áreas críticas.
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pasado y presente. El actual intendente Javkin necesitará del apoyo de ex compañeros para la aprobación.
Marcelo Rubén Bustamante
Además, se suspenden por seis meses las compras que no sean de absoluta necesidad. No se renuevan mobiliarios, computadoras y otros insumos de estas características. Y si alguna secretaría considera imprescindible comprar algo, antes deberá pasar por la Secretaría de Hacienda durante este periodo de emergencia.
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Con esta idea de priorizar el gasto, los recursos estarán concentrados en las áreas sociales, que tendrán 20.500 millones de pesos de presupuesto (equivalente al 57 por ciento). Y también la prioridad estará en la contención de la niñez, obras públicas "urgentes" (bacheo, repavimentación, infraestructura) y la Secretaría de Control, que tiene proyectado recursos por 1.516 millones de pesos (el 4,21 por ciento del total).
La tijera para podar recursos pasará por los eventos. No habrá shows de alto costo, sino que se jerarquizará la presencia de inspectores y agentes en operativos callejeros.
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Arcas vacías. El último mes de 2019 se abrieron varios frentes de conflicto en la Municipalidad, previo al traspaso de mando.
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"El intendente estará sentado arriba de la caja supervisando cada gasto", grafican sus colaboradores. El objetivo autoimpuesto por Gómez es lograr una convergencia hacia diciembre 2020 donde el déficit se reduzca a 1.773 millones de pesos. Este decreto que se presentará hoy procura mejorar en algo la liquidez. Otra herramienta será la emisión de 500 millones de pesos en Letras, a tasa del mercado, a corto plazo, con la garantía de la coparticipación provincial y cuyo agente de emisión sería el Banco Municipal de Rosario.
Recorte anterior
A mediados de agosto, la ex intendenta Mónica Fein había lanzado un plan de ajuste de gastos para lo que restaba de su mandato con el objetivo de ahorrar unos 600 millones de pesos.
Las principales medidas fueron anunciadas frente al efecto erosivo de la devaluación en las cuentas públicas y en un contexto de crisis.
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"Este es un gabinete joven junto a la experiencia. Quiero que Rosario sea el faro que ilumine un tiempo de acuerdos", afirmó Javkin.
Según lo anunciado, se suspendieron todas las licitaciones de obra pública de agosto en adelante, se redujeron las contrataciones de vehículos, servicios y horas adicionales no aplicadas a tareas imprescindibles.
Además, se "sometieron a análisis" los mecanismos de ajuste automático de los contratos de servicios y obras públicas. Se suspendieron contratos y compra de bienes de capital y se congelaron los salarios de todo el gabinete y personal político.
