Hace poco más de cinco años, el Delta del Paraná comenzaba un proceso degradatorio producto de los reiterados incendios en las islas que lo componen. El fuego se propagó casi sin control durante casi el 2020, su intensidad bajó al año siguiente pero en 2022 volvió a repuntar. Se estima que se quemó alrededor de un millón de hectáreas.
Esta situación derivó en que se formulen varias denuncias ante la Justicia. Actualmente, existen dos grandes causas: una en el fuero civil y la otra, en el penal. La primera se encuentra en curso aunque, según la consideración de abogados consultados por La Capital, demorada a propósito a través de un recurso judicial; la segunda quedó al borde del cierre luego de que el Juzgado Federal de Paraná sobreseyera a 43 imputados. Esa medida fue apelada por el fiscal federal de Rosario, Claudio Kishimoto, quien el jueves 25 de septiembre, desde las 17, estará a disposición de la ciudadanía en el Concejo Municipal para dar detalles de ambas causas en las que investiga los incendios en las islas.
La jornada, impulsada por el presidente de la comisión de Ecología del Concejo, Julián Ferrero (Ciudad Futura), requiere inscripción previa en este enlace. Los participantes podrán registrarse en calidad de asistentes o expositores. Desde la organización remarcaron que las intervenciones son exclusivamente sobre la temática y que tienen un límite de 3 minutos.
Incendios: la causa penal
Los incendios en las islas que arrasaron con cientos de miles de hectáreas de humedales y que, a su vez, contaminaron probadamente el aire de buena parte del sur ribereño santafesino, ya se apagaron. Pero hay algo que todavía sigue encendido y latente: la búsqueda de responsables.
En relación a la causa penal, que se mantenga o no vigente depende de que la apelación presentada por el fiscal Kishimoto a la resolución tomada por el Juzgado Federal de Victoria prospere en la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná. De todos modos, el fiscal adelantó que en caso de no prosperar la apelación, recurrirá a la Corte Suprema de la Nación.
Si bien la apelación por parte de Kishimoto fue presentada en abril, aún no se vislumbran avances. Los argumentos esgrimidos por el funcionario judicial consideran que si bien no hubo un acto doloso, sí se puede configurar el accionar de los propietarios de los campos bajo la figura culposa por no tomar los recaudos necesarios, a lo largo de tres años, para evitar que los terrenos se quemen sistemáticamente una y otra vez durante ese lapso.
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En 2022, los concejales de entonces se reunieron con el fiscal federal Claudio Kishimoto para conocer el estado de las causas judiciales.
Antes de presentar la apelación, Kishimoto explicó, en diálogo con LT8, que las imputaciones sobre los más de 40 imputados se realizaron por el carácter doloso (o la intencionalidad de hacer fuego con un fin determinado) y por carácter culposo que, detalló el fiscal, indica que si bien los titulares de las tierras no tenían la intención de producir un daño como el que se generó en los incendios que se originaron entre 2020 y 2022, "sí tuvieron una actitud negligente por no obrar responsablemente" en rever las prácticas que históricamente se hicieron en las islas como el inicio de fuegos para regeneración de pasturas, principalmente. "Ellos como dueños no tuvieron ningún prurito en prevenir esto a futuro porque los incendios se dieron en 2020, se repitieron en menor escala en 2021 y volvieron a darse en 2022 y 2023", manifestó.
Los argumentos de Kishimoto fueron respaldados por varios de los querellantes en la causa, como la Municipalidad de Rosario o la Asociación Civil Cuenca Río Paraná. También, por el fiscal de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, José Candioti, quien mantuvo el recurso de apelación y también dio sus fundamentos para revocar el sobreseimiento y continuar con la investigación.
Búsqueda de reactivación
La jornada del próximo 25 de septiembre tiene como prioridad darle total centralidad a la exposición del fiscal Kishimoto, dijo a La Capital el concejal Julián Ferrero, quien sumó que, además de los ciudadanos que se anoten para ser parte de la jornada, también estarán presentes otros ediles de Rosario y de varias localidades que también sufrieron las consecuencias de los incendios, como el ambiente irrespirable a causa del humo durante varios meses. También habrá funcionarios municipales, provinciales y organizaciones socioambientales, que jamás dejaron de seguir el tema.
"Esta instancia tiene tres objetivos: expresar el apoyo ciudadano a la labor del fiscal, hacer un análisis sobre cuál es el estado de las causas y alzar la voz de la sociedad en el reclamo de restauración ambiental de estos ecosistemas", expresó Ferrero, que recordó, además, los momentos en los que no se podían abrir las ventanas en la ciudad por el humo, algo que indicó que la problemática no fue sólo ambiental sino también sanitaria.
El presidente de la comisión de Ecología resaltó que tanto el Concejo como las instituciones del Estado deben volver a darle centralidad a lo que pasó entre 2020 y 2022: "Si no, parece que el problema ya pasó porque no tenemos a Rosario y a las ciudades costeras de este lado cubiertas de humo. Si pensamos eso, y mientras siga la impunidad de los responsables por los incendios, es inminente el riesgo de que vuelva a suceder una tragedia ambiental como la que ya vivimos".
Como ejemplo, indicó que esta semana se vieron, desde la costa rosarina, columnas de humo levantándose desde diversas zonas de las islas. Aunque no son similares en magnitud a los ocurridos en 2020 o en 2022, los incendios se siguen desarrollando sin pausa.