Tres abogados analizan la situación de los procesos judiciales contra dueños de campos por las quemas que arrasaron con cientos de miles de hectáreas de humedales entre 2020 y 2022
Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital
Cientos de miles de hectáreas del Delta del Paraná fueron arrasadas entre 2020 y 2022 por los incendios en las islas entrerrianas.
El fuego que originó los incendios en las islas que arrasaron con cientos de miles de hectáreas del Delta del Paraná durante tres años y que, a su vez, contaminaron probadamente el aire de buena parte del sur ribereño santafesino, ya se apagó. Pero hay algo que todavía sigue encendido y latente tras semejante afectación al ecosistema: la búsqueda de responsables.
Actualmente hay en curso dos grandes causas, una en el fuero civil y otra en el fuero penal, contra decenas de propietarios de campos ubicados en las islas entrerrianas. En la causa que busca encontrar responsables penales todos los imputados fueron sobreseídos y que se mantenga o no vigente depende de que la apelación presentada por el fiscal federal Claudio Kishimoto a la resolución tomada por el juez federal de Victoria, Federico Martín, prospere en la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná. De todos modos, el fiscal adelantó que en caso de no prosperar la apelación, recurrirá a la Corte Suprema de la Nación.
La causa en el fuero civil sigue su curso, aunque pasa de un escritorio a otro. En ese plano, el mismo juez Martín se declaró incompetente y la derivó a la Corte Suprema de la Nación.
Con este marco, La Capital consultó a tres abogados para saber por qué las causas que deberían determinar responsabilidades por un ecosistema arrasado y por la afectación a la salud de miles de personas no prosperan.
Para el abogado Fabián Maggi, representante legal de la Asociación Civil Cuenca del Paraná, que fue la primera denunciante en 2020 de los incendios en las islas a partir de la cual se conformó la causa pionera "Asociación Civil Cuenca Río Paraná contra Pablo Baggio y otros", el motivo principal de los casi nulos avances en las causas principales, que involucran tanto en el fuero civil como en el penal a decenas de propietarios de campos en el Delta del Paraná, se debe a un "incumplimiento del Estado en sus obligaciones".
En ese sentido, destaca a los poderes Judicial y Ejecutivo como los que están en falta con la ciudadanía al no asegurar el debido resguardo ambiental para la población. "Es notorio el desinterés que tienen para darle una solución al tema, tanto en la prevención como en la recomposición", consideró Maggi quien, además, es integrante del equipo legal de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.
Respecto al Poder Judicial, el abogado marcó como un "retroceso" la manera en la que se están resolviendo las causas en los fueros civil y penal. En la primera, el 13 de junio el juez Martín se declaró incompetente y en la causa penal el mismo juez dictó el sobreseimiento sobre más de 40 imputados, la mayoría propietarios de campos que se prendieron fuego sistemáticamente durante tres años, decisión que fue apelada por la Fiscalía Federal de Rosario, a cargo de Kishimoto.
"Son dos decisiones judiciales que dejan absolutamente desprotegida a la ciudadanía en términos ambientales", manifestó Maggi. En este punto no sólo citó a los órganos inferiores del Poder Judicial, sino también a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tiene en tratamiento la causa originada en agosto del 2020 por una demanda de la asociación civil rosarina Equística Defensa del Medio Ambiente y que motivó a que el máximo tribunal nacional dispusiera una medida cautelar para que las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, junto a los municipios de Victoria y Rosario, constituyeran un Comité de Emergencia Ambiental.
“Existen suficientes elementos para tener por acreditado que los referidos incendios, si bien constituyen una práctica antigua, han adquirido una dimensión que afecta a todo el ecosistema y la salud de la población. El caso no consiste en el juzgamiento de una quema aislada de pastizales, sino que se trata del efecto acumulativo de numerosos incendios que se han expandido por la región, poniendo en riesgo al ambiente. El Delta del Paraná es un ecosistema vulnerable que necesita protección", sentenciaron los ministros de la Corte Suprema nacional.
Y si bien en su momento fue todo un respaldo, lo cierto es que ahora, expresó Maggi, la Corte ve cómo los abogados que llevan adelante la causa de Equística piden acciones concretas que no son ejecutadas por los jueces del máximo tribunal. "Periódicamente denuncian todo tipo de eventos en el delta. La última presentación fue el 2 de febrero de este año para denunciar incendios que se registraron en esa oportunidad. La Corte lo único que manifiesta es «téngase presente» o «agréguese», frases que no significan nada y muestran la falta de acción", manifestó.
La abogada María Gimena Viviani es parte del equipo legal que lleva adelante la causa civil y resaltó que una de las medidas que interpusieron fue no sólo para que cese el daño ambiental en las islas, sino también para que se sumara una pretensión que busca recomponer el ambiente que, además, contempla una "indemnización sustitutiva" por el posible daño que fuese irreparable en el delta. Además, lograron interponer la medida cautelar que prohibía quemas y construcción de terraplenes y endicamientos en las islas.
"Lo primero que se logró fue la cautelar, que dictó el juez Daniel Alonso a cargo del Juzgado Federal de Victoria, con la que se prohibió cualquier acción humana que implique quemas en las islas o construcción de terraplenes o endicamientos", recordó la letrada.
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A pesar de esas acciones, Viviani resaltó que la causa civil es un trámite complejo "por la cantidad de demandados y la gravedad de los hechos, además de la cantidad de demandados que la complejizaron procesalmente".
En consonancia con Viviani, la abogada Agostina Castillo también consideró que las demoras en la causa civil se deben a la cantidad de personas demandadas y a la citación de terceros. Y sumó que la declaración de incompetencia de Martín "dilata aún más todo el proceso", lo que deriva en una situación "sumamente perjudicial a los fines de la tutela efectiva y adecuada del ambiente y de la salud pública. Esta resolución causa un gravamen irreparable y ya fue apelada".
Viviani marcó un punto de quiebre en el desarrollo de la causa: "En 2022, la causa cambió de juez y la jurisdicción la asumió Federico Martín, que ha tenido ciertas dilaciones y comportamientos que distan de los roles que debe asumir un juez".
La declaración de incompetencia del juez Martín en la causa civil, consideró Viviani, retrasa significativamente su resolución: "Decidió no decidir más porque considera que la causa debe tramitarse ante competencia originaria de la Corte Suprema de la Nación. Esto es una dilación grave por parte del magistrado para sustraerse de los deberes constitucionales a su cargo ya que tiene un mandato expreso de la Constitución Nacional, a través del artículo 41, por el cual debe propender a la defensa del ambiente".
"La consecuencia de esto es que la causa va a quedar paralizada hasta que se resuelvan estas cuestiones. Nuestra parte apeló y vamos a ir a la Cámara Federal, pero la causa queda paralizada hasta que esta cuestión se resuelva", sintetizó.
Las razones por las que el juez se declaró incompetente, explicó Viviani, se basaron en que uno de los demandados citó al proceso judicial como terceros a los Estados santafesino y entrerriano y, por ello, Martín argumentó un conflicto entre provincias. Esto posibilita, bajo el artículo 116 de la Constitución Nacional, derivar la causa para que la resuelva la Corte Suprema de la Nación ante posibles contiendas entre provincias, entre una provincia y el Estado nacional o entre una provincia y un Estado extranjero.
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"En este caso particular, que es la causa de la Asociación Civil Cuenca Río Paraná contra Baggio y demás personas, ni la provincia de Santa Fe ni la provincia de Entre Ríos tienen una contienda judicial. Simplemente fueron citados como terceros por una de las partes demandadas, pero no son actores ni demandados y no hay contienda entre ellos, pero los demandados hacen la citación de las provincias para dilatar el proceso y que se generen estos temas de incompetencia. Por eso, consideramos que no corresponde la declaración de incompetencia y por eso apelamos. Estamos esperando que se nos conceda el recurso", explicó la abogada.
Maggi enumeró ejemplos de situaciones en distintos puntos del país de afectaciones al ecosistema que ven un incremento en ese mismo perjuicio por la falta de celeridad o el desinterés del Estado.
Y argumentó: "Los grandes grupos que se dedican a la agroindustria, a la exportación, a la explotación maderera y a la minería logran direccionar la voluntad del Estado. Lo hacen hacia un extractivismo que es insostenible y que, en poco tiempo, va a generar una crisis ambiental profunda que va a poner en jaque a todo el ecosistema".
El letrado mencionó ejemplos de "tres grandes ecosistemas absolutamente desprotegidos" actualmente en Argentina. En primer lugar, citó la deforestación en el Gran Chaco (se perdieron 7 millones de hectáreas de bosque nativo en los últimos 30 años, según datos de Greenpeace) en el que se ven involucrados "sectores que están propulsando la derogación de la ley de bosques". A su vez, mencionó las afectaciones de los glaciares en la cordillera que son fuentes de agua para miles de comunidades, tanto para consumo como para riego, y que hoy atraviesan la posibilidad de que se derogue parte de la ley que los protege por iniciativa del gobierno nacional. Por último, resaltó la situación que se vivió en el Delta del Paraná con todos los incendios que lo afectaron entre 2020 y 2022.
"Las conductas omisivas del Estado nacional y lo que sucede en el Poder Judicial tienen un ejemplo concreto en cada una de esas regiones. En el Chaco, la Justicia Federal se acaba de declarar incompetente en la causa donde se intentaba proteger el bosque nativo de aquella región; en glaciares, acaban de declarar prescripta una causa penal en la que se investigaba a funcionarios que no habían cumplido con su función; y lo mismo acaba de pasar en el Delta del Paraná, donde el juez Martín se acaba de declarar incompetente (en la causa civil)", consideró.
A principios de abril, el juez Martín sobreseyó a más de 40 imputados en el marco de la causa penal por los incendios en las islas por considerar que no hay pruebas suficientes para probar responsabilidades penales.
Sin embargo, el fiscal federal Claudio Kishimoto, a cargo de la investigación de la causa, apeló la decisión del juez ya que considera que la reiteración de las quemas en los mismos territorios de las mismas personas configura una suerte de negligencia.
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El fiscal consideró que podría ser "discutible" la figura dolosa pero bajo ningún punto de vista puede omitirse la conducta negligente o culposa de los propietarios de campos, que vieron cómo sus terrenos se prendieron fuego año tras año y no hicieron mayores esfuerzos para ir en contra de ese accionar. "No se los vio prendiendo un fósforo en ese lugar pero sí hay una conducta negligente que, para nosotros, está acreditada", indicó a LT8.
También relató cómo muchos de los imputados, en sus declaraciones indagatorias, hicieron hincapié en que los terrenos en cuestión son heredados y mostraron "cierto desinterés": "Dijeron saber sobre actitudes ilegales en las islas, pero no hay denuncias y eso es lo que más me preocupa. Es una actitud de que no les importa que les afecte su propiedad pero también están afectando a la propiedad o a la salud de otra gente. En los dichos de estas personas está la llave de que esto es un obrar negligente".
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