Etiquetado Frontal: denuncian presiones a las provincias para que no apliquen la ley

La aplicación de la ley de Etiquetado frontal, sancionada por el Congreso de la Nación a fines de 2021 y que busca llevar información veraz acerca de los componentes nutricionales de cada alimento que se vende envasado, encuentra resistencia de sectores empresarios que se niegan llevarla adelante por "inaplicable", y desde la Fundación Sanar su director ejecutivo, Ignacio Porrás denunció que hubo presiones a los gobernadores de provincias para que desistan de aplicarla.

El etiquetado frontal de alimentos se convirtió en ley en octubre de 2021 tras el paso del proyecto por la Cámara de Diputados de la Nación. Fueron 200 votos a favor, 22 en contra y 16 abstenciones. Hubo, en tanto, 18 ausentes.

El objetivo de la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos es informar y advertir de manera clara a los consumidores sobre los alimentos que ingieren, sobre todo en cuestión de azúcares, sodio, grasas saturadas y grasas trans, y así cuidar la salud. Es una iniciativa que busca evitar la malnutrición y disminuir el riesgo de complicaciones cardíacas y otras enfermedades.

Este jueces, en declaraciones al programa "El primero de la mañana", de LT8, Porrás explicó que "la industria alimentaria estaba muy silenciosa con respecto al documento emitido por el Ministerio de Salud acerca del etiquetado frontal, pero hace dos semanas empezaron a aparecer indicios de interferencias de su parte, como la comunicación a todos los gobernadores de las provincias para que se opongan a la implementación de la ley, bajo el argumento de que es inaplicable con los tiempos que les dan".

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"Desde que se aprobó la ley (los empresarios) alegan falta de tiempo en las empresas que exportan productos alimenticios a países que cuentan con etiquetado frontal", dijo el referente de la Fundación Sanar, quien agregó: "El tema es que no quieren decirnos qué nos dan. La evidencia científica desarrollada por los países que tienen una ley similar muestra que no hubo pérdidas de empleo ni económicas para las empresas. La negativa es lo mismo que decir 'la ignorancia de los consumidores es un negocio para las empresas'".

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"El dato duro es que sólo el 13% de la población argentina lee y comprende las etiquetas actuales. Después, somos rehenes de la pauta publicitaria, continuamente", aportó tajantemente.

El nutricionista se refirió también al permanente engaño en que incurren las empresas que ponen a la venta productos ultra procesados: "Por un lado están los diseños comestibles que son alimentos hechos 'a base de…' (y citó ejemplos como quesos rallados, yogures, leches), que son ultra procesados pero se comunican, a nivel marketing, como si fueran los alimentos verdaderos, con el mismo envase y la misma tipografía y ubicándolos en el mismo lugar de la góndola. Pero esos productos ultra procesados no son alimentos, nos enferman. Se falta a la verdad, pero el código alimentario argentino lo permite porque legalmente, las industrias que hacen eso están cubiertas".