Con escepticismo y objeciones, las asociaciones de usuarios y consumidores recibieron ayer la propuesta del gobierno provincial de regular el funcionamiento de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) a través de un organismo de contralor propio. Si bien lo reconocieron como un reclamo histórico, criticaron el modo en que la gestión de Antonio Bonfatti propone llevar adelante la discusión. "No le creemos nada", planteó sin medias tintas el representante del Centro de Estudios Sociales y Acción Comunitaria (Cesyac), Juan Marcos Aviano, y agregó que "la discusión aún no empezó y encima quieren contratar consultores para que digan qué hacer con la compañía, cuando acá existe el recurso humano y el conocimiento para hacerlo". Christian Galindo, de la Red Argentina de Consumidores, también fustigó la decisión oficial y, pese a afirmar que el proyecto "llega tarde, porque el reclamo tiene más de una década", consideró que "el inicio del debate es positivo".
La intención de Bonfatti es que el nuevo marco regulatorio de la EPE, que incluye un organismo de contralor propio, esté aprobado por la Legislatura provincial antes de que termine su gestión.
Para llevarlo adelante, el ministro de Aguas y Servicios Públicos provincial, Antonio Ciancio, planteó una "prioridad" para las universidades nacionales de Rosario (UNR), del Litoral (UNL) y Tecnológica (UTN), pero la Casa Gris también solicitó financiamiento a un organismo nacional para contratar la consultora que tendría a su cargo el armado de un marco que contemple los derechos de los usuarios, el régimen de resarcimiento frente a los cortes de luz y la lógica de las audiencias públicas para evaluar los aumentos de tarifas.
Reproches. A la posible contratación de una consultora externa apuntaron las principales objeciones planteadas por los referentes de las entidades de usuarios y consumidores.
"Por qué hay que contratar consultores externos que nos digan qué hacer con la EPE cuando en Santa Fe hay legisladores, funcionarios y técnicos del gobierno, un sindicato y asociaciones de consumidores que cuentan con el material humano y el conocimiento para debatir y elaborar un marco regulatorio sin necesidad de gastar un peso", se quejó Aviano.
Galindo, en tanto, recordó que esas empresas "han cobrado cifras siderales por trabajos que quedaron en la nada" y aludió al caso de la "famosa consultora para el transporte que, durante la gestión de (Hermes) Binner como intendente de Rosario, les costó a los rosarinos 500 mil dólares y no pasó nada". Por eso advirtió que "las universidades tienen especialistas de primer nivel".
Tanto Aviano como Galindo hicieron referencia a proyectos ya presentados en la Legislatura que podrían tomarse como referencia o punto de partida de la discusión.
Sin medias tintas, el titular del Cesyac afirmó que "Ciancio miente cuando dice que convocarán a las instituciones y a la comunidad, porque así lo aseguró en su momento respecto de la reforma de la regulación del servicio sanitario". Y enfatizó: "Ya está ese proyecto y nunca hubo consulta a las entidades ni a la comunidad. ¿Por qué deberíamos creer que ahora lo van a hacer?".
Aviano fue más allá y aseguró que el ministro "desprecia la participación ciudadana de las entidades de defensa del consumidor". E indicó que "eso quedó demostrado con las audiencias convocadas por el Enress durante el debate de la tarifa del agua, porque finalmente no tomaron en cuenta las opiniones ni las sugerencias surgidas de las reuniones".
Si bien recibió la discusión como "positiva", el representante de la Red Argentina de Consumidores también hizo hincapié en la necesidad de convocar a las entidades de usuarios de servicios.
Enress
Las críticas también alcanzaron al proyecto de la Casa Gris para modificar la regulación del sistema sanitario. “Prevé la eliminación del Enress, que es el único ente de control en la provincia”, insistió Aviano. En tanto, Galindo consideró “un error y un retroceso retirar el Enress cuando se piensa en un órgano de control para la EPE”.
