Basta una rápida recorrida por el macrocentro para toparse con más de un esqueleto de lo que fueron estaciones de servicio. En los últimos cinco años se cerraron 19. Al parecer, el negocio ya no es tan rentable. Los impuestos y gastos impiden que los dueños afronten los costos y temen el avance de los monopolios.
En tanto, subyace la cuestión ambiental: ¿qué pasa con los gases que emanan de los tanques vacíos donde se almacenaba el combustible que luego se distribuía en cada surtidor? En la mayoría de los casos fueron desmantelados como lo indica la normativa vigente, pero evidentemente el proceso es largo. En una estación de servicio de la ciudad, que cerró hace tres años y cumplió con los pasos reglamentarios, todavía la Municipalidad sigue extrayendo tóxicos que se expanden por el suelo.
Uno de los representantes de la Federación Argentina de Expendedores de Nafta del Interior (Faeni), Rubén Fernández, explicó que cada dueño de las estaciones debe afrontar grandes costos. "Cumplir con todas estas exigencias es muy difícil porque los seguros son de cifras millonarias". Detalló que sólo las auditorías de los tanques cuestan 900 pesos por año y por tanque.
A esto se suman "los 80 pesos" que deben abonar por el control de cada manguera, que se hace por lo menos dos veces al año. Estas cuestiones y la coyuntura provocaron que las pymes dedicadas a la venta de nafta y GNC tuvieran que cerrar. Es notable la "desproporción entre las pymes y las estaciones cuyos dueños son las mismas petroleras y que terminan siendo monopólicas", advirtió Fernández.
Cerradas. Las estaciones de servicio que se cierran deben cumplimentar con severas normas para evitar las trágicas consecuencias que pueden devenir de la emanación de tóxicos (hidrocarburos) con que están contaminados los tanques donde se almacenaba el combustible.
Desde Faeni explicaron que "los tanques se sacan, se remueve la tierra, se llenan los pozos con tierra nueva y los recipientes se trasladan a un lugar de desguace de chapas". La otra opción es llenarlos de arena para que se pudran. Sin embargo, los tanques no siempre se retiran porque existe la posibilidad de que aparezca un comprador que quiera volver a instalar una estación.
Desde Política Ambiental de la Municipalidad, Daniela Mastrángelo, aseguró que se efectúan todos los controles pertinentes según la ordenanza vigente. Además, señaló que "hay muchos órganos de control sobre este tema".
Por su parte, Fernández aseguró que "todos los pozos se controlan". Asimismo, se hacen estudios de suelo para deshabilitar las estaciones. Los controles son llevados a cabo por empresas que están homologadas por la Secretaría de Energía de la Nación, que también realiza inspecciones, al igual que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti).
A pesar de esto, parece que los gases tóxicos son difíciles de eliminar. En una estación de servicio que cerró hace tres años, se sacaron los tanques, que fueron enviados a San Lorenzo para el desguace, se rellenaron los huecos con tierra nueva, pero todavía la Municipalidad acude a extraer gases expandidos en el suelo. Al parecer, aún quedan seis meses para terminar esta tarea.
Y esto cuando se realizan los controles. Hay estaciones de servicios en total estado de abandono, verdaderos "esqueletos" que se van cayendo de a pedazos. En otras, en cambio a pesar de haber cerrado hace dos años, los surtidores están todavía en pie. Cabe la duda de si allí habrá sustancias tóxicas, si se hacen controles y cuáles serían las consecuencias para la salud de la población.
La Capital / Sebastián Suárez Meccia
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