El juez federal de Campana puso como fecha el 4 de febrero. Desde Apridis celebraron la resolución. "Ahora la Nación debe tomar medidas concretas", indicaron
Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital.
Si bien el gobierno promulgó la ley de emergencia en discapacidad, quedó suspendida. La Justicia ordenó su aplicación
El próximo 4 de febrero vencerá el plazo fijado por la Justicia para que el gobierno nacional empiece a cumplir con la ley de emergencia discapacidad. Mariel Chapero, referente de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis) afirmó que para esa fecha, el gobierno de Javier Milei “debería tomar medidas concretas como actualizar aranceles para evitar que sigan desapareciendo prestadores”.
“Celebramos esta decisión del juez federal de Campana, porque a pesar de que ya hay un fallo de diciembre que obliga al estado nacional a cumplir con la ley de emergencia en discapacidad, eso no está sucediendo. Parece que el gobierno se hace el distraído”, afirmó este viernes Chapero.
En declaraciones a LT8, la integrante de Apridis agregó que es evidente que la Nación “no ha tomado ninguna decisión política para cumplir con las condiciones que impone la ley, y por ese motivo el juez (Adrián González Charvay) estableció que el plazo para cumplir la norma es el 4 de febrero. A partir de esa fecha debe haber medidas concretas, reglamentaciones para el acompañamiento de los prestadores que se encuentran con deudas fiscales y otros problemas por la no actualización de aranceles”.
Chapero advirtió que “el desmembramiento del sistema (de prestaciones) ya está aconteciendo. Hay muchos menos prestadores. La mayor parte de los prestadores que dejaron de prestar servicios fueron los transportistas, pero también hay instituciones que se vieron afectadas y cerraron servicios. El trabajo en discapacidad hoy es muy difícil de sostener. Al sistema integral de atención para personas con discapacidad le faltan engranajes. Hoy también muchos usuarios se han quedado sin obra social no solo por pérdida de trabajo, sino que también los espacios a los que concurría o los profesionales que prestaban los servicio, están dejando de hacerlo".
“Para que esto no siga ocurriendo, es fundamental que se cumpla con la ley de emergencia en discapacidad. Es decir, la actualización de aranceles correspondientes, que se ayude en las situaciones de deudas para que no se sigan el curso habitual que tiene cualquier contribuyente que deja de pagar los tributos. La situación no permite sostener los compromisos. Las mayores deudas son tributarias”, expresó Chapero.
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La representante de Apridis subrayó que "la política que lleva adelante Javier Milei va en favor de los números. No hay una consideración de las realidades de las personas, no solo de las que tienen alguna discapacidad sino de las personas en general. La consigna del gobierno es que no hay fondos. El Presupuesto para este año no incluía el cumplimiento de esta ley a pesar que estar aprobada por el Congreso. Metieron un artículo que la derogaba, lo mismo sucedió con el financiamiento universitario. Estas leyes se votaron cinco veces en el Congreso y no tienen intención de aplicarlas. Celebramos la decisión del juez porque permite tener un voto de confianza en la justicia. Eso es lo último que nos queda porque el sistema está en franca desaparición”.
El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, declaró a mediados de diciembre pasado la invalidez del artículo 2º del decreto 681/2025 por el cual el gobierno suspendía la ejecución de la normativa pese a que ya había sido promulgada tras recorrer todo el camino en el Congreso de la Nación.
La sentencia del magistrado federal ordenó en ese momento la inmediata aplicación de la ley 27.793 en todo el territorio nacional, que había sido sancionada en septiembre de este año tras repetidos reclamos y amparos judiciales como consecuencia de un recorte en ese área de alto impacto social. Transcurrido más de un mes de ese fallo, la ley todavía no fue aplicada y en las últimas horas se conoció el plazo que le impuso el juez al gobierno: 4 de febrero.
