El proyecto que habilita a Uber en Rosario fija un cupo de 200 coches

Esos son los aspectos salientes de la iniciativa que ayer ingresó al Concejo la edila radical María Eugenia Schmuck, denominada "marco regulatorio para las plataformas colaborativas y electrónicas de transporte y movilidad".

"El proyecto es integral, busca regular el uso de las aplicaciones para la movilidad teniendo en cuenta el avance de la tecnología y evitar así conflictos como en otras ciudades", destacó la concejala.

En diálogo con La Capital, Schmuck resaltó que la iniciativa "contiene requisitos que desactivan muchos de los temores de los taxistas. No se piensa en un aluvión de nuevas unidades para traslados y al fijarse una tasa trimestral es probable que la tarifa que ofrezcan no pueda ser baja para poder recuperar la inversión".

La propuesta plantea en sus considerandos que "el desarrollo de aplicaciones móviles a través de plataformas electrónicas de transporte aporta soluciones para los ciudadanos, contribuye a la movilidad urbana, fomenta la innovación, ofrece opciones eficientes de consumo que generan bienestar social y un impacto relevante a la dinámica social".

Además destaca que son "herramientas que ponen como principal 'controlador' al usuario, lo cual mejora la calidad del servicio y su relación con el precio".

Apunta además que "complementa el transporte público, potenciando la movilidad urbana". Y que permite a los Estados percibir fondos para sus distritos.

Al respecto menciona que la ciudad de San Pablo reguló el transporte compartido casi dos años atrás "y está recaudando 35 millones de dólares extras cada año a partir del régimen de contribución que ha creado. Y Montevideo, de manera más reducida, ha recaudado en 2017 cerca de 3,5 millones de dólares".

Además, "brindan ventajas competitivas vinculadas a la seguridad como usuarios verificados, chequeo de documentación y antecedentes de conductores, verificación del pasajero con medios de pago electrónicos, trazabilidad total de los viajes vía GPS, seguridad al volante, verificación de antecedentes de tránsito de todos los conductores, medición en tiempo real de velocidad, frenadas y maniobras bruscas".

La iniciativa establece una serie de requisitos que deberán cumplimentar las empresas de aplicaciones tecnológicas que pretendan desembarcar en la ciudad vinculadas a documentación. Y tendrá dos meses para presentar los convenios con autos particulares que quieran sumarse al servicio.

El permiso que otorgará el municipio para levantar pasajeros será "precario y revocable". El interesado deberá hacer un curso de capacitación en género y Derechos Humanos.

El vehículo no podrá tener más de tres años de antigüedad y deberá pagar una tasa trimestral cuya base imponible será el por ciento del valor del auto. Se estima que deberán abonar entre 60 y 100 mil pesos anuales.

Lo recaudado en este concepto será destinado la mitad al Fondo Compensador del Transporte Público y la otra parte a financiar con créditos blandos líneas accesibles para que taxistas y remiseros actuales puedan renovar sus unidades.

Y se fija un cupo máximo de 200 permisos, "con la posibilidad de revisar y ampliar el mismo, tomando como referencia la oferta y demanda de utilización del servicio de redes de transporte". Esta

facultad quedará en manos del Ejecutivo para el mediano plazo.

rechazo. Cientos de taxistas se movilizaron ayer hasta el Monumento a la Bandera para manifestar su oposición al proyecto del Frente Progresista.