La detención de un empleado de la Subsecretaría de la Niñez, de 34 años, acusado de haber abusado de una niña de 12 años durante el 2015 y 2016, dentro de un hogar de tránsito y cuando estaba bajo su responsabilidad como agente del Estado, disparó la indignación y también los cuestionamientos sobre cómo se abordan a los niños institucionalizados. La denuncia pone de manifiesto el poco reparo que los dispositivos le prestan a quienes ya son víctimas de la exclusión y la violencia.
El operador de 34 años fue llevado a audiencia de carácter imputativa tras el ingreso de la denuncia en Fiscalía recién el 14 de abril pasado. Y en sede judicial, las evidencias colectadas lo dejarán tras las rejas al menos hasta el 22 de septiembre.
El caso no solo demuestra cómo la víctima de abuso sexual no fue escuchada, sino que recién en noviembre se le recepcionó la denuncia en la Susbsecretaría de la Niñez, luego de haberse topado con su victimario en la propia repartición de Corrientes y Cortada Ricardone.
Es por ello que el magistrado actuante, no solo hizo lugar al pedido del fiscal ante una vasta evidencia sino que ordenó poner en conocimiento del propio gobernador Omar Perotti de “la omisión de denunciar el caso por parte de funcionarios de jerarquía de la Dirección de Niñez, sin perjuicio de las actuaciones que pudiera iniciar la Fiscalía por la posible comisión de delitos de acción pública”.
El fin de semana, fue de consultas incesantes entre funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social. Y si bien se estima que hoy se produzca una ampliación informativa, anoche un vocero del área indicó que luego de realizarse la denuncia en el MPA se instruyó la investigación administrativa interna, a los efectos de determinar la responsabilidad, o bien el deslinde de responsabilidades de los agentes que participaron de los hechos denunciados, y de la forma y oportunidad en que pudieron —o no— haber elevado a conocimiento de la autoridad política los hechos, a los efectos de realizar la denuncia al Ministerio Público de la Acusación.
Luego de la repercusión que alcanzó la denuncia, y consultado por este diario, el camarista en lo Civil y Comercial y ex juez del Tribunal Colegiado de Familia Nº5 de Rosario, Marcelo Molina fue claro al respecto.
“La necesidad de escucha de los adolescentes, especialmente cuando están institucionalizados, es una arista fundante del sistema. La designación de abogados del niño previsto en la ley, es fundamental. Cuando se adopta medida excepcional, que estos chicos tengan quienes los defiendan, facilitaría una escucha distinta porque la ejerce un profesional que no depende ni del Poder Judicial ni del Ejecutivo y puede abrir una ventana más al derecho a ser escuchada”, explicó.
Y avanzó: “Sino existe esta posibilidad de comunicación, es muy difícil la instrumentación de otro tipo de conductas por parte del Estado, mas allá de poder evitar estas situaciones”.
Los hechos salieron a la luz ahora, pero ocurrieron entre 2015 y 2016 en la Casa de la Música, como se conoce al alojamiento de calle San Juan al 600. Ayer, fuentes gubernamentales indicaron que este sitio fue desvinculado de los dispositivos oficiales.
La denuncia
La denuncia, que está en manos del fiscal Ramiro González Raggio, de la Unidad Especial del Delitos Sexuales, indica que la víctima fue sometida por quien debía cuidarla y ser su acompañante terapéutico.
Según las constancias, los abusos ocurrieron mientras el acusado “se encontraba prestando funciones en ese organismo como acompañante en el turno de 20 a 8, y estaba encargado de la guarda de la niña M., mientras la misma se encontraba al amparo de una medida de protección excepcional desde junio de 2011, ordenada por la ex directora Mónica Varetto.
De acuerdo al relato del fiscal, el hombre “abusó sexualmente en al menos tres oportunidades de la niña, cuando tenía entre 12 y 13 años”.
El episodio causó una profunda preocupación en las autoridades, que intentarán ir a fondo en esta investigación.