Tras varios meses de trabajo legislativo, la participación de expertos en análisis de datos y fiscales provinciales, el Concejo Municipal sancionó la ordenanza antilavado y Rosario se perfila como pionera en legislar en la materia. La iniciativa aprobada consta de un sistema de control económico-financiero para la prevención del blanqueo de dinero que estará conformado por un mecanismo de información, con protocolo de actuación para operaciones sospechosas y la creación de una agencia contra estas maniobras, con colaboración judicial.
Finalmente, reinó el acuerdo tras varios borradores que circularon entre las bancas. La normativa se votó este jueves por unanimidad en general, pero con el apoyo crítico del Frente de Todos. Además de su definición y sus alcances (sistema de control para tratar esta información sensible, protocolo de actuación y agencia contra el lavado), todas las áreas del Ejecutivo y empresas afines estarán obligadas a recabar la información correspondiente.
En cuanto al tratamiento de la información que llegue a los funcionarios, se deberá aplicar el protocolo de alertas sospechosas. Un tema que este jueves quedó zanjado: la aplicación del sistema de control no implica la paralización de los trámites a iniciarse. Se deberá requerir información más detallada a todas las personas humanas, jurídicas, fideicomisos, patrimonios de afectación, u otras estructuras jurídicas que participen en los procedimientos. Por ejemplo, la declaración jurada de origen y licitud de los fondos a invertir, la participación de cada persona involucrada en el plan de inversión.
Rubro por rubro
Los procedimientos y trámites administrativos en donde se pondrá la lupa abarcarán permisos de habilitación, transferencias, cambio y anexo de rubro; venta y alquiler de vehículos, motos y embarcaciones; armerías, casas de juegos, apuestas o casinos; rubros comprendidos en la ordenanza de nocturnidad; hoteles, hostels y alojamientos transitorios para turistas; playas de estacionamiento y cocheras; guarderías náuticas; restaurantes y bares; organismos financieros; agencias de viajes y turismo; concesiones públicas de obras y servicios; construcciones o ampliaciones de más de mil metros cuadrados; convenios urbanísticos; y adquisición o transferencia de más de dos licencias de taxis o remises.
Protocolo
La nueva normativa crea un protocolo de actuación para la detección y prevención de operaciones sospechosas de lavado. Se disparará una alerta sospechosa a toda simulación del origen de activos, y dudas respecto a la autenticidad, veracidad o coherencia de la documentación presentada. Las alertas también se podrán activar ante transferencias sucesivas de habilitaciones municipales, licencias, bienes registrables, participaciones societarias y la posición de administración fiduciaria.
También ante cualquier hecho económico que no guarde debida relación con las actividades declaradas y realizadas por las personas humanas y jurídicas correspondientes. El procedimiento será válido para inversiones de elevado monto que no justifiquen los montos involucrados. Será menester del Ejecutivo hacer un instructivo.
Agencia
En cuanto a la agencia contra el lavado de activos, será la autoridad de aplicación del Sistema de Control Económico Financiero para la prevención de origen delictivo. Estará facultada para procesar las alertas sospechosas, y tendrá potestad de enviar documentación a la Unidad de Información Financiera (UIF), el Ministerio Público de la Acusación (MPA) o el organismo de control pertinente en la materia.
Podrá intercambiar información con la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), UIF, Banco Central de la República Argentina (BCRA), Administración Provincial de Impuestos de Santa Fe (API), Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) y otros municipios; y a cualquier organismo público, personas jurídicas de derecho privado y personas humanas.
La agencia dependerá orgánica y funcionalmente del intendente y estará a cargo de un jefe que deberá contar con antecedentes técnicos y profesionales en la materia.
Atribución del Ejecutivo
La designación será efectuada por el Ejecutivo previo acuerdo del Concejo. Cumplirá funciones mientras dure el mandato del jefe comunal. Deberán guardar confidencialidad de la información y podrá ser removido por el intendente ante un caso de mal desempeño.
La agencia asentará su actuación a partir de la información integral e interrelacionada contenida en el “Perfil Digital” y la “Plataforma de Gestión Documental Electrónica”; así como también en los instrumentos recabados en cualquier otro soporte que resulten respaldatorios. Se designará con carácter excepcional y transitorio al jefe de la agencia, y eso deberá ocurrir en un plazo máximo de ocho meses desde la aprobación de la ordenanza.
Apoyo crítico del Frente de Todos: “Será una agencia obediente al poder de turno”
Para el interbloque del Frente de Todos, el proyecto consensuado entre el municipio, Ciudad Futura y Juntos por el Cambio, “no ofrece un sistema despersonalizado e incorruptible” en la lucha contra el lavado de dinero. “No vamos a obstruir. Hasta esta normativa errónea, en parte, es mejor que no tener normativa antilavado. Por eso acompañamos la votación en general, asumiendo el compromiso de realizar el seguimiento exhaustivo”, indicaron en el Frente de Todos.
El espacio integrado por los concejales Fernanda Gigliani, Norma López, Julia Irigoitia, Marina Magnani, Lisandro Cavatorta y Silvana Teisa acompañó, pero con diferencias, el proyecto aprobado este jueves en el recinto.
Para los concejales, las medidas planteadas para controlar el lavado de activos no constituyen un sistema de alerta despersonalizado e incorruptible. “Hace años que veníamos reclamando por la conformación de una norma efectiva, mejor a la actual y que permita crear un sistema de alerta digital y despersonalizado para controlar el blanqueo”, explicaron.
Pedimos que proyectos como el del hotel Sheraton en Puerto Norte o las obras en el Club MOP de la costa central pasen por el tamiz de esta ordenanza y nunca se nos acompañó. El proyecto que se aprobó, a excepción de la conformación de una agencia, no aporta nada nuevo a lo que está en vigencia desde el año 2014”, afirmaron desde el interbloque del Frente de Todos.
A su vez, este sector de la oposición consideró que se intentó buscar una respuesta rápida a una situación que Rosario viene padeciendo desde hace años. “La agencia que se crea con esta ordenanza trabajará con total discrecionalidad y siguiendo órdenes de los distintos ejecutivos de turno, dejando margen para la discrecionalidad de funcionarios que son parte del Poder Ejecutivo local”, concluyeron.
