El Concejo aprobó control económico y financiero cuando se presuma lavado

Rosario tendrá un sistema de control económico financiero municipal por el que deberán pasar grandes inversiones que quieran hacer pie en la ciudad. Lo decidió el martes pasado por unanimidad el Concejo y la medida planta un mojón en la siempre aludida ruta del lavado del dinero de actividades ilícitas. ¿Qué proyectos activarán la lupa? Los que por convergencia de rubro y monto ameriten una verificación.

Entre los rubros controlados están los inmuebles a partir de los 10 millones de pesos y la venta de autos, casas de juegos y espectáculos nocturnos, desde el millón. "No se trata de controlar a cualquier persona que quiera poner un barcito sino los proyectos que presenten la concurrencia de rubro y monto de inversión", explicó el autor de la iniciativa, Rodrigo López Molina (PRO).

En un plazo no mayor a 30 días, el Ejecutivo municipal deberá promulgar la creación del sistema de control.

"Es una herramienta más que no constituye ningún obstáculo para las inversiones que provienen de fondos lícitos. Para los proyectos genuinos no tendrá ningún efecto", tranquilizó el edil del PRO, que recibió felicitaciones públicas del concejal Héctor Cavallero (PPS), quien reclama medidas en el mismo sentido (ver aparte).

"Debemos ir contra las inversiones ilícitas con acciones concretas para impedir que ingresen al circuito formal", fundamentó López Molina. La propuesta, como acción preventiva, permitirá la detección temprana en el blanqueo de activos poniendo una lupa sobre proyectos susceptibles de ser controlados.

La otra versión. Para López Molina, el lavado del dinero es "la cara amigable del narcotráfico, porque no se ve lo que es el búnker, la violencia, el sicario o el soldadito; en la operación de blanqueo lo que se ve es la gran inversión, mano de obra e infraestructuras", describió el concejal.

"Detrás de esa cara visible puede estar la trata de personas, el narcodelito o el contrabando de armas", citó el edil como botones de muestras del crimen organizado. Además, dijo que la opinión pública se escandaliza con la noticias sobre violencia pero no corre el mismo asombro con el lavado. "Porque en la configuración de la cara amigable operan profesionales que hacen la parte de alto nivel", enfatizó. Y dijo que es en ese aspecto donde, hasta el momento, no se realizaban controles.

En opinión del concejal, en el búnker "se ve a un pibe que tiene absoluta necesidad económica, que viene de la desigualdad social y hasta con la cabeza quemada por la propia droga que vende", pero ese hecho tiene una versión que aflora en la superficie y que "constituye el verdadero corazón de la cuestión".

Para López Molina, a ese análisis se llega partiendo de una premisa ineludible: el objetivo final del narcodelito es ganar plata, no arruinar jóvenes con la adicción. "Si el dinero que obtienen no lo pueden inyectar en el mercado, no cierran el circuito del negocio. Ahí está la clave y por eso el objetivo es comenzar a darles golpes económicos. Ir contra sus ganancias los debilitará más que derribar búnkers", consideró.

Según López Molina, impulsar el control en las habilitaciones que se tramiten ante la Municipalidad implica un paso más allá de la coyuntura, a partir de la convicción de que "al narcotráfico no sólo se lo combate con fuerzas federales sino que es necesario evitar las inversiones que puedan provenir de esa actividad".

En la práctica significa que habrá dependencias municipales que solicitarán información adicional sobre el origen de los fondos de las inversiones propuestas. Las áreas que pedirán explicaciones, si el caso amerita, serán las direcciones de Habilitación, Atención a Empresas y de Obras Particulares.

Malos recuerdos. En 2012, vecinos de Zeballos y Presidente Roca se conmocionaron con un anónimo sobre la confitería bailable que resistían en su zona. "Los verdaderos dueños de Esperanto, son miembros del narcotráfico organizado de nuestra ciudad", decía la nota.

El dato no resultó extraño cuando trascendió que la inversión pretendida, superior a los 500 mil dólares, arrancaba de un capital social de 10 mil pesos. Ahora, esa relación se convertiría en sospecha.