Directivos de Litoral Gas declararon cinco horas ante el juez y la fiscal del caso

Más de 30 preguntas tuvieron que responder ayer en el despacho del juez Juan Carlos Curto los directivos de la empresa Litoral Gas Conrado Bianchi, gerente general; Viviana Lejstra, gerente técnica, y José María González, gerente de relaciones institucionales.

La audiencia, en la que se les tomó declaración informativa, comenzó a las 16 y terminó a las 21, cuando el juez dio por finalizada la reunión y, junto a la fiscal, tomaron contacto con la prensa mientras los ejecutivos se retiraban de los Tribunales provinciales por la rampa del estacionamiento, habitualmente usado para el traslado de detenidos.

La citación emanó de la fiscalía a cargo de Graciela Argüelles, quien portaba varios sobres con documentación y, según expresó, las preguntas consistieron en aclarar dudas tales como la instalación de gas, el control de las redes, los planes de emergencia, el tiempo de atención de las contingencias y las herramientas que tienen para atenderlas. "A todos se les preguntó lo mismo, pero se les adecuó el cuestionario en relación a sus funciones", dijo.

Alrededor de las 22, y visiblemente cansado, emergió de los largos pasillos de Tribunales el juez correccional Juan Carlos Curto. Minutos antes lo había hecho la fiscal, con una serie de gruesas carpetas con documentación en sus brazos.

En lo que hace a los otros actores de la causa, el juzgado determinó la excarcelación de Juan Pablo Miño, el ayudante del gasista. "Sólo se resolvió mantenerlo en el proceso, esta imputado excarcelado", explicó. En tanto, Carlos García, el gasista, continuará detenido.

"Con Miño el Juzgado compartió la postura de la fiscalía", dijo el juez, y es que el ayudante "aparece desvinculado del grave hecho que provocara esta situación; no así el gasista, del que hay pruebas que lo conducen como responsable".

La razón por la que el juzgado imputó al gasista pero dejó afuera del proceso a directivos de Litoral Gas se basa en que el matriculado "fue quien trabajó sobre los conductos de gas. Para vincular otras conductas de otros personas se necesitan más pruebas periciales", afirmó el juez Curto.

En este sentido, la fiscal sostiene que "Litoral Gas es una actor principal ya que es la empresa que suministra el servicio, más allá de que sea o no responsable del mantenimiento. Los inspectores de la empresa fueron al lugar y dijeron que estaba todo bien, y yo sostengo que esas inspecciones fueron deficientes y limitadas", disparó la fiscal Graciela Argüelles.

En lo que hace a la capacitación de los gasista, Litoral Gas admitió en la audiencia que no capacita a sus matriculados. "Nos aclararon ahora que no son encargados de capacitar y que no toman examen para conformar la lista de especializados, sólo dan la matrícula", expresó Argüelles.

"Esto puede convertirse en una indagatoria o no, según las pruebas que se colecten, ya que les pedimos a los directivos para la semana entrante la documental que apoye las declaraciones que hicieron en cuanto a las emergencias y las herramientas con las que cuentan, puntos principales de la informativa", aclaró la fiscal.

Y agregó: "Ellos señalaron que sólo mantienen las redes externas y que la instalación es de cada inmueble, entonces no les corresponde, pero hay que revisar el contrato de concesión".

En ese sentido resaltó que el gasista García, imputado de estrago doloso y detenido en la seccional 3ª, habló en su declaración de falta de mantenimiento, pero en lo que correspondería al consorcio.

Respecto a los reclamos, la fiscalía determinó que hubo llamados por parte de la administración y que fueron cubiertos por la empresa días anteriores a la tragedia en los que se verificó que no había pérdidas de gas. El martes pasado —agregó— no tuvieron un llamado para hacer un trabajo, sólo asistieron una vez que se produjo la fatal explosión para cortar el gas.

En este sentido, la fiscalía citará a los funcionarios de Ente Nacional Regulador del Gas (Enargás), por medio de un oficio, para determinar los alcances del contrato y las regulaciones que toma el ente en cuanto a la concesionaria.

El juez Curto, por su parte y en cuanto a esta declaración, dijo que "respondieron a todas las preguntas", pero que "hay que confrontarlo con el resto de las pruebas. No se preguntó sobre el hecho en concreto sino con el funcionamiento de la empresa".

Luego agregó: "A las preguntas las armó la fiscalía, y no quita que el Juzgado los cité para aclarar otros puntos. No se está observando en este momento los límites de responsabilidad de la empresa".

El juez evalúa un número alarmante: "Hay unas 700 víctimas, ya que muchos sufrieron lesiones leves, y las declaraciones se están tomando en la seccional".

El juzgado a cargo de Curto posee un personal que no excede las seis personas, incluyendo al juez, por lo que éste anoche, físicamente maltrecho, aseguró que "la investigación y las primeras conclusiones tomarán un tiempo largo" en resolverse.