Desde el PJ cuestionan el proyecto de ordenanza antilavado que llegó al Concejo

El Concejo Municipal comenzó a analizar el proyecto de ordenanza antilavado enviado por el intendente Pablo Javkin. Según se presentó, la iniciativa -que busca reemplazar a la ordenanza actual- quiere poner bajo la lupa los fideicomisos inmobiliarios y la conformación de sociedades en la ciudad. Sin embargo desde la oposición aseguran que el nuevo sistema es más permisivo que la normativa existente respecto de las grandes inversiones.

La concejala Norma López cuestionó la propuesta del nuevo Sistema de Control Económico de Inversiones propuesto por el Ejecutivo que derogará la ordenanza N° 9204, aprobada en 2014 y reglamentada recién dos años después.

La referente del Frente de Todos explicó que la propuesta es más laxa que la actual respecto a los fideicomisos inmobiliarios. “La ordenanza antilavado que propone el intendente es más permisiva que la actual, es increíble pero relaja los controles a los grandes inversores”, aseguró la presidenta de bloque del Frente de Todos-PJ y agregó: "Luego de estudiar el proyecto del ejecutivo nos encontramos con varias inconsistencias y omisiones al menos preocupantes”.

Según explicó, la iniciativa incluye "la mayor cantidad de actividades posibles, pero si esto implica controlar remiseros y taxistas y dejar de hacerlo con los grandes inversores, como los fideicomisos, el objetivo de estos instrumentos se convierte en puro humo”. López afirmó que “se corre un enorme riesgo: que se termine persiguiendo a trabajadores y se alivie el camino a los criminales organizados”.

La concejala peronista puso énfasis puntualmente al artículo 4 de la ordenanza 9204 en vigencia, que exige una importante cantidad de documentación a personas jurídicas y fideicomisos para conocer el origen de los fondos, algo que el nuevo proyecto del ejecutivo no contempla. Al respecto, la edila Justicialista indicó que “los fideicomisos, así como otros fondos de inversión y/o sus administradores, se han popularizado en la ciudad por el boom de la construcción, se trata de enormes cantidades de dinero invertido de las que hay que tener información fehaciente y clara acerca de su origen. Si bien los objetos que alcanza el proyecto oficialista se amplían, se reducen considerablemente los controles sobre los fondos patrimoniales que conforman los fideicomisos, por ejemplo, algo que sí contempla la norma vigente. Un ejemplo claro es que ya no se solicitará, ni a las empresas, ni a los inversores o socios constancias que acrediten que no están concursados o fallidos”.

“La ordenanza vigente es un instrumento legal que jamás se utilizó como correspondía, incluso se reglamentó dos años después de aprobarse y es una de las tantas normativas incumplidas por esta gestión. Ahora proponen otra para derogar la que nunca cumplieron y con estos relajamientos en los controles a los grandes inversores. Nos preocupa y nos pone en alerta; vamos a modificar el proyecto del intendente”, finalizó la vicepresidenta del peronismo santafesino.