En una sala bastante más vacía que otras veces, todo un dato, ayer se realizó en la sede de Gobierno de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) la primera audiencia pública para debatir el aumento del 89 por ciento que se pretende aplicar en la provincia a la tarifa del agua. La gran mayoría de los 30 oradores rechazó con contundencia el "tarifazo", al que en forma sucesiva tildaron de "absolutamente exorbitante", "indefendible" y "desproporcionado". El referente de la Unión de Usuarios y Consumidores, a la vez ex funcionario del ente regulador, Alberto Muñoz, sostuvo que la provincia usa una "doble vara": estima una inflación anual del 17 por ciento para el 2017, pero propone subir casi 90 por ciento el agua, lo que lleva el acumulado a más del 1.800 por ciento en siete años, cuando la variación de precios medida por el IPC Congreso para ese lapso fue del 700. Desde el oficialismo, uno de los rebeldes fue el diputado provincial Rubén Giustiniani, quien dijo "no encontrar justificación técnica, ni económica, ni jurídica, ni política" para tamaño ajuste tarifario.
El presidente de la empresa estatal Aguas Santafesinas SA (Assa), Sebastián Bonet, defendió el planteo de incremento argumentando que es "imprescindible para mantener el equilibrio de costos y gastos" de la concesionaria, ya que arrastra un "déficit operativo" desde el 2006.
Siempre según el funcionario, también se trata de un "problema de equidad" porque los usuarios de la prestación a cargo de cooperativas en la provincia "pagan más caro el servicio" y a la vez "financian con sus impuestos" el déficit de Assa.
Bonet aseguró que si el aumento del 89 por ciento finalmente se aprueba, en los hechos representará 158 pesos por mes para el 66 por ciento de los clientes, menos de 300 para el 29 por ciento y más de esa suma sólo para el 5 por ciento restante, números que definió como "no demasiado altos", sobre todo si se los compara con los de otras provincias y cooperativas.
Los argumentos no parecieron convencer a la mayoría. Entre ellos a Muñoz, quien se encargó de desglosar otras cifras. Graficó, por ejemplo, la evolución de un "caso concreto": una casa de familia de 120 metros cuadrados, que de los 45,68 pesos que pagó en el cuarto bimestre del 2008 pasará a abonar 927,19 pesos en el quinto bimestre del 2017: un 1.900 por ciento más.
También comparó cómo escalaron precios y salarios entre noviembre 2015 y 2016: mientras los sueldos se ajustaron del 18 al 35 por ciento, los productos y servicios aumentaron el 169 por ciento en el caso de los aceites, 100 por ciento en la luz, 1.336 en alguna categoría del gas y 48 en el agua.
Finalmente Muñoz contrastó el índice de precios al consumidor (IPC) Congreso (ni siquiera el del Indec), que en los últimos siete años midió una suba del 700 por ciento, con la evolución del servicio de Assa desde el 2009 al 2017. Con el incremento propuesto por la firma, mostró, el agua podrá costar hasta un 2.554 por ciento más (casa de más de 300 metros cuadrados con servicio no medido) o un 2.631 más (misma superficie, servicio medido).
Como era de esperar, desde la Multisectorial contra el Tarifazo también rechazaron la suba de plano. "Los subsidios no son una mala palabra", afirmó el titular del Centro de Almaceneros de Rosario, Juan Milito, para reclamar que esas compensaciones salgan del "cobro de ingresos brutos a las firmas cerealeras, a la renta financiera y a todos aquellos que se presuponga que el año próximo vayan a tener un aumento de ganancias del 89 por ciento".
La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) le pidió al gobernador Miguel Lifschitz que "diferencie" su gestión de la de la Casa Rosada —a la que tildó de "salvaje y entregadora"— y recordó que Rosario "encabeza el 'ranking' de desocupación en el país".
"Que desde su lugar intente romper este espíritu de época y honre a todos los santafesinos que lo votaron sin sumarse a esta política de ajuste que está castigando a los trabajadores", sostuvo el referente de la CTA, Eduardo Valverde.
Con matices —como el del titular de Obras Públicas villagalvense, Fabián Gallino, que defendió las obras hechas por Assa, pero a la vez pidió un aumento "paulatino"—, el resto de los oradores coincidió en repudiar la suba y exigir una mejor prestación.
Algunos volvieron a denunciar la falta de presión de agua en diferentes zonas, otros sugirieron que la EPE le cobre a Assa la energía a precio de costo para bajar su esquema de gastos y varios más recordaron el fallo de la Corte Suprema de la Nación que frenó (o amortiguó) los tarifazos. También reclamaron agilizar la instalación de micromedidores.
La concejala del Frente para la Victoria, Norma López, se encargó además de exhortar al gobierno y el ente regulador (Enress) a "escuchar" la fuerte oposición a la suba que trasuntó la audiencia pública.
"Si no, esta convocatoria será pura hipocresía y un desgaste innecesario", advirtió, y vinculó esa falta de respuesta al progresivo vaciamiento de las sucesivas audiencias. "Nada ha servido para que los rosarinos tengamos el agua en la cantidad y la calidad que merecemos", afirmó, frente a esta posible nueva suba, a la que definió como "confiscatoria".
Piden "razonabilidad" en los montos
El Defensor del Pueblo Santafesino, Raúl Lamberto, afirmó que su posición es la que "vienen sosteniendo" los ombudsman de todo el país: que "las tarifas deben ser proporcionales, progresivas y razonables" y "tener en cuenta que el usuario es uno solo" para "afrontar el pago de todos los servicios esenciales". Además, celebró la realización de las audiencias públicas e insistió en que no deben ser una mera formalidad.
