El 27 de enero de 2004 la ciudad se despertó con una noticia conmocionante: Sandra Cabrera, al frente de la delegación rosarina de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar), había sido asesinada con sesgo mafioso y a 48 horas de la última de sus numerosas denuncias sobre corrupción policial en la zona de la terminal de ómnibus, donde trabajaba, vivía y murió, con tan solo 33 años. Desde aquel femicidio, que permanece impune, pasaron dos décadas y varios cambios normativos, sociales, tecnológicos. ¿Qué consiguió el colectivo que ejerce el trabajo sexual en Rosario, cuáles son sus cuentas pendientes?
Oriunda de San Juan, Cabrera se transformó pronto en la carismática líder de un inédito sindicato, formado en el año 2000. Sus denuncias habían hecho caer, pocos meses antes del crimen, a la cúpula de la sección Moralidad Pública de la Unidad Regional II. El gobierno de Jorge Obeid ordenó disolver la dependencia de inmediato, aunque recién en 2010 la Legislatura provincial derogó los tres artículos del Código de Faltas que castigaban la prostitución callejera y el travestismo, contra los que la dirigente batallaba porque implicaban agresiones y extorsiones de parte de la fuerza santafesina. La policía había estado habilitada para perseguir estas contravenciones desde 1940; la despenalización la dejaba fuera de juego.
En la ciudad con pasado de explotación prostibularia —en especial en el internacionalmente conocido barrio de Pichincha—, hasta la aparición de Sandra Cabrera las meretrices nunca se habían organizado para exigir en la esfera pública su reconocimiento como trabajadoras. A pesar de las conquistas y la visibilización obtenidas, la participación sindical fue disminuyendo y el gremio adscripto a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) cesó su actividad en 2012. La retomó en 2019, con mayor amplitud en cuanto a la afiliación —no solo de mujeres esta vez— y a las perspectivas, por ejemplo la de reivindicarse sus integrantes como “putas feministas” o articular con otras agrupaciones y con áreas del Estado.
Al igual que en los inicios de Ammar, en Buenos Aires en 1994, treinta años después la pelea es para salir de la informalidad, lo que permitiría vía inscripción en el régimen del monotributo el acceso a derechos que hoy las trabajadoras sexuales tienen vedados, como una obra social para ellas y sus familias y la jubilación. En sus reuniones semanales en el centro cultural La Toma (Tucumán 1349), y también en el territorio, las activistas rosarinas desarrollan tareas de contención y asistencia del colectivo.
“Tenemos unas 500 compañeras en Ammar, de calle, de departamentos, de la ruta. Mujeres trans, varones, actores porno, las chicas que ofrecen sus servicios por internet y muchas veces tienen problemas porque las engañan los clientes o porque trabajan con otra moneda. Algunas chicas no le cuentan a la familia lo que hacen para no ser discriminadas: vienen a estudiar a Rosario y usan el dinero de su trabajo para el alquiler”, cuenta Myriam Auyeros, la secretaria general desde hace cinco años y militante de la organización en sus primeras épocas.
La secretaria adjunta, Gabriela Hemela, sostiene que de momento lo más acuciante es la falta de vivienda. “Estamos en emergencia habitacional: es imposible sostener un alquiler. No contamos con un recibo de sueldo, alquilamos de palabra y nos cobran más”, explica esta mujer de 41 años que se sumó a Ammar en su etapa más reciente. En tanto Auyeros, tras dos décadas en el oficio, ya no ejerce. “Muchas chicas están en situación de calle o se juntan entre varias para pagar un alquiler. Somos pocas las que tenemos propiedad. Y por la crisis el trabajo bajó mucho: la motosierra también llegó a las esquinas”, subraya.
Para la referente de 61 años la inseguridad es un temor fuerte en el colectivo porque la oferta callejera se sitúa en lugares poco frecuentados como las afueras de la ciudad o los alrededores del cementerio, lo que expone a las pibas a mayores peligros. “Cada 15 días salimos a hacer recorridas, a ver qué necesitan. Les decimos que no están solas, que hay un lugar para que planteen sus problemas; a veces contestan que no y el triunfo es cuando días después las ves aparecer en La Toma. Porque es muy importante poder hablar con un par”, destaca. Y para que no queden dudas, apunta: “Ammar no es una agencia de trabajo, es una reunión de personas mayores de edad que deciden trabajar con su cuerpo, específicamente con sus genitales, que es lo que al patriarcado le hace ruido”.
>>Leer más: Las meretrices rosarinas recuerdan a Sandra Cabrera a 17 años de su femicidio
En la calle, a la intemperie, fue encontrada Sandra Cabrera con un tiro en la nuca cuando la figura del femicidio todavía no había sido incorporada al Código Penal (2012) como un agravante si la víctima es ultimada por razones de género. No fue el único cambio normativo que sobrevendría en pocos años: a la mencionada reforma del Código de Faltas santafesino (2010) se sumó la ley nacional de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas (2008) —con una pena agravada en caso de menores— y la prohibición de abrir cabarets, whiskerías y casas de alterne por parte del Concejo municipal (2013). Hemela considera a esta ordenanza “un retroceso”.
“Sandra había denunciado la complicidad de la policía y la justicia, y cómo operaba la explotación de niños y niñas en la zona de la terminal. La prohibición nunca será parte de nuestras reivindicaciones ni demandas. Sabemos lo que implica la clandestinidad, la falta de derechos. Se prohibieron esos establecimientos y las compañeras quedaron expuestas a mayor violencia”, se queja la secretaria adjunta de Ammar, y cuenta que “desde que mataron a Sandra costó sostener la organización, por el miedo y la impunidad, pero no lograron callarnos”. Aunque hubo un policía federal procesado por el crimen, pronto terminó desvinculado.
Las redes y las aplicaciones se convirtieron en una opción en el mercado, pero también tienen sus riesgos.
“Refundamos Ammar desde 2018. No lo hicimos solas sino con muchas alianzas feministas, sociales y sindicales”, recuerda. Es que en el intervalo de inactividad del gremio de las meretrices, el movimiento de mujeres y diversidades se expandió en múltiples esferas, en la Argentina y en el mundo. Nació Ni una menos y se protagonizaron masivas marchas por el aborto legal, seguro y gratuito.
“Las más empoderadas se reconocen a sí mismas como putas feministas. Es muy distinto de cómo nosotras habíamos empezado”, explica Auyeros, que se inició “en la noche” a los 24 años, en un boliche de San Jerónimo Sur. “Cuando se formó Ammar, nosotras entrábamos al local de ATE de San Lorenzo al 1800 con la cabeza gacha, con vergüenza, hablando bajito. Es que sufrimos mucha discriminación, violencia psicológica e institucional”, rememora quien estuvo varias veces presa por ofertar servicios sexuales en la calle y volvió al ruedo de la militancia de la mano de Georgina Orellano, la titular de Ammar nacional, y una nueva camada de jóvenes trabajadoras sexuales.
Una de ellas es Hemela. “Hoy ser puta sigue siendo un estigma, si bien avanzamos en cuanto a visibilidad y a instalar en las agendas nuestras demandas. El trabajo sexual está criminalizado: es necesario y urgente que se debata en la Argentina su reconocimiento”, pide, y concluye: “Hay compañeras de más de 60 años que no se pueden jubilar de nada porque no logran hacer aportes. Se tiene que terminar con la hipocresía y hablar de lo que ya no se puede esconder bajo la alfombra”.
Cuáles son las necesidades comunes y según la edad
La titular de Ammar Rosario, Myriam Auyeros, relata que el mayor anhelo de las trabajadoras sexuales es el reconocimiento y la regulación de su oficio. Quienes ejercen en la provincia de Santa Fe tienen ventajas en relación a otros distritos donde la policía aún cuenta con facultades para detenerlas o el sindicato nacional carece de delegación.
“Si alguna compañera es perseguida por la policía acá, y en especial a las más jóvenes, les explicamos que nosotras no cometemos ningún delito sino que ofrecemos un servicio, así que la policía no puede detenernos”, advierte. “Está penalizado quien vive del trabajo sexual de otro (proxenetismo), no quien lo ejerce”.
Una problemática creciente en el marco de la actual crisis económica es el acceso a los alimentos, en especial para quienes son madres. Ammar hace de nexo para que algunas de sus afiliadas reciban bolsones por parte de la Municipalidad, cuenta Auyeros. Por otro lado hay mujeres que superan los 60 años pero como no tienen un ingreso fijo y tampoco se pueden jubilar, siguen ofreciendo servicios sexuales.
