Un proyecto en el Concejo busca eximir de una sobretasa a terrenos parquizados e integrados a viviendas y aumentar las sanciones por falta de mantenimiento. Hay 5.000 terrenos alcanzables por la propuesta
Por Nicolás Maggi
La normativa municipal ya contempla mecanismos para intervenir en baldíos que presentan infracciones. La iniciativa busca reforzar esas herramientas.
David Peña 698, uno de los terrenos baldíos sobre los que el municipio está por intervenir.
Un proyecto del oficialismo en el Concejo Municipal propone beneficios para quienes mantienen correctamente sus terrenos baldíos y multas más duras por abandono. La iniciativa busca eximir de una sobretasa a los suelos parquizados e integrados a viviendas y aumentar las sanciones por falta de mantenimiento. Hay 5.000 solares alcanzables por la propuesta.
En Rosario hay alrededor de 12.000 terrenos baldíos, según los registros oficiales del municipio. Sin embargo, no todos están abandonados ni representan un problema para los vecinos. Algunos funcionan como jardines o espacios verdes de viviendas particulares, mientras que otros acumulan basura, malezas y presentan cerramientos deteriorados.
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Con el objetivo de diferenciar esas situaciones, la concejala Carolina Labayru presentó un proyecto para modificar la normativa municipal, otorgar beneficios tributarios a quienes mantienen sus terrenos en buenas condiciones y endurecer las sanciones para quienes incumplen sus obligaciones.
“Queremos reconocer al que cuida y exigirle al que no cumple. El estado de un terreno también tiene consecuencias para quienes viven alrededor”, sostuvo Labayru al explicar el espíritu de la propuesta.
Si bien el registro oficial contabiliza unos 12.000 terrenos baldíos en Rosario, un análisis más detallado que lleva adelante el municipio, en el marco de una actualización de los criterios para identificar espacios ociosos, permite precisar ese universo.
Es que buena parte de esos terrenos se encuentra en sectores de la periferia que todavía no están urbanizados, en zonas donde la ciudad se funde con el campo y que presentan características muy diferentes a las de los lotes vacantes del tejido urbano consolidado. Al contemplar estas diferencias, el relevamiento permite identificar alrededor de 5.000 terrenos que reúnen las condiciones para quedar comprendidos dentro de la normativa que se busca modificar.
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Uno de los principales cambios propuestos es la exención de la sobretasa de promoción urbana por suelo vacante para aquellos terrenos que, aunque estén registrados como baldíos, funcionan como jardines o parques privados integrados a una vivienda.
El beneficio no será automático ni alcanzará a cualquier lote que se encuentre en buenas condiciones. Para acceder, el terreno deberá ser lindero a una parcela destinada a vivienda, conformar con ella una única unidad funcional y compartir al menos una persona titular. Además, tendrá que cumplir con las condiciones de higiene, conservación y parquización establecidas por la normativa. Los propietarios deberán solicitar la exención y el municipio tendrá la facultad de verificar el cumplimiento de los requisitos.
“Hay terrenos que están al lado de una casa, que sus propietarios mantienen como jardín o parque y que están en buenas condiciones. Nos parece razonable que esa situación tenga un reconocimiento tributario”, explicó la concejala.
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La otra parte del proyecto apunta a los propietarios que desatienden el mantenimiento de sus inmuebles. La propuesta contempla un aumento de las multas por incumplimientos de higiene, limpieza y conservación, tanto en terrenos baldíos como en propiedades edificadas, estén habitadas o no. Las obligaciones comprenden también el mantenimiento de cercas, tapiales y veredas, de acuerdo con las disposiciones municipales vigentes.
Uno de los puntos centrales es el endurecimiento de las sanciones cuando existe una intimación previa del Estado local y el responsable no soluciona las irregularidades dentro del plazo establecido. “Si el municipio ya intimó al propietario y le dio un plazo para resolver el problema, no puede dar lo mismo que haya cumplido o que haya decidido no hacer nada. Por eso proponemos sanciones más altas para esos casos”, explicó Labayru.
La iniciativa parte de una problemática que se repite en distintos barrios: terrenos sin mantenimiento que terminan convertidos en lugares de acumulación de residuos, proliferación de malezas y deterioro del espacio urbano. En esos casos, las consecuencias exceden los límites de la propiedad y afectan a quienes viven alrededor. “Un baldío o inmueble abandonado es un problema para todos los vecinos. La basura, las malezas y los cerramientos rotos terminan perjudicando a toda la cuadra”, advirtió.
El proyecto también busca fortalecer las herramientas de fiscalización municipal. Para eso, propone mantener un relevamiento actualizado de los terrenos e inmuebles denunciados por abandono y realizar inspecciones que permitan constatar su estado. El objetivo es que las denuncias vecinales den lugar a controles efectivos y que exista un seguimiento de las situaciones detectadas, para determinar si las irregularidades fueron corregidas o si corresponde avanzar con intimaciones y sanciones.
Otra de las modificaciones apunta a los terrenos que generan ingresos mediante carteles publicitarios. La propuesta establece restricciones para instalar o renovar publicidad en aquellos predios que no cumplan con las condiciones exigidas de higiene y conservación. “Un terreno que no cumple con las condiciones de higiene y cerramiento no debería seguir generando ingresos por publicidad como si estuviera en regla”, afirmó Labayru.
Además, el proyecto contempla la posibilidad de celebrar convenios para ejecutar y mantener cerramientos reglamentarios, con los gastos a cargo de los responsables de los inmuebles.
La normativa municipal ya contempla mecanismos para intervenir en terrenos que presentan infracciones y reclamar a sus propietarios los costos correspondientes. La iniciativa de Labayru busca reforzar esas herramientas y establecer mayores consecuencias para quienes persisten en el incumplimiento.
“Cuando el municipio tiene que intervenir porque el propietario no cumple con sus obligaciones, el costo no debería quedar a cargo de todos los rosarinos”, remarcó la concejala.
De esta manera, la propuesta combina dos criterios: reconocer mediante un beneficio tributario a quienes utilizan y mantienen sus terrenos como espacios verdes integrados a sus viviendas, y aumentar las exigencias sobre quienes dejan sus propiedades en condiciones que perjudican al entorno.
La intención es que el mantenimiento deje de depender exclusivamente de las denuncias de los vecinos y que el municipio cuente con instrumentos más efectivos para exigir el cumplimiento de las obligaciones de cada propietario.
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