El viernes 12 de junio de 2020 mataron de 13 balazos a una mujer en la puerta de su casa en barrio Tablada. Se llamaba Mariana Espinoza y tenía 41 años. Su hijo Lucas Espinoza, “Berraco”, de 18 años, se enteró en la cárcel de Coronda. Cuando lo imputaron, los fiscales hicieron escuchar su voz en una interceptación telefónica. “Tiro desde los 13 años... estoy podrido de andar a los tiros, de vivir al límite. Antes yo estaba acostumbrado a estar todo el día en el auto buscando alguien para matar y todo eso. Y ahora no hay nada para hacer. Si ya matamos a todos. A los guachos les batí cualquiera. Manga de giles. Yo los saqué a la calle. Eran míos. ¿Qué onda? Yo los traje a la banda, yo los saqué a tirar tiros. Si yo los hacía que manejen las motos para que yo tire tiros. Que paguen si quieren vender en la zona de «Los Berracos». Si no pagan les voy a dejar un retirado en cada búnker afuera, al que cruce nomás, al que cruce: piba, pibe, cualquier cosa. Cualquiera que cruce. Mientras me paguen a mí qué me importa”.
Con la explosión de la violencia en las investigaciones penales apareció el rol de un actor cada vez más recurrente. Los llamados tiratiros, gatilleros o sicarios están detrás de los hechos violentos prácticamente en todas las organizaciones criminales. Las escuchas telefónicas muestran que hay un papel que cumplen jóvenes muy violentos, eslabones que cambian muy rápido de lugar, a menudo menores de edad, captados por mandos intermedios de las bandas, en general en entornos muy segregados por la pobreza.
La falta de experiencia y la vehemencia de estos actores muy jóvenes se expresa en un alto grado de error con consecuencias irreparables, atentados indiscriminados en donde se equivocan las víctimas, lo que ocasiona seguido la muerte de personas ajenas a las disputas. Los problemas de adicciones en los que tiran acrecientan el margen de error.
Las intervenciones telefónicas y las declaraciones de testigos muestran una dinámica delictiva donde están presentes dos fenómenos. Por un lado, estos grupos se destacan por la defensa territorial de sus espacios con armas de fuego. Por otro aparece la venta de droga al nivel de menudeo.
“Aparece la violencia como un reaseguro para hacer funcionar un negocio. Detrás se perciben acciones completamente enfurecidas de chicos muy jóvenes con un grado de organización nulo, que a veces se limita a conseguir a algún chico para ir a tirar unos tiros, y donde los objetivos también van cambiando todo el tiempo”, señalaron fiscales del MPA, que trabajan en casos de esta clase.
Con una velocidad propia de vidas fugaces, matan o mueren. Horacio Avila y Facundo Lapo Almada son chicos jóvenes que tienen un destino de prisión perpetua por trabajar como gatilleros para Esteban Alvarado. Lo mismo Mauricio Laferrara, preso por seis homicidios, y Darío Oreja Fernández, quien murió acribillado en 2015. Milton Damario obtuvo fama por vaciar cargadores en Barrio Municipal de Grandoli y Gutiérrez. Los nombres en esta década son cuantiosos.
El índice de pobreza en el Gran Rosario saltó hasta el 35 por ciento sobre el final del año pasado. En la región hay 460.890 pobres, según el Indec. En un año, según la medición de 2019, 45.061 personas entraron en esa situación. La indigencia subió al 7,3 por ciento. Este contexto de alta marginalidad social opera y es propicio para el reclutamiento de gatilleros. Que van desde tiratiros hasta homicidas en serie, en general con radios de acción limitados a vecinos de pocas cuadras, a menudo jóvenes que a la vez que infligieron daño vivieron atormentados por traumas, culpas, adicciones y la soledad de familias disgregadas, vidas demasiado complejas para ser contadas en formato de noticias.
Esta nota forma parte del INFORME ESPECIAL: EL MAPA DE LA VIOLENCIA
