Yrigoyen insiste en que "Isabelita debe confesar todo lo que sabe sobre la Triple A"

La Alianza Anticomunista Argentina (AAA), conocida como Triple A, fue un grupo parapolicial de extrema derecha de la Argentina, que llevó a cabo cientos de asesinatos contra guerrilleros y políticos de izquierda durante la década de 1970, además de amenazar a artistas e intelectuales, muchos de los cuales debieron partir al exilio.

Sus acciones, que se caracterizaron por un altísimo grado de violencia, fueron catalogadas como delitos de lesa humanidad por el juez federal Norberto Oyarbide en 2006, con lo cual se produjo la reactivación de la causa claramente encuadrada ahora en el terrorismo de Estado.

Hipólito Solari Yrigoyen, actual presidente de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), sufrió un atentado explosivo el 21 de noviembre de 1973 (el primero reivindicado públicamente por la Triple A), cuando era senador nacional, que le provocó graves heridas en las piernas.

El ex legislador, quien tuvo en esos años una extensa trayectoria como defensor de presos políticos y activista en la defensa de los derechos humanos, aseguró en diálogo con La Capital que "Isabelita debe confesar todo lo que sabe sobre la Triple A".

Solari Yrigoyen reveló además que al comisario Alberto Villar, jefe de la Policía Federal por esos años y encuadrado en la extrema derecha, "lo mató un grupo de la Armada que se hizo pasar como perteneciente a Montoneros".

—¿Cuándo se consolida el terrorismo de Estado en nuestra historia?

—Fue sin duda el 28 de junio de 1966, con la dictadura que encabezó Juan Carlos Onganía. La autodenominada Revolución Argentina no estaba dispuesta a aceptar ninguna oposición que cuestionara la legitimidad del régimen, basado en la fuerza: disuelve los partidos políticos, interviene la Corte Suprema y clausura el Parlamento. Inmediatamente interviene la Universidad en lo que se llamó "La noche de los bastones largos". El operativo lo dirigió el general Roberto Fonseca, jefe de la Policía Federal, quien consultado por los periodistas apostados en la Facultad de Ciencias Exactas precisó que estaba allí para "liberar la universidad". No reconoció a la CGT de los Argentinos (CGT-A) y convalidó a la burocracia sindical encabezada por Augusto Timoteo Vandor. Cuando tuvo que eliminar a militantes de la oposición, lo hizo. En la larga lista de mártires están: Hilda Guerrero de Molina, Juan José Cabral, Adolfo Bello y Luis Blanco, más los catorce muertos durante el Cordobazo.

—Un caso clave fue la Masacre de Trelew, en 1972...

—Defendí a varios guerrilleros que estaban detenidos a disposición del Poder Ejecutivo nacional (PEN). Para los que tenían proceso, yo pedía juicios justos y trato humano. El 15 de agosto, cuando se produce la fuga, yo estaba en Buenos Aires. Tomé un avión y partí para Trelew, que está cerca de Puerto Madryn, donde tenía en construcción la que todavía hoy es mi casa. Me alojé en el hotel de unos amigos, para tratar de verlo a Agustín Tosco, de quien era abogado y estaba detenido en Rawson. Intentamos con otros abogados ir a la cárcel, pero después de la fuga estuvo clausurada durante un mes. El 22 de agosto, día de la matanza, estaba durmiendo en el hotel y allí me informaron que había habido "un «incidente» en la base de la Armada y habrían muerto tres personas". Partí rumbo a la base con mi Renault 6, que «volarían» al año siguiente conmigo adentro, pero no me dejaron ingresar. Me fui a Trelew al estudio de Amaya-Romero y desde allí llamé a los abogados conocidos de Buenos Aires: Eduardo Luis Duhalde, Rodolfo Mattarollo, Rodolfo Ortega Peña y Carlos González Gartland, entre otros. Cuando llegaron, fuimos a la cárcel pero no pudimos entrar. Volvimos y cuando estábamos comiendo detuvieron a los nombrados junto con Amaya. Presenté un recurso de amparo por ellos ante el juez federal Godoy. Liberaron a todos excepto a Amaya, a quien defendí y permaneció tres meses detenido a disposición del PEN. Finalmente, se conoció la masacre.

—Todos estos hechos lo pusieron en la mira de lo que luego sería la Triple A...

—Sin lugar a dudas. Todo eclosionó en Ezeiza, en el gobierno de Héctor J. Cámpora, durante los luctuosos hechos que nunca se investigaron judicialmente. Allí participaron organizaciones de la derecha peronista que tuvieron a cargo la «seguridad» del acto, que luego se integrarían en la Triple A, como el Comando de Organización (C. de O.), el Comando Nacional Universitario (CNU), la Juventud Sindical Peronista (JSP) y la Juventud Peronista de la República Argentina (JP-RA) liderada por Julio Yessi (hoy detenido en esta causa). Yo ya era senador y junto con Carlos Perette pedimos una investigación, a lo que se negó el bloque peronista presidido por el jujeño Humberto Martiarena, un hombre de extrema derecha.

—¿Cómo fue el atentado?

—Fue el primero reivindicado por la Triple A. El 20 de noviembre de 1973, un día antes del ataque, llegué a Buenos Aires desde Chubut y cuando ingresé a mi estudio encontré un sobre que decía "AAA" y contenía la primera amenaza, con remitente en Tucumán 1660, que es la sede de la UCR en Capital. Al día siguiente estalló la bomba en mi auto y sufrí graves heridas en las piernas. La Triple A eran José López Rega, Rodolfo Almirón, Juan Ramón Morales y Miguel Angel Rovira, a los cuales el presidente Raúl Lastiri reincorporó a la Policía Federal (porque habían sido echados), mediante una resolución con fecha 11 de octubre de 1973. Al día siguiente asumió Juan Domingo Perón, a cuya custodia los adscribió. López Rega fue ministro de Bienestar Social de cuatro presidentes de aquella época (Cámpora, Lastiri, Perón e Isabelita). Pero allí trabajó activamente el Servicio de Informaciones de la Policía Federal, bajo la conducción de López Rega. Los archivos de las Fuerzas Armadas se abrieron, los de Prefectura y Gendarmería también. Pero hasta el día de hoy, los archivos de la Policía Federal siguen siendo secretos. Esto es muy grave.

—¿Cómo reaccionaron los poderes Legislativo y Ejecutivo?

—En Diputados y en el Senado, donde yo era el vice del bloque de la UCR, la condena fue unánime. En cuanto a Perón, en ese momento estaba mal de salud y no hizo declaraciones públicas. Respecto de Isabelita, quien presidía el Senado, tuvo el «tupé» de ir con López Rega a verme al sanatorio. No los vi, porque estaba realmente muy mal, pero eso realmente fue una provocación. El titular de Bienestar Social se autodefinía como «un furioso anticomunista» y estaba rodeado de gente violenta. Yo era vice de la comisión de Derechos del Trabajo. Un día López Rega invitó a las comisiones relacionadas con su cartera. Me ubicaron en una mesa con unos tipos que yo desconocía. Había uno que se abría el saco y exhibía una sobaquera con una pistola 45. Después supe que era Alberto Brito Lima.

—¿El desplazamiento del general Miguel Angel Iñíguez en la Policía Federal y su reemplazo por el comisario (R) Alberto Villar dispuesto por Lastiri, en 1973, preparó el terreno para el surgimiento de la Triple A?

—Tengo mis reservas sobre Villar. Supuestamente lo mató Montoneros. ¿Pero quién era el jefe de ese grupo? Un tal Máximo Nicoletti, de Puerto Madryn. Fue adoptado de niño por un amigo mío, Pino Nicoletti, quien hoy vive en Brasil. En realidad, Máximo Nicoletti era un hombre de la Marina. El estaba infiltrado en Montoneros y nunca lo habían molestado. En cambio, su mujer, Liliana Chiernajowsky (quien luego sería pareja de Chacho Alvarez), una peronista hija de un afiliado radical, estuvo presa de 1974 a 1981. Esto me lo contó en mi exilio en Venezuela un primo de Máximo, Cristóbal Nicoletti, quien también había tenido que salir del país. Al comisario Villar lo mató un grupo de la Armada que se hizo pasar como perteneciente a Montoneros.

—¿Qué papel le asigna a Perón en el origen de la Triple A?

—Hay testimonios que lo comprometen, como los del desaparecido secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde y otra gente que estuvo cerca de él. En cambio, afirmo que si hoy el caso de la Triple A aún no se ha esclarecido es porque Isabel Perón se ha negado a declarar. Oyarbide, quien reabrió la causa y falló caracterizando como terrorismo de Estado a estos crímenes, ordenó la prisión de Isabelita y solicitó su extradición, que fue negada por España. Para esclarecer esta causa tendrían que abrirse los archivos del Servicio de Informaciones de la Policía Federal, que actuó junto a López Rega. Y además, Isabelita debe confesar todo lo que sabe sobre la Triple A.