Tras la masacre de Río, Brasil lanzó una campaña por el desarme

Casi un mes después de la masacre de 12 niños y adolescentes en una escuela de Río de Janeiro por un ex alumno, el gobierno brasileño lanzó hoy una nueva campaña por el desarme de la población, que recibirá entre 100 y 300 reales (entre 62,50 y 187,50 dólares) por cada arma entregada a las autoridades.

Según el Ministerio de Justicia, el objetivo de la tercera edición anual de la campaña, cuyo costo es calculado en unos 6,25 millones de dólares, es recaudar más armas que las 550.000 devueltas en los últimos dos años. Todos los artefactos entregados a las autoridades serán destruidos de inmediato. Para incentivar a los brasileños a entregar las armas que tienen en su poder, el gobierno difundirá piezas publicitarias por radio y televisión que serán protagonizadas por el actor Wagner Moura, quien interpretó al «capitán Nascimento» en la popular película «Tropa de Elite», del cineasta José Padilha.

La campaña se realiza en momentos que el Congreso brasileño debate la propuesta del presidente del Senado, José Sarney, de realizar un nuevo plebiscito sobre la prohibición total de la venta de armas de fuego en el país. En octubre de 2005, una consulta popular similar resultó en el rechazo de la propuesta por el 63,94 por ciento de los electores. La sugerencia de Sarney topa con resistencias dentro del Congreso y también por parte de juristas, como el presidente de la Orden de Abogados de Brasil (OAB), Ophir Cavalcanti, quien sostiene que el principal problema no son las armas legales en poder de los ciudadanos, sino las que ingresan ilegalmente en el país.

"El gran problema es combatir el comercio ilegal", dijo Cavalcanti, quien agregó que el resultado del referéndum de 2005 «debe ser respetado». Idéntica opinión expresó la directora de la organización no gubernamental Instituto Soy de la Paz, Melina Risso, quien dijo que el gobierno debe dedicarse a cumplir el Estatuto del Desarme mediante una fiscalización más estricta de la circulación de armas y la creación de un banco de datos con informaciones sobre todas las armas producidas y comercializadas en el país.

La polémica sobre el control de armas en Brasil se reavivó a partir del 7 de abril pasado, cuando Wellington Menezes de Oliveira ingresó armado a la escuela Tasso da Silveira, en el barrio carioca de Realengo, donde había estudiado de niño, y dio muerte a 12 niños y adolescentes antes de suicidarse al ser acorralado por la policía. En un video, el asesino dejó un mensaje en el que reveló haber sufrido «humillaciones» durante el tiempo que pasó en la escuela: «No soy yo el responsable de las muertes de todos».

La masacre causó conmoción en Brasil y reavivó el debate sobre el control de armas, que se desarrolla en el país sudamericano desde el inicio del siglo, cuando el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) creó un sistema nacional de registro de armas y elaboró el proyecto del Estatuto del Desarme, aprobado por el Congreso en 2003. Según las estadísticas del Ministerio brasileño de Justicia, desde ese entonces los ciudadanos devolvieron voluntariamente a las autoridades medio millón de armas, y el índice de muertes causadas por armas de fuego bajó un 11 por ciento.

Pese a ello, los expertos calculan que existen en el país unos 8,4 millones de armas ilegales, de los cuales 3,9 millones están en poder de delincuentes. El restante está en manos de la población civil. (DPA)