Siete presos y dos de sus mujeres hacíansecuestros virtuales desde una cárcel

Siete presos del penal bonaerense de Benito Juárez quedaron imputados por integrar una banda que desde la unidad penitenciaria se dedicaba a perpetrar secuestros virtuales perjudicando a vecinos de la zona norte del conurbano.

Por estos hechos cobraron miles de pesos, dólares y euros con la ayuda externa de sus mujeres, informaron ayer fuentes judiciales.

La investigación, encabezada por el fiscal Claudio Scapolán, del Area Ejecutiva de Investigaciones Criminales de la Fiscalía de San Isidro, y por detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de ese distrito, terminó con siete presos notificados de su imputación en esta nueva causa y con dos mujeres, que intervenían en el cobro de los rescates, detenidas.

Los siete reclusos acusados de formar la banda fueron identificados por las fuentes como Lucas Maximiliano Gómez, Juan Víctor Herrera, Joshua Manuel Cachafeiro, Cristian Nicolás Muniz Prieto, Pablo Jesús Netor Castell, Mario Alberto Sánchez y Pablo Nicolás Van Lierde.

Todos ellos fueron imputados por "asociación ilícita y extorsión" y están alojados en la Unidad 37 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), con asiento en Barker, partido de Benito Juárez.

Según la investigación, desde ahí y con teléfonos celulares que tenían escondidos en sus calabozos, cometieron varios secuestros virtuales en la zona norte del Gran Buenos Aires, en particular en Vicente López y San Isidro.

El fiscal Scapolán estableció hasta el momento por intermedio de escuchas que Netor Castell era el cabecilla de la organización ya que se encargaba de conseguir los celulares y los chips desde los cuales se hacían los llamados extorsivos.

Además, el acusado determinaba quiénes tenían que realizar cada llamado y quién debía ser la persona encargada de cobrar el dinero exigido.

Según las fuentes, los otros seis presos fueron imputados como presuntos miembros de esta asociación ilícita ya que se hacían pasar por efectivos policiales que les aseguraban a sus víctimas que algún familiar tuvo un accidente de tránsito, por lo que necesitaban los datos de la cobertura médica para su atención.

Al obtener los datos suficientes, la llamada se convertía en una extorsión en la cual le exigían dinero y joyas para la liberación del supuesto familiar secuestrado, caso contrario lo iban a matar. Según la acusación del fiscal, las encargadas de retirar el dinero eran dos mujeres, parejas de algunos de los presos, que ya fueron detenidas por personal de la DDI San Isidro.

Para cobrar los rescates, estas mujeres iban a las casas de sus víctimas o quienes realizaban las llamadas pactaban un lugar de entrega del dinero en el conurbano y enviaban hacia allí un remís que no tenía relación con la banda. El dinero y los elementos de valor eran distribuidos entre quienes ejecutaban el cobro y familiares o allegados a los integrantes de los presos involucrados en la banda.

En la causa hay escuchas telefónicas en las que no sólo quedó grabada la forma en la que los delincuentes extorsionaban a las víctimas con los falsos secuestros, sino también las conversaciones de los presos con las mujeres que cobraban los rescates.

En los allanamientos en el penal, se secuestraron al menos 12 celulares, chips, cargadores y anotaciones con números de teléfonos y direcciones que tenía la banda sobre las víctimas de los falsos secuestros.

Los secuestros virtuales ocurrieron al menos desde el 15 de noviembre de 2018 hasta el 16 de enero de este año, añadieron las fuentes. El primero que comenzó a investigarse sucedió en Las Lomas, partido de San Isidro, donde una mujer entregó ocho mil euros, diez mil pesos y 200 dólares.

Casi una semana después, otra mujer de la localidad de Béccar fue amenazada porque supuestamente su hermano estaba secuestrado y a cambio le exigieron 4.000 pesos y un reloj.

Otro hecho ocurrió el 14 de diciembre cuando una adolescente de 16 años de Olivos, partido de Vicente López, fue intimidada por teléfono al decirle que entregara objetos de valor a cambio de liberar con vida a su padre, tras lo cual pagó nueve mil dólares que un remisero retiró de su casa.

Cinco días después, un hombre fue intimidado por teléfono porque su padre estaba "secuestrado" y entregó nueve mil dólares, diez mil pesos y cinco mil pesos uruguayos.