Revés para el Grupo Clarín por la intervención a Cablevisión

Las comisiones de Disciplina y de Acusación del Consejo de la Magistratura desestimaron dos denuncias presentadas contra el juez mendocino Ricardo Bento, quien en diciembre pasado ordenó la intervención de Cablevisión "por abuso de posición dominante" en el mercado cableoperador.

Las denuncias, impulsadas y amplificada por los medios del Grupo Clarín, acusaban a Bento de incumplimiento de deberes de funcionario público por la intervención de Cablevisión, que ya cuenta con la confirmación de la Cámara de Apelaciones de esa provincia, y a la cual la empresa, violando la ley, no hizo cumplimiento efectivo aún. También desempolvó una vieja denuncia por supuestas horas extras trabajadas por la esposa del magistrado.

Tal como en otros casos, las acusaciones contra el magistrado surgieron de diputados y abogados que acostumbran a representar los intereses de Clarín como Patricia Bullrich (Unión Por Todos) y el consejero Alejandro Fargosi.

La frustrada maniobra de Clarín se suma a otro revés sufrido esta semana por parte del Grupo cuando la Comisión Nacional de Valores abrió una investigación contra el grupo por ocultarle a los tenedores de acciones la intervención de la empresa Cablevisión.

El martes pasado, se informó que la Comisión Nacional de Valores había dispuesto la apertura de un expediente contra el Grupo Clarín por no informar al organismo, ni a los accionistas, acerca del fallo de la Justicia federal de Mendoza que dispuso la intervención de Cablevisión por abuso de posición dominante y ordenó su separación de Multicanal.

Todos los directivos de Cablevisión, varios de ellos muy conocidos en la industria de los medios de comunicación, como Jorge Rendo, Carlos Moltini y Pablo Casey deberán afrontar un incómodo sumario por infracción a la ley de Sociedades Comerciales que hasta podría tener consecuencias legales.

El sumario dispuesto por la CNV, notificado hace un par de semanas, pero mantenido en reserva por el grupo Clarín, comenzó con una denuncia presentada por una ONG contra la empresa Cablevisión por no declarar ante el organismo la decisión de la Justicia Federal de Mendoza, de fines del año pasado, donde se disponía la intervención de la empresa por "abuso de posición dominante en el mercado".

La investigación contra Cablevisión fue determinada el pasado 23 de mayo en la Resolución de la CNV N 16819 donde consta que "la investigación sumarial tiene como objeto precisar todas las circunstancias y reunir todos los elementos de prueba tendientes a esclarecer la eventual comisión de irregularidades e individualizar a los responsables y proponer sanciones".

Los funciones de la CNV quieren saber si Cablevisión impidió "al público inversor en general tener la posibilidad de tomar un cabal conocimiento de los motivos que dieron origen a la decisión de la Justicia, como así también de las facultades y potestades otorgadas al juez coadministrador judicial designado".

En otras palabras, la CNV señala que Clarín no informó al público inversionista (es decir a los compran acciones en la Bolsa) de la decisión judicial que llevó a la intervención de la empresa operadora de cable y menos a las potestades de la intervención para dividir las empresas Multicanal y Cablevisión para poner fin a la posición dominante en el mercado cableoperador y que motivo el amparo presentado por parte de Supercanal.

En el expediente de la CNV se apunta a más de una docena de empleados del Grupo Clarín y al directorio de Cablevisión y de confirmarse las irregularidades el organismo fiscalizador podría aplicar serias sanciones.

En diciembre del año pasado la Justicia federal de Mendoza dispuso la intervención de Cablevisión por "abuso de posición dominante" ante un amparo presentado por la cableoperadora Supercanal.

El juez Bento dispuso entonces que Enrique Anzoise sea el coadministrador, por el plazo de un año, de la empresa denunciada. Además determinó el cese de la fusión de Cablevisión con Multicanal, medida adoptada en el 2006.

Entre los abusos que ejerce Cablevisión está el precio fijado, para la competencia, de los contenidos del Grupo Clarín, la abierta manipulación de la grilla en detrimento de la competencia; la exclusión por parte de Cablevisión de señales de noticias y la manipulación del ingreso de nuevas señales en el mercado que no sean de ese grupo.

Aunque todos los fallos de la Justicia siguen firmes y avalados por la Cámara de Apelaciones de Mendoza, el grupo Clarín se negó a cumplir con la orden judicial a través de amparos judiciales y medidas dilatorias.