El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, anunció hoy que solicitará activar un proceso de quiebra para la isla caribeña, al finalizar la moratoria que impedía a los acreedores reclamar en los tribunales el pago de la deuda.
Rosselló dijo que pedirá a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), establecida por el Congreso de Estados Unidos para atender la crisis financiera de la isla, acogerse al Título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa).
Ese aparte paraliza todas las demandas judiciales y, tras la presentación de reclamaciones de acreedores y objeciones del Gobierno, deja en manos de un tribunal las decisiones sobre el pago.
En conferencia de prensa, el gobernador indicó que la petición tiene "el propósito de asegurar los servicios esenciales a la ciudadanía, el pago de la nómina pública y los suplidores", indicó la agencia española EFE.
Explicó que tras "amplias conversaciones de buena fe y la apertura de los libros financieros del Gobierno de Puerto Rico a los acreedores no ha habido progreso suficiente en las negociaciones, por lo que el Título III de la Ley Promesa permite llevar a un tribunal especial la reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico".
Explicó que tras "amplias conversaciones de buena fe y la apertura de los libros financieros del Gobierno de Puerto Rico a los acreedores no ha habido progreso suficiente en las negociaciones, por lo que el Título III de la Ley Promesa permite llevar a un tribunal especial la reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico". El martes venció la moratoria que impedía que los acreedores reclamasen en los tribunales el pago de la deuda de Puerto Rico, que tiene status de Estado Libre asociado a EEUU.
"Seguimos comprometidos en mantener las negociaciones de buena fe para llegar a acuerdos con los acreedores. El mejor ejemplo de que se puede dialogar es el Acuerdo de Reestructuración (RSA, por sus siglas en inglés) establecido recientemente con los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)", dijo el gobernador.
"No obstante, ante el déficit que hemos heredado, es mi responsabilidad garantizar los mejores intereses del pueblo puertorriqueño", agregó.
El gobernador destacó que su Administración busca cumplir con los acreedores con un pago de la deuda de cerca de u$s 800 millones anuales, y que así está contemplado en el Plan Fiscal certificado por la JSF el pasado 13 de marzo.
Esto representa un recorte del 80 % en el pago del servicio de la deuda, originalmente pactado con los acreedores por pasadas administraciones.
Puerto Rico se declaró en 2016 incapaz de pagar su deuda, y ante las amenazas de los acreedores de juicios y el riesgo de cerrar las operaciones gubernamentales por falta de liquidez, solicitó la colaboración de Estados Unidos.
De ahí surgió la ley Promesa, aprobada el año pasado por el Congreso estadounidense ante la imposibilidad de que la isla pudiera afrontar los vencimientos inmediatos de deuda, y que ha planteado varios recortes al gasto para atender la crisis fiscal.
