Las tomas de escuelas públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) por parte de los estudiantes continuaban en la noche de este martes, en reclamo de viandas, mejor infraestructura edilicia y en contra de las prácticas laborales en empresas, mientras la ministra de Educación porteña, María Soledad Acuña, anunció que reclamará a las familias de los alumnos involucrados el pago de un millón y medio de pesos por cada día de toma.
Además de las tomas, en muchos colegios —como el Mariano Acosta, donde se inició el conflicto el viernes pasado— los alumnos pernoctarán dentro de sus instalaciones, mientras la escuela de Comercio Carlos Pellegrini se convirtió en la primera institución que no depende de la Caba que se suma a la medida.
Algunos de los colegios que permanecían tomados son el Lenguas Vivas Sofía Esther Broquen de Spangenberg, la escuela Federico Garcia Lorca, Cerámica 1, el Osvaldo Pugliese, el Colegio Mariano Moreno y el Nicolás Avellaneda.
En tanto, alumnos de los colegios Julio Cortázar, Normal 8, Claudia Falcone y la Escuela de Danzas 1, Rogelio Yrurtia, Escuela de Música Juan Esnaola, el Liceo 5 y el Rodolfo Walsh votaban para comenzar las medidas
La ministra Acuña anunció en este contexto que reclamará a las familias de los estudiantes de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Mariano Acosta involucrados en la toma del establecimiento el pago del “costo laboral de salarios del personal docente” durante la vigencia de la medida de protesta, equivalente a $1,5 millón diario.
Según indicaron desde la cartera educativa, la decisión regirá para los padres y las madres de los alumnos del Mariano Acosta, aunque adelantaron que se hará extensiva a los restantes colegios que permanecen tomados.
Acuña también había adelantado que promovería “una denuncia penal” contra los padres de los estudiantes que participen de la toma.
Según fuentes del gobierno porteño, la denuncia se basa en el artículo 60 del Código Contravencional, que pena a quien ingrese o permanezca contra la voluntad del titular del derecho de admisión, en lugares públicos o de acceso público o privado.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) indicó que “no son viables jurídicamente” las denuncias que el gobierno porteño anunció que realizará contra los padres y madres de las y los estudiantes que llevan adelante tomas. “No se puede criminalizar estas protestas en lugares de estudios, que están aseguradas por muchas convenciones, entre ellas la de los Derechos del Niño”, afirmó la organización a través de una serie de mensajes que difundió a través de la red social Twitter.
La CEB, a través de un comunicado, señaló que mantendrá la toma hasta que la ministra Acuña “brinde respuestas” a sus reclamos.
Los estudiantes reclaman, además, “contra la intromisión política de las autoridades del Ministerio de Educación que busca censurar la actividad de los Centros de Estudiantes en las escuelas”.
Por otro lado, denunciaron el “paupérrimo sistema de alimentación” y reclamaron que “mejore la calidad de la comida en las escuelas”, además de exigir que “se duplique la cantidad de viandas enviadas, ya que hoy no resultan suficientes”.
Cuestionaron además la obligatoriedad de las prácticas laborales impuestas por el gobierno de la ciudad y exigieron “participación en esas decisiones”.