Los abogados querellantes pidieron ayer la condena del ex juez federal de Salta Ricardo Lona, acusado de no haber investigado el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone. Este hecho se cometió el 11 de marzo de 1976, en el mismo acto los secuestradores asesinaron al testigo Santiago Arredes e intentaron hacer lo mismo con otra testigo, Margarita Martínez de Leal.
Los abogados querellantes María José Castillo, de Encuentro, Memoria, Verdad y Justicia, y Gastón Casabella, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, adelantaron a Salta 12 que pedirán que el ex juez sea condenado como partícipe necesario de estos hechos, por entender que su rol no fue el de un mero encubridor, sino que fue parte del engranaje represivo.
En el juicio varios ex detenidos afirmaron que Lona no prestaba atención a sus denuncias por las torturas que sufrían. Incluso dos ex jueces, Martha Sofía Poma y el actual ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, Marcelo López Arias, han relatado que el acusado no tramitaba los hábeas corpus que presentaban buscando datos de víctimas de la represión estatal. "Creemos que quedó clara esa participación en este debate oral porque se ha escuchado a las víctimas del terrorismo de Estado en Salta narrar que denunciaron las torturas que sufrieron y que el juez no hizo nada", añadió Castillo.
"Eso nos indica que el rol que tenía Lona era funcional al régimen que estaba instaurado", concluyó. Recordó que en todos los juicios de lesa humanidad realizados en la provincia se vienen escuchando testimonios que dan cuenta de que el juez "rompía los hábeas corpus, los cajoneaba, no hacía nada frente a las denuncias que realizaron víctimas que pudieron sobrevivir y personas que fueron desaparecidas o asesinadas por el régimen".
"Para nosotros está claro que tiene una participación primaria en el hecho principal que es el homicidio y la desaparición de Ragone, y en cuanto a las otras víctimas circunstanciales", sostuvo la abogada, que expuso su alegato en la jornada de ayer, en el Salón de Grandes Juicios del Poder Judicial de Salta. "Él ya estaba sistemáticamente adherido al plan (de eliminación de personas), entonces no es un mero encubridor de los hechos, es un partícipe necesario porque su aporte es esencial, sin su aporte no se hubieran realizado los hechos", sostuvo por su parte Casabella, que también alegó ayer. El abogado destacó el fallo de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que anteayer confirmó la condena en Mendoza a los ex jueces de la dictadura Luis Miret, Guillermo Max Petra Recabarren, Rolando Evaristo Carrizo y Otilio Romano, por los delitos de lesa humanidad de privación ilegítima de la libertad, aplicación de tormentos y homicidio calificado, entre otros.
Por Elbio Evangeliste
