El Senado aprobó ayer por unanimidad una ley que establece que le será quitada la responsabilidad parental (patria potestad) a cualquiera de los progenitores cuando sea condenado por lesiones graves o el asesinato de su cónyuge. También, si es hallado culpable de abuso sexual infantil.
También, la Cámara alta aprobó un proyecto sobre protección de los derechos de víctimas de delitos.
En el marco de una sesión dedicada casi en su totalidad al debate de proyectos relacionados con víctimas directas o indirectas de femicidios, violencia intrafamiliar y delitos comunes, el Senado aprobó una ley referida expresamente a la patria potestad.
La nueva norma, que fue aprobada con 47 votos y girada al Poder Ejecutivo para su promulgación, agrega un nuevo artículo al Código Civil y Comercial a fin de dejar establecido que le será quitada la responsabilidad parental a cualquiera de los progenitores cuando sea condenado por el asesinato de su cónyuge.
Lo mismo ocurrirá cuando uno de los progenitores sea condenado por lesiones graves o abuso sexual contra su cónyuge o contra los hijos de la pareja y también cuando cualquiera de esos delitos sea cometido en grado de tentativa.
El proyecto fue elaborado por la senadora del PJ-Frente para la Victoria Marina Riofrío y tras ser aprobado por el Senado, la Cámara de Diputados lo modificó el año pasado y lo devolvió para su sanción definitiva.
Durante la sesión, Riofrío recordó que la iniciativa fue presentada luego de que se conociera que José Arce, condenado por el asesinato de su esposa, Rosana Galliano, mantenía la responsabilidad parental sobre los hijos de la pareja mientras cumplía con arresto domiciliario.
En línea con este tema, el Senado aprobó además —también por unanimidad— y giró a la Cámara de Diputados otros proyecto que establece una reparación económica igual a una jubilación mínima y cobertura integral de salud para hijos e hijas víctimas colaterales de femicidios, hasta su mayoría de edad.
Por otra parte, la Cámara alta también aprobó después de un debate de varios meses una proyecto de ley sobre protección de los derechos y garantías de las víctimas de delitos, que crea la figura del defensor público de la víctima.
La iniciativa fue aprobada por unanimidad con 58 votos a favor y devuelta con cambios a la Cámara de Diputados, que la votó en 2016 con el impulso del Frente Renovador de Sergio Massa.
Asistencia a las víctimas
El proyecto plantea la creación de centros de protección y asistencia a las víctimas en todo el país y establece que las víctimas de delitos deben ser notificadas sobre las excarcelaciones, los permisos de libertad condicional o las salidas transitorias que se le otorguen a los condenados y acusados.
La principal modificación que introdujo el Senado al texto de Diputados es la creación de la figura del defensor público de víctimas, cargo que ocupará un magistrado por cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires, 24 en total.
El senador del PJ-FPV Rodolfo Urtubey precisó que "ese cargo deberá ser concursado y deberá tener acuerdo del Senado" como tienen todos los fiscales, defensores y jueces.
Además habrá 123 procesretarios y secretarios letrados que pasarán a ser nombrados con el cargo de defensores coadyuvantes, a las órdenes de los 24 defensores públicos de las víctimas.
Por su parte, el presidente de la comisión de Justicia y Asuntos Penales, Pedro Guastavino, también del PJusticialista-Frente para la Victoria, destacó que "es necesario avanzar en una ley específica que apunte a las garantías para las víctimas".
Guastavino puso de relieve que el proyecto apunta a "reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito" a "aportar información y pruebas, a ser escuchadas ante cualquier acción que implique la libertad del imputado" y a que "le sean reintegrados los bienes sustraídos con la mayor urgencia".
La propiedad de Buenos Aires al 1000 está vinculada a Lelo Pérez, expareja de Vicky Xipolitakis
Por Lucas Ameriso
