La Corte Suprema de Justicia puso hoy en vigencia la ley de glaciares que protege reservorios de agua y limita desde las zonas periglaciares la actividad minera a cielo abierto, considerada contaminante, al revocar medidas cautelares dictadas en San Juan que frenaban su aplicación.
El fallo fue destacado hoy por diputados nacionales de la oposición, mientras el fiscal de estado de San Juan, Guillermo De Sanctis, dijo que resta que la Corte “se expida sobre el tema de fondo, el planteo de inconstitucionalidad” de la norma.
En aparente desafío a la resolución del máximo tribunal del país, el funcionario sanjuanino dijo que el gobierno provincial “va a demostrar que la ley nacional es innecesaria”, ya que la norma de protección ambiental de San Juan “está más avanzada que todos en cuanto a los glaciares”.
La Corte dejó sin efecto medidas cautelares dictadas por la justicia federal de San Juan y despejó el camino para que se realice un inventario de los glaciares en todo el país, como indica la ley nacional, que estaba suspendida desde hace un año.
Las cautelares fueron pedidas por las empresas mineras Barrick Exploraciones Argentina SA y Exploraciones Mineras Argentinas SA, y por el sindicato Asociación Obrera Minera Argentina, sobre el polémico emprendimiento de Pascua Lama que se encuentra en construcción sobre tierras que cruzan la cordillera entre Argentina y Chile.
La Corte cuestionó al juzgado federal de San Juan al sostener que no se advierte cuáles son los “efectos irreparables” en los intereses de las empresas que advirtió el juez para suspender la aplicación de ley de glaciares.
Esa norma busca preservar a los glaciares y al ambiente periglacial, como reserva estratégica de recursos hídricos para consumo humano, agricultura y recarga de ríos.
El fallo, firmado por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Carlos Fayt, Santiago Petracchi y Juan Carlos Maqueda, consideró que la cautelar del juzgado de San Juan “no aparece como un remedio proporcionado a la naturaleza y relevancia de la hipotética ilegitimidad que se denuncia”.
“Ello es así, no sólo por la falta de adecuación entre la violación constitucional alegada y las consecuencias de la medida dispuesta, sino también porque, en la tarea de ponderación, el juez debió haber tenido en cuenta que una cautelar que suspende la vigencia de la parte esencial de la ley 26.639 tiene una significativa incidencia sobre el principio constitucional de división de poderes”, añadió.
También cuestionó al juzgado sanjuanino al resolver que la cuestión “debió ser evaluada con criterios especialmente estrictos que no parecen haber sido considerados”.
Por su parte, el fiscal de Estado de San Juan, Guillermo De Sanctis, consideró “previsible” la revocación de las cautelares, pero advirtió que “falta que se expida sobre el tema de fondo, que es el planteo de inconstitucionalidad” sobre la norma. Según De Sanctis, la Corte “no ha dicho 'paren las rotativas, dejen de producir', sino que ha dicho que si todavía no se arranca ni siquiera con el inventario de glaciares, mal se puede suspender la ley, con lo cual va a haber mucho estrépito, se van a decir muchas cosas, pero no hay peligro jurídico alguno”.
El presidente de la Cámara Minera de San Juan, Jaime Bergé, coincidió con el funcionario y señaló que el fallo “no perjudica a la actividad minera en la provincia”, mientras aclaró que “las mineras no están afectando los glaciares, por eso creo que no habrá problemas”.
Legisladores nacionales de la oposición, entre ellos el radical Julio Martínez y Carlos Comi, de Coalición Cívica, destacaron su satisfacción por el fallo de la Corte y reclamaron la urgente aplicación de la Ley de Glaciares y la realización del inventario. Comi consideró que el fallo “pone un límite a los pactos del gobierno kirchnerista con las corporaciones mineras lideradas por la Barrick”.
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