Un fallo inédito aplicó penas de cárcel a quienes cazaron y despellejaron a un yaguareté, especie en peligro crítico con menos de 20 ejemplares en el Chaco
El yaguareté está en serio peligro de extinción.
Por primera vez en la historia argentina, cuatro hombres fueron juzgados mediante un juicio abreviado por cazar y despellejar un yaguareté, una especie protegida como Monumento Natural Nacional. La causa se resolvió en el Juzgado Federal N° 1 de Formosa, tras un acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal, las querellas ambientales y las defensas de los acusados.
El juez Morán condenó a dos años de prisión domiciliaria a tres personas que reconocieron haber matado, carneado y comido un yaguareté en la provincia de Formosa en el año 2024.
La participación activa de la Administración de Parques Nacionales y de la ONG Red Yaguareté como querellantes marca un hito: es la primera vez que una organización ambientalista interviene en una causa por muerte de fauna silvestre en Argentina.
"Nunca antes se había llegado a una instancia de juicio ni se había sancionado penalmente a personas por un ilícito contra un yaguareté, a pesar de la enormidad de casos y de lo que establecen las leyes", valoraron desde la ONG.
Según explicó Nicolás Lodeiro Ocampo, director ejecutivo de Red Yaguareté, “es un hecho histórico: la primera condena de prisión efectiva por matar un yaguareté”. Y subrayó la necesidad de actualizar la legislación: “La ley 22.421 tiene medio siglo. Hay que establecer penas más altas, con cumplimiento siempre efectivo en cárcel”.
El caso judicial se originó en julio de 2024, en una zona rural de Formosa, cuando los acusados, en su búsqueda de una vaca extraviada, hallaron al felino. Alegaron que actuaron por miedo, tras confrontación con sus perros, y dispararon con una escopeta, despellejaron al animal y compartieron fotos junto al cuerpo.
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La gravedad del hecho fue tal que puso en evidencia la crítica situación del yaguareté: en el Gran Chaco argentino quedan apenas unos 20 ejemplares, y el animal está en peligro crítico de extinción.
Hoy, el fallo judicial no solo marca un antecedente límite en materia de protección ambiental, sino que también subraya la necesidad de políticas más firmes contra la caza furtiva, la pérdida de biodiversidad y el tráfico ilegal de fauna.
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