El Consejo de Ministros de España se prepara para iniciar la tramitación de un real decreto destinado a regularizar a aproximadamente 500 mil inmigrantes.
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Tendrán papeles todas las personas que estuvieran en España antes del 31 de diciembre del año 2025 y que puedan demostrar al menos cinco meses de residencia.
El Consejo de Ministros de España se prepara para iniciar la tramitación de un real decreto destinado a regularizar a aproximadamente 500 mil inmigrantes.
Esta medida, impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez, busca otorgar seguridad jurídica y garantizar derechos a quienes ya forman parte de la realidad social del país.
El plan es fruto de un acuerdo entre el Psoe y el partido Podemos, anunciado por la eurodiputada Irene Montero. La regularización alcanzará a todas aquellas personas que hayan ingresado a España antes del 31 de diciembre de 2025 y que puedan demostrar al menos cinco meses de residencia efectiva en el territorio.
Para acreditar este tiempo de permanencia, los interesados podrán utilizar diversos medios:
Uno de los puntos más destacados del proyecto es que la sola admisión a trámite de la solicitud otorgará automáticamente una autorización de residencia y trabajo por un año. Además, este paso suspenderá cualquier procedimiento de retorno o las órdenes de expulsión por motivos administrativos que pesaran sobre el solicitante. Una vez cumplido el primer año, se podrá tramitar una autorización ordinaria bajo el reglamento de extranjería vigente.
El Ejecutivo comunicó esa iniciativa después de que la secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, anunció el acuerdo con el PSOE con el objetivo de regularizar a alrededor de medio millón de personas.
Al tramitarse como un real decreto, el gobierno español no requiere de su convalidación parlamentaria y puede esquivar así la falta de apoyos que los socios del ejecutivo encontraron en materia migratoria.
Según Montero, la medida implica “que tendrán papeles todas las personas que estuvieran en España antes del 31 de diciembre del año 2025 y que puedan demostrar al menos cinco meses de residencia”.
Podrán hacerlo con el empadronamiento municipal, pero también con otros medios como un informe médico, un contrato de suministro eléctrico o un certificado de envío de dinero, algo muy demandado por las entidades sociales debido a las dificultades que muchas veces enfrentan las personas en situación de irregularidad para acceder al padrón.
La admisión a trámite de la solicitud ya dará una autorización de residencia y trabajo por un año y suspenderá automáticamente los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que pesaran sobre la persona.
Al término de ese año podrá solicitarse una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.
Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones precisaron que este real decreto tiene como objetivo garantizar derechos y dar seguridad jurídica a una realidad social existente.
Gobiernos liderados tanto por el PSOE como por el conservador Partido Popular (PP) aprobaron desde los años 80 hasta ocho procesos extraordinarios de regularización de inmigrantes con los que intentaron reducir el creciente número de inmigrantes extranjeros sin derechos y luchar también contra la economía informal.
Actualmente, se estima que unos 415.000 argentinos residen en España de forma legal, de los cuales el 44% cuenta con doble nacionalidad. Si bien los argentinos en situación irregular representan una minoría en comparación con otras nacionalidades latinoamericanas, como la colombiana (290.000) o la peruana (110.000), aquellos que no tengan sus documentos al día podrán acogerse a este nuevo beneficio si cumplen con los plazos de residencia estipulados.
Al tratarse de un real decreto, el Ejecutivo de Sánchez puede implementar la medida sin necesidad de una convalidación parlamentaria, lo que le permite avanzar a pesar de la falta de apoyos en el Congreso en materia migratoria.
Esta iniciativa se suma a otros ocho procesos extraordinarios realizados desde los años 80 por distintos gobiernos, con el fin de reducir la economía informal y asistir a una población migrante que, según datos de la fundación Funcas, alcanza las 840.000 personas en situación irregular en todo el país, de las cuales el 91% proviene del continente americano.
El centro de análisis Funcas (Fundación de las Cajas de Ahorros) informó este lunes que la cifra de migrantes que viven en España en situación administrativa irregular sigue creciendo y ya se sitúa en 840.000 personas.
Por origen, destacan las nacionalidades del continente americano (760.000), que representan el 91 % del total de la inmigración irregular, y en especial la colombiana (cerca de 290.000), la peruana (casi 110.000) y la hondureña (90.000).
Las nacionalidades africanas (50.000), asiáticas (15.000) y europeas (14.000) se encuentran a bastante distancia.
Los datos son anteriores a la última reforma del reglamento de extranjería español, que entró en vigor en mayo de 2025 e introduce cambios para flexibilizar el acceso a la regularización por arraigo. Por eso se estima que la cifra es menor y se situaría en medio millón de personas.
El municipio envió al Concejo el proyecto para adherir a la ley provincial que prohíbe la actividad de los trapitos. Contempla multas de hasta $907.600, tareas comunitarias e intervención policial para retirar a los trapitos de las calles.
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