Las Condes, una comuna de Santiago de Chile donde vive gente de alto poder adquisitivo, es pionera en América Latina en implementar el uso de drones para aumentar la seguridad ciudadana, vigilando espacios públicos y otros puntos donde las autoridades detectan mayores índices de delitos.
El objetivo de la vigilancia con vehículos aéreos no tripulados es "impedir que grupos se junten en algunas áreas a beber alcohol o consumir drogas, y evitar el tráfico de estupefacientes", explicaron voceros comunales.
Fuentes de la municipalidad informaron que la brigada de vigilancia aérea municipal fue capacitada durante meses para tener la certificación de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) para usar los drones.
Con un horario de funcionamiento que comienza a las 18 y se extiende hasta la medianoche, el balance de la implementación de esta tecnología en favor de la seguridad, hasta el momento, ha obtenido buenos resultados.
A tal punto las autoridades lo consideran un éxito que el alcalde (intendente) pinochetista y ex candidato presidencial Joaquín Lavín aseguró que solicitarán "a dos condominios residenciales de la comuna que, a través de una decisión del consejo de copropiedad, nos autoricen para poder grabar en sus plazas interiores".
Esta decisión del alcalde se sostiene en los protocolos de uso que rigen por las recomendaciones del Consejo para la Transparencia del Estado, donde las grabaciones realizadas por los drones sólo pueden ser guardadas durante 30 días, para luego ser borradas.
Según la norma, cualquier chileno puede solicitar acceso a las filmaciones y también pedir que se eliminen aquellas en la que se encuentre su imagen.
Las Condes no sólo reforzó su policía municipal con el uso de drones, también lo ha hecho con el uso de globos aerostáticos, los cuales se suman a la vigilancia con cámaras de alta definición.
En Chile, la DGAC se rige con la normativa DAN 151 del 2015 para el uso de esta tecnología en el país, siendo la primera de este tipo a nivel latinoamericano.
La norma establece que las personas o entidades que deseen operar un drone en el ámbito público deberán obtener una autorización de la DGAC, registrando su aeronave, presentando una declaración jurada que certifique que el operador ha recibido instrucción, firmando una declaración de responsabilidad solidaria por si ocurre un accidente y por último, pidiendo una solicitud de vuelo.
En este sentido, el Departamento de Ingeniería Geográfica de la Universidad de Santiago (Usach) lanzó el diplomado de "uso de drones para la captura y procesamiento de información geoespacial", programa de estudio único en Chile, con una duración de cuatro meses donde, al finalizar, los estudiantes podrán acceder directamente a la credencial que permite el vuelo.
Por su parte, la organización Derechos Digitales lanzó una campaña para que los vecinos de Las Condes envíen sus opiniones sobre el uso de drones de vigilancia ciudadana: "Si te has sentido vulnerado o vulnerada por los drones, por favor escríbenos a [email protected]", invita desde su web. "Consideramos que este tipo de tecnología puede ser atentatorio del derecho a la privacidad".
Por Juan Iturrez
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