Los jueces Dante Ibáñez, Rafael Macoritto y Fabián Fradejas están convencidos de que hicieron lo correcto en el caso Belén. A las críticas que recibieron de parte de instituciones y organizaciones sociales se sumaron dos dictámenes de Edmundo Jiménez, jefe de los fiscales y defensores oficiales, que defenestran el proceso en general y las decisiones de la Sala III de la Cámara Penal en particular. En esas condiciones delicadas, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán dictaminó la libertad de la joven que pasó dos años presa.
Los miembros del tribunal que fallaron el 19 de abril dicen que el proceso se desarrolló sin contratiempos "hasta que se volvió un asunto político". Explican que ni siquiera comprenden por qué, a posteriori de la sentencia condenatoria, la acusada pasó a llamarse "Belén" tras un debate oral y público. "No hay razón alguna para preservar la identidad de la acusada, que no es menor de edad (tenía 28 años al momento del juicio) ni fue víctima de delitos sexuales", coincidieron.
"Aplicamos la doctrina que la Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó en el caso de la jujeña Romina Tejerina, donde la imputada alegó que el bebé había sido producto de una violación", precisó Ibáñez. Y enfatizó que nadie habló nunca de aborto, sino de parto prematuro.
"Los testimonios e informes nos permitieron llegar a la certeza de que había nacido un niño con vida; que el deceso se produjo por un traumatismo encefalocraneal y que el cordón umbilical había sido cortado por desgarro, a partir de un tironeo, cuyas terminaciones coincidían con el pedazo de cordón hallado en el cuerpo de la imputada", dijo Macoritto. Los hechos debatidos acaecieron el 21 de marzo de 2014, entre las 3 y las 4 de la madrugada, en la guardia del Hospital Avellaneda. La acusada desconoció el embarazo y el cuerpo del niño fue hallado en un retrete del centro sanitario.
Una refutación calificada. Tras la condena, la abogada de la acusada, Soledad Deza, solicitó un recurso de casación para revisar el fallo. Días después, recibió el apoyo del ministro fiscal Edmundo Jiménez, quien luego de analizar la causa pidió a la Suprema Corte que se le otorgue la apelación. Además, esgrimió severas críticas al fallo.
El análisis de Jiménez no era vinculante, él no puede ordenar que se otorgue la casación a la defensa de la imputada, pero su opinión tiene peso.
Para el ministro fiscal el fallo del tribunal fue "arbitrario y por ende, nulo". "Se deja entrever un prejuicio de falsedad desde el comienzo de la investigación respecto a los dichos de la imputada", subrayó, y consideró que la joven condenada no había sido tratada como se debía en el hospital público al que asistió y en el que se desarrollaron los acontecimientos.
Según recogió el diario La Gaceta, Jiménez entendió que Belén estaba en una situación de "vulnerabilidad física y mental", algo que en su opinión, no fue tenido en cuenta por los jueces. Para argumentar esto, sostuvo que la condenada era muy joven, tenía un bajo ingreso económico y no tenía un trabajo que la "dignificara", y que además presentaba elevados niveles de angustia y una personalidad pobremente integrada.
"Belén desconocía estar embarazada y los testimonios de la gente que la vio dicen que no parecía estarlo. (Ella) dijo que no había dejado de menstruar, no tenía movimientos en el vientre, su cuerpo estaba igual y no le habían crecido los pechos. Había asistido a la guardia por unos cólicos, con su madre, quien tampoco sabía del embarazo", relató.
