El gobierno nacional dispuso ayer la intervención administrativa, técnica y operativa de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), concesionaria de las ex líneas metropolitanas Sarmiento y Mitre, con carácter temporal de 15 días o hasta que se defina el peritaje judicial que investiga los motivos de la tragedia ferroviaria de la estación porteña Once, que provocó 51 muertos y 703 heridos el miércoles último.
El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, realizaron el anuncio un día después de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dijera en el acto del Bicentenario de la creación de la Bandera, en Rosario, que tomaría las decisiones "necesarias" cuando la justicia se expida sobre las causas de la tragedia.
De Vido admitió que con esta medida "habrá menos trenes", por lo que se dispondrá el traslado de los pasajeros también en colectivos. A su vez, Schiavi pidió "colaboración a los usuarios" de esos servicios porque "no vamos a poder llevar a todos" en los trenes. "Quizás vamos a tener algunos trenes menos, quizás vamos a tener horarios distintos a los diagramas habituales y esto no debería provocar situaciones de zozobra", apuntó.
Schiavi adelantó al respecto que se garantizará el transporte mediante "servicios alternativos de colectivos a lo largo de las estaciones". "El espíritu de la intervención es apuntar a la seguridad y la tranquilidad de los pasajeros, que suman entre 260 mil y 300 mil por día, 80 por ciento de los cuales son trabajadores", dijo el secretario.
La resolución 199 del Ministerio de Planificación Federal de- signa como interventor al ingeniero Raúl Jorge Baridó, quien venía cumpliendo funciones en la Sindicatura de la Nación.
El gobierno consideró necesario "actuar de forma inmediata ante circunstancias graves como la presente", a seis días de producirse el accidente en la estación Once.
El ministro señaló que "algunos concesionarios de ferrocarriles fueron advertidos y sancionados, mientras otros realizaron correcciones y mejoras, y hoy se está evaluando en la justicia con las pericias correspondientes, si alguna ha sido causa determinante del accidente ocurrido".
De Vido advirtió que la justicia evaluará "si algún incumplimiento (de parte de la concesionaria) fue causa del accidente". El ministro también hizo referencia a una declaración atribuida al maquinista de la formación que sufrió el accidente el miércoles pasado, Marcos Córdoba, "en la que decía que uno de los motivos por los cuales no paró fue por temor a ser agredido" por los usuarios.
Pedido del fiscal. Por su parte, el fiscal federal Federico Delgado requirió ayer que el Ministerio de Planificación Federal informe a la justicia si hizo cumplir a TBA las sanciones y multas que le había impuesto la Comisión Nacional de Regulación del Transporte por el servicio en la línea Sarmiento.
También solicitó que la Bolsa de Valores "rectifique o ratifique" las informaciones periodísticas sobre el presunto destino financiero y especulativo que TBA dio a los subsidios millonarios que recibió de la cartera que dirige De Vido.
En tanto, el presidente del bloque de diputados Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, consideró ayer "correcto intervenir TBA mientras se espera el peritaje judicial", aunque reclamó que el Estado rescinda el contrato con la empresa. Sabbatella aseguró que "la concesionaria ha demostrado su incapacidad para cumplir el contrato, lo cual afecta diariamente a miles de pasajeros y trabajadores", y ratificó su convicción de que "es necesario rescindir el contrato de TBA".
Por su lado, el diputado nacional del FAP (Frente Amplio Progresista) Roy Cortina opinó que "es una reacción tardía e insuficiente del gobierno nacional frente a una tragedia que lo desbordó y que dejó en evidencia las graves falencias de su política ferroviaria, continuadora fiel de la implementada por el menemismo en los 90".
En cambio, el diputado nacional del PRO Julián Obiglio, sostuvo que "la intervención de TBA es realizada por el gobierno para ocultar las pruebas que incriminan a sus funcionarios. Esta medida demuestra que la matriz de corrupción llega hasta el nivel presidencial. La intervención debe ser dispuesta por la justicia para poder preservar las pruebas. Los funcionarios del gobierno van a ocultar todos los elementos que los incriminan. Es una locura que el gobierno, que debe ser imputado, intervenga la empresa y se haga cargo de todos los elementos que deben ser auditados por la justicia". El presidente del Consejo Económico y Social de Buenos Aires, Sergio Abrevaya, dijo que "el deterioro de los trenes se ha producido por la connivencia existente entre la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, TBA, De Vido y Schiavi. Es imposible que la presidenta no supiera que más de la mitad de los subsidios es utilizada para el enriquecimiento personal de sus funcionarios".
Por otro lado, el titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Leandro Despouy, entregó ayer al juez federal Claudio Bonadío las tres auditorías sobre el funcionamiento de TBA. Despouy cumplió en persona en los tribunales de Retiro el pedido del magistrado para que la AGN aporte los informes. Se trata de las auditorías sobre TBA de 2001, 2003 y 2008, mientras Despouy adelantó a Bonadío que le hará llegar la nueva auditoría que el pleno de la AGN aprobará hoy.
Por último, el ministro Julio De Vido destacó que "el ferrocarril viene de un proceso gigantesco de deterioro desde 1958 hasta 2003" y remarcó que "hemos hecho una serie enorme de inversiones".
De Vido instó finalmente a "cuidar los bienes del Estado porque los más perjudicados cuando se rompe una formación son los más pobres, como siempre". l (Télam y DyN)
34 años
El ingeniero Raúl Baridó, designado ayer por el gobierno nacional como interventor del Estado en TBA, actúa como gerente de la Sindicatura General de la Nación (Sigén), que lo propuso al frente de la concesionaria. Raúl Baridó, informó la Sigén, lleva 34 años de trayectoria en el organismo.
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