La Cámara de Diputados convirtió ayer en ley con amplio apoyo el proyecto que crea un banco de datos genéticos para personas condenadas con sentencia firme por delitos contra la integridad sexual.
La Cámara de Diputados convirtió ayer en ley con amplio apoyo el proyecto que crea un banco de datos genéticos para personas condenadas con sentencia firme por delitos contra la integridad sexual.
La iniciativa fue sancionada con 211 votos a favor y uno en contra, luego de que el Senado aprobara la norma el 31 de agosto de 2012.
El Registro almacenará y sistematizará la información genética asociada a una muestra o evidencia biológica que hubiere sido obtenida en el curso de una investigación criminal y de toda persona condenada con sentencia firme por los delitos contra la integridad sexual.
Sobre ellos, además de la información genética, quedarán registrado: nombres y apellidos, seudónimos o sobrenombres, fotografía actualizada, fecha y lugar del nacimiento, nacionalidad, número de documento de identidad y autoridad que lo expidió; domicilio actual, para lo cual el condenado, una vez en libertad, deberá informar a la autoridad los cambios de domicilio que efectúe.
También se almacenará la información genética de autores no individualizados. Para esto se conservarán las muestras obtenidas de los cuerpos de las víctimas de estos delitos y toda evidencia biológica obtenida en el curso de una investigación que pueda corresponder al autor de la violación.
La práctica se concretará cuando la sentencia en un caso de delito contra la integridad sexual se encuentre firme, el juez o tribunal ordenará de oficio los exámenes necesarios para lograr la identificación genética del condenado e inscripción en el Registro.
Además, la norma establece que los exámenes genéticos se practicarán en los laboratorios debidamente acreditados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.
La ley establece, además, que el juez o tribunal ordenará de oficio los exámenes tendientes a lograr la identificación genética del condenado y su inscripción en el Registro.
En tanto, las constancias obrantes en el registro serán consideradas datos sensibles y de carácter reservado y se conservarán de un modo inviolable e inalterable los archivos de información genética.
El titular de la comisión de Legislación Penal, el oficialista Oscar Albrieu, explicó que no se trata de un banco al que podría acceder cualquier persona, ya que todos los datos serán suministradas a jueces y fiscales en el marco de alguna investigación por abuso sexual.
Se mantendrá 100 años. La información del registro, que funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, sólo será dada de baja trascurridos cien años desde la iniciación de la causa, ya que "no rigen a este respecto los plazos de caducidad establecidos por el Código Penal".
Este fue uno de los cuestionamientos de la oposición, y el radical Manuel Garrido consideró que "no hay necesidad" de conservar los datos durante tanto tiempo, al sostener que "es un termino exagerado que rompe la tradición argentina en la materia".
En tanto, el diputado de la Coalición Cívica, Alfonso Prat Gay, afirmó que le preocupaba "la utilización de las muestras", ya que —según dijo— la norma deja abierta la posibilidad a que se guarden datos de "anónimos" correspondientes a casos no resueltos.
Pese a las críticas, el proyecto se aprobó con 211 votos afirmativos y uno negativo, correspondiente a la diputada Marcela Rodríguez, que aseguró que el texto "contradice las reformas feministas de los setenta, uno de los pocos avances contra la violencia sexual contra las mujeres".
A su entender, la ley "no comprende quiénes son los violadores, quiénes son las violadas y por qué se cometen las violaciones".
Un delito con alta reincidencia
En los delitos contra la integridad sexual existe un alto grado de reincidencia, además de la dificultad para obtener la prueba ya que los delincuentes buscan un ámbito aislado donde no haya testigos para concretar sus ataques. El proyecto tomó como base la Ley Megan, sancionada en 1994 en Estados Unidos, que ya tiene un registro de violadores. Megan era una niña de seis años que fue asesinada por un hombre que había estado preso por otras violaciones.
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