Un empresario agropecuario salteño fue condenado a seis meses de prisión por desmontar un predio sin autorización y por desobedecer una orden de clausura y sembrar con el empleo de 157 trabajadores en negro y de niños, en condiciones infrahumanas.
Por primera vez en la Argentina, la Justicia condenó a seis meses de prisión a un empresario que, desobedeciendo una clausura, siguió cultivando en un predio de diez mil hectáreas al que previamente había desmontado sin autorización. El empresario sancionado por la Justicia de Salta es Juan José Karlen, quien está asentado en la localidad de Dragones, en el noroeste de la provincia, según publicó el diario Página 12 en su edición digital. El caso tiene una serie de agravantes, dado que una investigación de la Afip que había comenzado en abril de 2013 detectó la presencia de unos “157 empleados no declarados, entre los que había menores, que eran sometidos a condiciones infrahumanas” de trabajo y vivienda en los campos de Karlen.
El empresario tenía bajo sus dominios unas 16.600 hectáreas que en el año anterior le habían generado ventas por 70 millones de pesos, según lo que él mismo había declarado.
Lo curioso del caso es que recién después de la denuncia del organismo de control tributario nacional, la Secretaría de Ambiente de la provincia descubrió que el imputado no tenía permisos para desmontar, por lo que ordenó el cese de las actividades y clausuró con fajas el predio, aunque el empresario luego las rompió y siguió produciendo como si no tuviera ningún impedimento legal.
Ante otra denuncia de Ambiente, la vocal de la sala II del Tribunal de Juicio de Tartagal, Azucena Vázquez, condenó el 2 de octubre pasado a Karlen a la pena de seis meses de prisión condicional por encontrarlo autor penalmente responsable del delito de “desobediencia a la autoridad”.
“La condena fue al titular registral de la finca por las pruebas que tenemos. Ni Karlen ni los otros acusados declararon y pese a que tenía denuncias de que Daniel Karlen (hijo del condenado y absuelto en el caso) era el que dirigía los trabajos, no tuve pruebas”, dijo la magistrada. Agregó que el empresario, durante dos años, debe cumplir con las siguientes “reglas de conducta”: constituir domicilio, someterse al cuidado del patronato de liberados, evitar el consumo de estupefacientes y el abuso de bebidas alcohólicas.
Por su parte, Noemí Cruz, de Greenpeace, organización ecologista que realiza un permanente seguimiento del cumplimiento de la ley de bosques, consideró “muy preocupante que, sin que ninguna autoridad provincial lo note, durante los primeros meses de 2013 se haya desmontado ilegalmente una finca de 16.600 hectáreas que es casi el tamaño de la ciudad de Buenos Aires”.
En cuanto al fallo de la jueza por desobediencia a la autoridad, opinó que “es un paso alentador, aunque la condena parezca leve sienta un precedente. Pero falta: la provincia deberá asegurar la recomposición ambiental tal como lo establece la ley de bosques”.
Greenpeace aclaró que fue la entidad la que había denunciado el caso en 2013. En un comunicado, puntualizó que dieron precisiones sobre el desmonte y sobre la presencia de 157 trabajadores, entre ellos varios menores de edad.
El diputado del Partido Obrero, Claudio Del Plá, celebró la condena recibida por el empresario sojero por “desmontes ilegales” pero señaló que hubo “complicidad” del gobierno provincial. El diputado salteño del PO sostuvo que “los desmontes ilegales son un problema político” y recordó que “desde el bloque del PO hace tiempo presentamos un proyecto para que no hayan desmontes por dos años” en la provincia.
“Estas 100 mil hectáreas que se desmontaron ilegalmente, se voltearon con complicidad del gobierno porque con la tecnología que existe no se pueden desmontar y que nadie se entere”, aseguró Del Plá.
