Comienzan a exhumar las fosas comunes de la Masacre de Napalpí

El Equipo Argentino de Antropología Forense comenzará hoy excavaciones y exhumaciones en las fosas comunes de la zona donde ocurrió la Masacre de Napalpí, en la provincia del Chaco, informó ayer el fiscal federal Diego Vigay.

El integrante de la Unidad Fiscal Penal en Derechos Humanos indicó que la medida fue ordenada por la jueza federal de la ciudad chaqueña de Resistencia, Zunilda Niremperger, en el marco del juicio por la verdad que se promueve para esclarecer la masacre ocurrida el 19 de julio de 1924.

La Unidad Fiscal investiga el asesinato de alrededor de 700 hombres, mujeres y niños pertenecientes a las etnias qom y moqoit en un caso considerado por esa fiscalía como crímenes de lesa humanidad, que sucedió el 19 de julio de 1924.

El lugar donde trabajarán los antropólogos está ubicado a 148 kilómetros al noroeste de Resistencia, en el Lote 39 de Colonia Aborigen, que está al costado de la ruta nacional número 16, donde se buscarán fosas comunes.

Vigay dijo que por razones de jurisdicción la medida judicial "estará a cargo del juez federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, Miguel Aranda, y contará con la colaboración de la Municipalidad de Machagai".

También dijo que "en el lugar están señalizados cuatro lugares donde podrían encontrarse fosas comunes" y anticipó que "el trabajo podría realizarse en más de una etapa" de acuerdo al tiempo que esas tareas demanden y al clima.

Mientras tanto la Fiscalía Federal lleva adelante la investigación sobre los hechos históricos conocidos como la Masacre de Napalpí "con el criterio de que constituyen crímenes de lesa humanidad y el Estado Nacional tiene la obligación de juzgarlos en función de los compromisos asumidos ante la comunidad internacional".

En la apertura de la investigación se consideró "necesaria la búsqueda de la verdad y el ejercicio de la memoria histórica para que los hechos de violencia no se repitan, para establecer el por qué, cuándo y cómo se consumaron los hechos".

A la vez se pretende "saber quiénes son los máximos responsables y cuál es el origen y las motivaciones económicas, políticas o sociales que han conducido a su ejecución" con el objetivo de que "se conozca públicamente el contenido integral de esta historia de horror y que se reconozca socialmente a las víctimas".