Un proyecto de dos empresas de desviar un arroyo para crear un lago artificial de 8 mil hectáreas destinado al riego de unas 18 mil donde cultivan arroz, cerca de la ciudad correntina de Mercedes, es resistido por varias entidades.
“Están preparados para empezar en septiembre las obras de la represa sobre el arroyo Ayuí”, dijo ayer Guillermo Cardozo, de la Fundación Reserva del Iberá.
Desde Mercedes, en el centro de la provincia, el licenciado en biodiversidad y coordinador de la organización indicó que “inventar un curso de agua provocará serios daños ambientales y sociales. Para plantar sus cultivos regarán y usarán fertilizantes y plaguicidas. Esas aguas volverán luego al río Uruguay ya no como agua limpia, tendrán agrotóxicos”.
Al explicar la dimensión del proyecto recordó que “la emblemática laguna del Iberá tiene 5 mil hectáreas, mientras la proyectada es de 8 mil. Las obras son impulsadas por las empresas Adeco Agro (del magnate George Soros) y Copra (cuyo titular es José Antonio Aranda, vicepresidente del grupo Clarín). Ambas firmas poseen en la zona unas 77 mil hectáreas”, señaló Cardozo a La Capital.
“En esos terrenos ya producen arroz, pero quieren dar otro paso y plantar más. Esa ambición los lleva a apropiarse de un recurso público. Además, ellos mismos realizan las evaluaciones del impacto ambiental, entonces dicen que «está todo perfecto»”, resaltó el investigador y ambientalista correntino.
“La legislación es clara, el Código de Aguas dice que un Estado provincial no puede permitir que se altere un cauce de agua público. Pero la Legislatura correntina aprobó el proyecto de reordenamiento territorial de la ley de bosques que habilita el desmonte. Esto implica aceptar la posibilidad de cualquier actividad productiva sin tener en cuenta el riesgo ambiental como la erosión que sufrirán estos suelos quedando sin cobertura protectora”, resaltó.
Cardozo agregó que “el arroyo Ayuí nace en un estero cerca del Iberá, como un hilito de agua, luego crece y forma el espejo de agua”. Además, advirtió: “Hay alternativas de producción que podrían evitar semejante cambio en el medio ambiente. Por ejemplo, que las empresas realicen represas más pequeñas. Pero no tienen la mínima voluntad de reformular el proyecto. Lo que pasa es que tratan de hacer la menor inversión y aprovechar la mayor renta posible”.
El titular de la Fundación Iberá, Enrique Lacour, opinó: “Lo que pretenden es muy grave, la apropiación de un bien público por parte de empresas privadas es indisimulable”.
El fiscal Buenaventura Duarte, de la fiscalía de Instrucción 1 de Corrientes, recibió una denuncia sobre un posible vínculo entre el gobierno de Corrientes y el proyecto de las empresas Copra y Adeco Agro sobre la cuenca del arroyo Ayuí.
La diputada correntina María Inés Fagetti de Mansutti, titular de la Comisión de Ecología y Ambiente de la Cámara de Diputados, señaló anteayer que “existieron irregularidades en la Dirección de Recursos Forestales. En la zona del Ayuí aparecieron zonas verdes que habilitan los desmontes”.
“El proyecto prevé el desmonte de casi 200 kilómetros de costa con bosques nativos en ambas márgenes del espejo de agua. Esto significa que se desmontarán unos 400 kilómetros lineales de bosques”, agregó.
Por otra parte, al asistir ayer al acto en Yapeyú en honor al general San Martín, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, indicó: “Tenemos un equipo trabajando sobre en el proyecto de anegamiento de tierras de la cuenca del Ayuí. l
