Uruguay fue pionero en establecer el derecho al agua potable en su constitución nacional hace casi dos décadas, a través de la Reforma Constitucional del artículo 47, en el apartado “Derechos, obligaciones y garantías” que también establece los criterios para la gestión de recursos hídricos, que deben ser públicos y basarse en la participación ciudadana y sostenibilidad. Sin embargo, el 20 de junio, Montevideo declaró estado de emergencia hídrica debido a la escasez de agua.
Tres años consecutivos de sequía han agotado el embalse de agua dulce, y para evitar el desabastecimiento, la empresa estatal de abastecimiento de agua OSE, ha agregado gradualmente desde principios de año agua salobre del estuario del Río de la Plata.
A principios de mayo, la mezcla alcanzó los niveles máximos de sodio y cloruros recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y actualmente comprende el doble de esos niveles, concediéndole al agua cualidades sápidas.
Aunque las autoridades sostienen que los productos químicos solo afectan el sabor y el olor del agua y no necesariamente representan un riesgo para la salud de la mayoría de las personas, se ha advertido a algunos grupos vulnerables como infancias, mujeres embarazadas y personas con problemas de salud, que no beba el agua. Las afirmaciones contradictorias ponen en duda la seguridad para la población en general.
Mientras tanto, el Estado decretó medidas como exenciones de impuestos para el agua embotellada y la próxima construcción de un embalse de agua potable. Además el suministro de agua se garantizó para hospitales, residencias, centros de atención infantil y familiar. El gobierno uruguayo también estableció la entrega de dos litros de agua por día a unas veintiun mil personas beneficiarias de un programa.
Analistas culpan principalmente a la sequía que resultó ser la más aguda en más de 70 años. Pese a que Uruguay es naturalmente rico en agua, las precipitaciones son muy variables debido al impacto de los patrones climáticos de La Niña y El Niño. Además, los problemas son exacerbados por el calentamiento global, que profundiza los fenómenos climáticos haciendo que los años secos sean cada vez más secos, y los lluviosos, cada vez con mayor intensidad en precipitaciones.
Aunque los factores climáticos son solo una parte del problema, distintos investigadores y activistas ambientales han estado advirtiendo durante años que el creciente impacto de la agricultura y la silvicultura impulsadas por la exportación de productos agrícolas era insostenible.
Ya en 2014, la agrónoma Anahit Aharonian, advirtió en la mesa redonda de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV) en el marco del panel de expositores “A diez años de la Reforma Constitucional en Defensa del Agua”, el impacto ambiental que estaban causando el modelo utilizado para explotar los recursos forestales, celulósicos y sojeros en Uruguay. Señaló que las grandes plantaciones industrializadas precisan gran cantidad de agua para riego y fertilizantes como nitrógeno y fosfatos, que tienen un impacto nocivo en el agua. Además, destacó la necesidad de tomar en cuenta que la minería y la agricultura industrializada consumen grandes cantidades de agua y energía, generando contaminación que requiere la rápida construcción de grandes vías para el transporte de productos. Estos caminos, destacó, “muchas veces destruyen todo a su paso, incluidas las comunidades indígenas y los ecosistemas”.
Entonces, solo una pequeña porción del agua de Uruguay se utiliza para el consumo humano. De hecho, en 2019, el agua utilizada en la producción de arroz significó cuatro veces el total del agua potabilizada para el consumo humano en el país. Así también, que la cantidad de agua necesaria para la producción de celulosa es diez veces más que el agua consumida por la población, para la producción de soja diecisiete veces más y para la producción de carne veinte veces más. En síntesis, en 2019 las cuatro actividades consumieron 18.537 millones de metros cúbicos de agua, mientras que la producción de agua potable fue de 356 millones de metros cúbicos.
Por otro lado, la construcción de un nuevo centro de datos de la empresa Google provoca la irritación de la población, dado que según críticos se utilizan millones de litros de agua al día, aunque funcionarios uruguayos intentan mantener la calma afirmando que los planes han sido revisados.
Subtítulo: El acceso al agua potable como derecho humano fundamental
En 2004, el pueblo uruguayo respaldó una iniciativa de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV) que habilitaba la reforma de la constitución. Este objetivo obtuvo el apoyo del 64,7% de los votos emitidos democráticamente. Esta reforma establece que “El agua es un recurso natural esencial para la vida” además reafirma que “El acceso al agua potable y el acceso al saneamiento, constituyen derechos humanos fundamentales” en su artículo 47 en el apartado “Derechos, obligaciones y garantía”. también decreta que los criterios para la gestión de los recursos hídricos, que deben ser públicos, deben basarse en la participación de la ciudadanía y la sostenibilidad.
Este logro, más allá de influir en la situación hídrica y social de Uruguay, sentó un importante precedente internacional al ser una de las primeras instancias en que un derecho ambiental se incorpora a la constitución de un país a través de la democracia directa.
Por Florencia O’Keeffe
Por Morena Pardo