Cuando parecía que el premio a la mayor decepción de 2025 en materia de política climática se lo llevaría una COP30 para el olvido –marcada por incendios en sus propios pabellones, protestas de comunidades locales, escasa participación oficial del gobierno argentino y resultados cuestionables–, diciembre llegó con dos noticias que compiten cabeza a cabeza por ese lugar: la aprobación de la minería metalífera en Mendoza a costa del agua de la provincia y el proyecto de adecuación de la Ley de Glaciares.
Dos decisiones distintas, pero profundamente conectadas. Ambas vuelven a poner sobre la mesa una discusión incómoda y postergada: hasta dónde estamos dispuestos a ceder en materia ambiental en nombre del desarrollo productivo.
Minería en Mendoza: ¿licencia social o urgencia económica?
La reciente aprobación legislativa del proyecto minero San Jorge, que busca explorar cobre en la zona de Uspallata, reabrió un debate sensible para el futuro de Mendoza. La minería metalífera, históricamente resistida, ahora tiene vía libre en un contexto de urgencia económica. La pregunta es si la actividad logró la licencia social o si solo cuenta con una licencia política impulsada por la necesidad de divisas.
Uno de los principales focos de conflicto es el impacto sobre los recursos de una provincia que atraviesa más de 15 años de sequía. Según documentos oficiales, San Jorge utilizaría 141 litros de agua por segundo, lo que equivale a unos 12 millones de litros diarios durante dos décadas.
Las protestas sociales encontraron respaldo en la comunidad científica. Investigadores del CONICET difundieron un comunicado en el que advierten sobre los puntos débiles de la Declaración de Impacto Ambiental presentada por la empresa, señalando que “no ha respondido sustantivamente las objeciones y sugerencias vertidas en el dictamen técnico y en la mayoría de los informes sectoriales presentados”. Son cuatro los apartados en los que se verifica lo que la mega minería amenazaría: I. Impacto en el recurso hídrico. II. Impacto sobre la biodiversidad. III. Impacto socioeconómico y patrimonial. IV. Impacto sobre el suelo.
Cuando el agua se vuelve negociable
En paralelo, el Gobierno Nacional presentó en el Congreso el proyecto de adecuación de la Ley de Glaciares, con el argumento de “subsanar graves falencias interpretativas” que, según cree, ocasionaron inseguridad jurídica y paralizaron inversiones productivas en áreas clave como la minería.
Desde el discurso oficial, la iniciativa pretende “ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental plenamente compatible con la Constitución Nacional”. Sin embargo, detrás de esa formulación, el proyecto propone una reducción de las áreas protegidas, habilitando actividades extractivas en zonas hasta ahora resguardadas por su valor estratégico como reservas de agua dulce.
Vale recordar que la Ley de Glaciares impacta en una superficie ínfima del territorio argentino –menos del 1% de la Cordillera–, una superficie que, además, ya se encuentra en retroceso como consecuencia del cambio climático. El ambiente periglacial, uno de los grandes invisibilizados del debate público, cumple un rol central: almacena hielo donde no parece haberlo; actúa como un regulador hídrico de largo plazo; y su aporte es decisivo en provincias áridas. Paradójicamente, muchas de esas provincias son hoy las principales impulsoras de la modificación.
La norma vigente, sancionada hace 15 años, estableció un criterio claro: la identificación de glaciares y ambientes periglaciales debía estar en manos de la ciencia, a través del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), y ese piso de protección debía ser respaldado por todas las jurisdicciones. Ahora se altera ese esquema, desplaza a la ciencia del centro de la decisión y otorga a los gobiernos provinciales la potestad de definir qué queda y qué no bajo protección.
Es decir, habilita alos equipos técnicos provinciales a excluir glaciares o ambientes periglaciales del Inventario Nacional de Glaciares si consideran que no cumple la función de reserva estratégica de agua. En esos casos, el IANIGLA “deberá eliminarlo” del registro. Más aún, el texto aclara que la omisión o demora en la actualización del inventario no afectará la validez de una autorización ya otorgada para realizar una Evaluación de Impacto Ambiental, abriendo la puerta a que proyectos productivos avancen aun cuando el proceso técnico no esté completo.
Un debate que excede a Mendoza
Ambos casos son síntomas de un debate más profundo sobre el modelo de desarrollo que Argentina elige en un escenario de crisis climática, estrés hídrico y crecientes conflictos sociales.
El desafío no es producción o ambiente, una falsa dicotomía que ya demostró sus límites. El verdadero desafío es construir decisiones públicas que entiendan que sin agua no hay desarrollo posible. Y cuando se negocian las bases naturales que sostienen la vida y la economía, las consecuencias rara vez se pagan en el corto plazo, pero siempre llegan.
