La Corte Electoral uruguaya recibó casi 800.000 firmas contra una ley aprobada por el Congreso y propiciada por el gobierno de Luis Lacalle Pou que afecta multidud de temas y aspectos de la vida diaria. Cambia las condiciones para ajustar precios de combustibles, los desalojos, el rol de las empresas públicas, el proceso penal y los poderes de la policía, entre otros puntos incluidos en sus casi 500 artículos. Es básicamente el plan de gobierno presentado en la campaña por la coalición de Lacalle Pou. La oposición objeta que, si bien fue aprobada por las dos cámaras del Congreso, tuvo un "tratamiento exprés", que la deslegitimaría. El gobierno responde que la ley se trató durante todo un semestre en el Congreso desde su ingreso a su aprobación, y que como condensa el programa de gobierno, es ampliamente conocida por la población, dado que sus propuestas fueron la base de la campaña electoral que llevó a Lacalle Pou a la presidencia de Uruguay.
El jueves al mediodía, Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT la central única de trabajadores que es netamente opositora al gobierno y está alineada con el Frente Amplio, anunció que hasta las cinco y media de la mañana habían contabilizado 763.443 firmas para llevar a referéndum 135 artículos de la ley.
Para someter a referéndum, que en Uruguay tiene carácter obligatorio, a la Ley de Urgente Consideración (LUC) _columna vertebral legislativa del gobierno de Lacalle Pou_ se necesitaban algo más de 650.000 firmas.
Los firmantes buscan invalidar con la consulta popular 135 de los 476 artículos de la ley aprobada el 8 de julio del año pasado en el Congreso. En las dos cámaras fue sancionada con los votos de la alianza gobernante -los partidos Nacional, Colorado, Independiente y de la Gente más Cabildo Abierto- y rechazada por el Frente Amplio (FA).
Entre los puntos de la LUC cuestionados por la Comisión pero reivindicados por el gobierno nacional están la flexibilización del uso de la fuerza policial, la regulación del derecho a la huelga y la declaración de ilegítimos de los piquetes realizados en espacios públicos o privados que “afecten la libre circulación de personas, bienes o servicios”, con la consecuente facultad para disolverlos.
En cuanto al Código Penal, la LUC amplía para los menores en edad imputable las penas mínimas y máximas, además de limitar para adolescentes el régimen de semilibertad.
También extiende el concepto de legítima defensa a un bien material, alarga de 2 a 4 horas el plazo que tiene la Policía para informar a la Fiscalía de la detención de una persona, y otorga potestad a policías y militares para registrar personas y autos en procedimientos “preventivos rutinarios”.
La Comisión Pro Referéndum no duda en afirmar que la ley fue poco debatida y poco conocida. "Democratizamos los contenidos de una ley que es regresiva para los intereses del pueblo uruguayo'', dijo Pereira. La población no quiere que se legisle de esta manera'', interpretó el dirigente en referencia a lo que entiende fue una escasa difusión de los contenidos de la ley.
La LUC contiene casi 500 artículos. Esta sola ley modificó el rol del Estado en economía, educación, trabajo, seguridad, otorga poderes nunca otorgados a un presidente para reservar información pública sobre decisiones del Poder Ejecutivo y otorga amplias facultades a una nueva agencia de inteligencia estatal. Además, prevé la desmonopolización de algunos de los servicios administrados por el Estado como hidrocarburos, electricidad, telefonía o internet. Uruguay es de los pocos países en que esos servicios siguen siendo monopolio estatal. La calidad de varios de esos servicios está muy por debajo del promedio internacional, algo que afecta crónicamente a la competitividad internacional de Uruguay.
La LUC fue la principal arma de la coalición gobernante para cumplir las promesas de campaña. El proyecto incluye asuntos tan disímiles como la creación de comisiones para reformar el sistema de jubilaciones, ampliación de las potestades policiales en investigaciones judiciales, comprar bienes en efectivo hasta 100.000 dólares _algo criticado por prestarse al lavado de activos_, que las carnicerías mezclen sus propios embutidos o que los usuarios de telefonía móvil cambien de operador manteniendo su número telefónico. También reguló los alquileres previendo el desalojo de malos pagadores en seis días y de buenos inquilinos en un mes cuando antes había un año de tolerancia, y consagró una estricta confidencialidad en los documentos de Estado.
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Además, elevó las penas de varios delitos, hizo inexcarcelables los de drogas y eliminó las salidas transitorias para ciertos crímenes. También ajustó las tarifas, lo que han hecho aumentar el precio de los combustibles dos veces en menos de un mes. Asimismo, creó una rígida regla fiscal para las cuentas públicas.
"Lo que nos molesta es el avasallamiento de las discusiones democráticas, cambiarlo todo en 90 días sin que nadie se entere. Es llamativo para los uruguayos que una ley reformule cientos de políticas públicas y pocos sepan qué eso pasó'', opinó un dirigente opositor.
La senadora Carmen Asaín, del mismo sector que Lacalle Pou, y docente de Derecho Constitucional no cree lo mismo. Aunque entiende la validez del referéndum como forma de "proteger los derechos de minorías circunstanciales''.
"El contenido de la LUC es el programa de gobierno'', señaló a la AP, o sea que fue ampliamente informado durante la extensa campaña electoral que llevó a Lacalle Pou a la presidencia. E insistió que "el Frente Amplio acompañó la mitad de los artículos'' presentados en enero, que ingresaron en abril y se votaron en julio. O sea, no hubo "trámite exprés" ni nada parecido, dado que la gestión legislativa duró un semestre. Afirma que sí hubo debate en el Parlamento donde se recibió un centenar de delegaciones involucradas y que existió una amplia cobertura periodística.
