Bajo una ola de críticas, el presidente Donald Trump corrigió su actitud renuente ante las matanzas en Texas y Ohio y ayer declaró que fueron "ataques nefastos" y "crímenes contra toda la humanidad" e hizo un llamado a que ambos partidos políticos cooperen para responder a la epidemia de violencia armada, y se pronunció por fuertes controles de antecedentes para los compradores de armas. La sociedad sufrió un sacudón por la brutal matanza de 22 personas en El Paso, Texas, el sábado, a manos de un racista y de otras diez en Dayton, Ohio, el domingo. El eterno debate sobre el fácil acceso a las armas de fuego en Estados Unidos, defendido desde siempre por el Partido Republicano y criticado por el Demócrata, tuvo así una trágica actualización.
Trump, que pasó el fin de semana en su club de golf, inició la semana con un enfoque más activo y condenó los "crímenes contra la humanidad", como llamó a los ataques de El Paso y Dayton. El mandatario dijo que quiere leyes que permitan "fuertes revisiones de antecedentes" para los compradores y usuarios de armas, aunque en el pasado ha incumplido promesas de endurecer las leyes sobre el tema. Atribuyó la violencia a los "videojuegos" violentos y las "enfermedades mentales", pero no mencionó poner más límites a la venta de armas. "Prometemos actuar con urgencia", agregó en un mensaje televisado desde la Casa Blanca y aseveró que todos los estadounidenses "deben condenar el racismo, los prejuicios y el supremacismo blanco", en alusión a la doctrina que invocó el asesino de El Paso, un joven blanco de 21 años que dejó un manifesto con esta ideología de ultraderecha.
Agregó que dio instrucciones al FBI para que examine los pasos para identificar y abordar el tema del terrorismo doméstico. "Esta ideología siniestra debe ser derrotada. El odio no tiene cabida en Estados Unidos", declaró Trump. Añadió que el Departamento de Justicia propondrá legislación para castigar con la pena de muerte a quienes perpetren "crímenes de odio" o masacres como la de El Paso. Horas antes en Twitter, Trump pidió "fuertes revisiones de antecedentes" para quienes quieren comprar armas pero no aclaró qué tipo de ley respaldaría. Las autoridades federales tipificaron el ataque de El Paso como un caso de "terrorismo doméstico". "Nunca los olvidaremos, ni a los muchos que vinieron antes", expresó el mandatario.
Trump ofreció pocos detalles sobre cómo poner fin a la violencia y advirtió que se opondrá a los esfuerzos de los demócratas sobre el control de armas, diciendo que "son la enfermedad mental y el odio los que disparan el gatillo, no la pistola". Un viejo argumento de los partidarios de las armas, que no se sostiene ante un análisis científico y estadístico: ningún otro país desarrollado alcanza ni de cerca los niveles de muertes por armas de fuego que registra Estados Unidos.
Además, Trup pidió a las fuerzas del orden y a las empresas de redes sociales que se esfuerzen y hagan más para combatir el extremismo y detectar señales de violencia. También pidió "glorificar" menos la violencia en la cultura estadounidense, leyes para facilitar el tratamiento de personas con enfermedades mentales y leyes de "bandera roja" para alejar a esos individuos de las armas de fuego.
La Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, ha pasado leyes que incluyen revisiones más estrictas para quienes quieren comprar armas de fuego, pero los republicanos en el Senado no han hecho nada al respecto. En febrero, la Cámara de Representantes aprobó una legislación bipartidista para exigir verificaciones de antecedentes a nivel federal para todas las ventas y transferencias de armas y otra iniciativa que requería un período de revisión de hasta 10 días para las verificaciones de antecedentes en la compra de armas de fuego. La Casa Blanca amenazó con vetar ambas iniciativas. Esto no impidió que, también en febrero, en una reunión con sobrevivientes y familiares de la matanza escolar de Parkland, Florida, en 2018, en el que murieron 17 personas, Trump prometió ser "muy fuerte en las verificaciones de antecedentes". Trump afirmó que se enfrentaría a los defensores del uso de armas pero luego se retractó, expresando su apoyo a cambios modestos en el sistema federal de verificación de antecedentes y para armar a los maestros, una propuesta que los críticos locales de las armas consideran demencial.
En marzo, una encuesta realizada por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research encontró que 67 por ciento de los estadounidenses está a favor de leyes más estrictas sobre armas, 22 por ciento dice que deben dejarse como están y el 10 por ciento piensa que deben suavizarse aún más.