El número de muertos por la reciente represión policial en favelas del balneario de Guarujá, en la costa del Estado de San Pablo, ascendió este martes a 14, en medio de reclamos del organismo de control por posibles violaciones a los derechos humanos y ejecuciones realizadas por la fuerza comandada por el gobernador Tarcisio de Freitas, identificado con el bolsonarismo.
El propio Freitas detalló que el número de decesos había aumentado de 12 a 14. “No hay lucha contra el crimen sin efectos secundarios”, dijo en una conferencia de prensa en la que rechazó las acusaciones de “excesos” de la Policía.
Freitas precisó luego que todas las víctimas “fallecieron en el contexto de tiroteos con las fuerzas de seguridad” y que el operativo implementado en respuesta al asesinato de un oficial de las fuerzas especiales de la Policía “está aún en curso”.
Una comisión compuesta por el Defensor del Pueblo de la Policía del Estado de San Pablo, de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Brasil (Oab) y el Consejo Estatal para la Defensa de los Derechos Humanos (Condepe) acudió a Guaruja para recabar información sobre denuncias de violaciones de derechos humanos.
“Hemos recibido informes de violencia y asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad en la zona, así como continuas amenazas contra la población de las comunidades de esa ciudad”, expresó el Defensor del Pueblo, Claudio Da Silva. Y agregó que “el asesinato de un agente no justifica ninguna asimetría en la aplicación de la justicia“.
“No nos paran de llegar denuncias de ejecuciones”, abundó Silva.
Freitas, primer bolsonarista en gobernar San Pablo y presidenciable para 2026, aseguró que el operativo sirvió para enfrentar “al narcotráfico y el crimen organizado”. Sin embargo, aclaró que cada muerte será investigada.
En San Pablo, los policías utilizan cámaras en sus uniformes, algo que es fundamental para determinar casos de “gatillo fácil”. No obstante, el bloque de ultraderecha de la Asamblea Legislativa regional presentó un proyecto para que Freitas retire el uso de cámaras en los uniformes policiales.
Desde el gobierno, Flávio Dino, ministro de Justicia del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, consideró que “no parece ser proporcional” la cantidad de fallecidos en tiroteos.
La reacción de la Policía paulista se dio luego de que un hombre calificado como un francotirador del grupo criminal Primer Comando de la Capital (PCC) asesinó a un agente de la tropa de élite cerca de una favela de Guarujá.
El operativo de respuesta contó con 600 policías y entre los muertos se encuentra un vendedor ambulante de 30 años y un hombre con esquizofrenia. “Recibimos una serie de relatos de vecinos. Adolescentes y niños están siendo amenazados por los policías, casas siendo invadidas por policías encapuchados”, dijo el contralor policial a los medios locales.
Entretanto, varios medios de comunicación califican a la situación como similar a la acción de los escuadrones de la muerte parapoliciales.
En otro episodio registrado hoy, una mujer policía fue baleada por la espalda aparentemente sin motivación dentro de una panadería en la ciudad de Santos, vecina a Guarujá.
Por Aníbal Fucaraccio
