Líderes internacionales llamaron al diálogo entre el gobierno central de España y las autoridades de Cataluña, preocupados por la escalada de tensiones tras la violenta represión de la policía durante el referéndum de independencia ilegal realizado el domingo. El gobierno de Mariano Rajoy, en tanto, realizó una ronda de consultas con aliados y opositores y mantuvo su línea de firmeza. Ayer hubo marchas de repudio a la represión policial, que dejó más de 800 heridos y contusos. El domingo a la noche, en plena ola de conmoción por las imágenes de policías apaleando a manifestantes, el gobernante catalán y líder de los separatistas, Carles Puigdemont, anunció que se declararía la independencia, habida cuenta del resultado del referendo, en el que un 90 por ciento de algo más de 2 millones de catalanes avalaron esa opción. El padrón electoral catalán es de unos 5,3 millones de votantes.
Como el Parlamento catalán prevé declarar la independencia en los próximos días, apenas Puigdemont le envíe el resultado electoral, los dirigentes mundiales subrayaron que las conversaciones son urgentes. El ministro alemán de Relaciones Exteriores, Sigmar Gabriel, dijo que "las imágenes que nos llegaron desde España ayer demuestran lo importante que es detener la escalada en espiral". Policías antidisturbios se enfrentaron el domingo a las personas que trataban de votar en el referendo ilegal. Los enfrentamientos dejaron 893 civiles heridos, según las cifras de las autoridades catalanas.
Gabriel dijo también que estaba convencido de que España "podrá superar sus divisiones internas si ambas partes pueden acordar un camino común". Muchos líderes europeos criticaron al gobierno del presidente Mariano Rajoy por lo que consideraron un uso excesivo de la fuerza en la jornada electoral del domingo. El presidente de la Unión Europea Donald Tusk, aunque coincide con Madrid en no reconocer el referendo, hizo un llamado a Rajoy para que "evite una mayor escalada y el uso de la fuerza".
La búsqueda de independencia de Cataluña es el reto más reciente para la UE después de varios años difíciles marcados por la crisis financiera de Grecia, el retroceso democrático en Polonia y Hungría, y el "Brexit", la votación de Gran Bretaña para abandonar el bloque.
Zeid Ra'ad al-Hussein, jefe de derechos humanos de la ONU, hizo un llamado al gobierno español para asegurar una "investigación independiente, meticulosa e imparcial" en torno a los actos de violencia del domingo. También hizo un llamado al diálogo político.
Pero otros países que padecen movimientos secesionistas dieron la razón a Madrid. El presidente francés Emmanuel Macron habló con Rajoy y le manifestó su apoyo a la "unidad constitucional" y no mencionó el tema de la violencia policial. Al contrario, en República Checa, que se separó pacíficamente de Eslovaquia en 1993, la cancillería dijo que se usó "fuerza impropia" y señaló el "alto número de heridos". Serbia criticó "la hipocresía" de la UE por reconocer la independencia de su antigua provincia Kosovo en 2008, pero no apoyar el intento de Cataluña.
Postergación táctica
Más allá de la "tormenta" internacional, el gobierno catalán ha adoptado ayer una postura más prudente que el domingo a la noche, cuando anunció que pediría cuanto antes al Parlamento que declarara la independencia. Esa drástica medida sin retorno iba a tomarse mañana, pero ahora parece postergada, cuando menos, para fines de semana o inicios de la próxima. Según estima el diario El País, "la contundencia de las cargas policiales no figuraba en las previsiones del independentismo, que enseguida adaptó las fechas al nuevo escenario que se abrió". Así, decidió una reunión extraordinaria, al término de la cual declaró Carles Puigdemont: "Este momento pide mediación". El análisis del gobierno regional es que las cargas policiales refuerzan la reclamación de secesión, por la negativa del gobierno de Mariano Rajoy a dialogar.
La Generalitat pretende estirar todo lo que pueda el efecto de las reacciones de condena que se han producido en los países europeos con el fin de obligar al gobierno a negociar. Eso no significa que las fuerzas secesionistas y el gobierno catalán hayan renunciado a declarar la independencia, sino que pretenden sumar razones a los ojos de Europa antes de tomar una decisión que comportará la ruptura unilateral. Por esto, el Ejecutivo de Puigdemont aprobó crear una comisión especial de investigación sobre las presuntas "violaciones de los derechos humanos" a causa de las cargas policiales. Puigdemont aseguró que era necesario "restablecer la normalidad institucional" con el gobierno central, pero insistió en que no renunciará a aplicar el resultado favorable a la secesión. "Es vinculante y sobre él debemos tomar decisiones políticas", dijo.
La ley del referéndum prevé que si gana el sí "se celebrará una sesión ordinaria para efectuar la declaración formal de independencia de Cataluña, sus efectos y acordar el inicio del proceso constituyente". La fecha concreta se determinará en la junta de portavoces de hoy.
repudio. Ayer se hizo en Barcelona una masiva marcha de rechazo al accionar policial.
