Nicaragua: Ortega cerró por decreto 83 organizaciones sociales y culturales

El Parlamento de Nicaragua, controlado por el gobernante Frente Sandinista, cerró este martes por decreto otras 83 organizaciones sociales y culturales, entre ellas la Academia Nicaragüense de la Lengua, fundada en 1928 y de la que formaban parte los escritores disidentes Gioconda Belli y Sergio Ramírez.

En sesión plenaria y sin debate alguno, el Legislativo aprobó el cierre de las ONG con 75 votos a favor, 0 en contra y 16 abstenciones, con lo que se eleva a 320 la cifra de entidades sin fines de lucro clausuradas por el gobierno de Daniel Ortega desde la revuelta social de 2018, 200 de ellas solo en lo que va de este año.

En la exposición de motivos, el diputado oficialista Filiberto Rodríguez argumentó que las organizaciones violaron la ley al no inscribirse como "agentes extranjeros", una obligación impuesta desde fines de 2020 para controlar a las entidades que el gobierno sandinista considera críticas o vinculadas a la oposición.

Según Rodríguez, las 83 ONG "han desarrollado sus actividades al margen de la ley y han actuado contra ley expresa", además de haber "incumplido sus deberes y obligaciones ante el ente regulador" y "obstaculizado el control y la vigilancia" del Ministerio de Gobernación en el caso.

Además de la Academia Nicaragüense de la Lengua, entre las organizaciones cerradas destaca la biblioteca virtual Enrique Bolaños, fundada por el fallecido ex mandatario liberal (2002-2007) y varias decenas de asociaciones educativas, de salud, deportivas, de desarrollo rural, de mujeres y protección de la niñez.

"¡¡La Academia Nicaragüense de la Lengua tiene personería jurídica desde 1928!! Y ahora salen con que no ha llenado requisitos y que le suspenderán personería a una academia que es apolítica por naturaleza. Ni (el dictador Anastasio) Somoza lo hizo", escribió vía Twitter Gioconda Belli, al protestar por la medida.

La poeta Belli y el novelista Sergio Ramírez, Premio Cervantes 2017, están exiliados en España desde el año pasado, después de que Ortega ordenó encarcelar a medio centenar de líderes opositores, empresarios, exguerrilleros, periodistas y siete aspirantes a la Presidencia durante el proceso electoral que culminó en noviembre con su tercera reelección consecutiva.

La Real Academia Española (RAE) había expresado en un comunicado su "profunda preocupación por la noticia del posible cierre" de su entidad homóloga en Nicaragua, tras destacar que es "fundamental para el cuidado de la lengua" y que "desarrolla una labor incansable beneficio directo del pueblo, que es el dueño del idioma".

"Desde 1928 han coexistido dentro de la Academia intelectuales de todos los signos políticos y en sus estatutos y actuar la Academia ha sido apolítica", agregó Belli, quien había pedido "reconsiderar" su clausura.

Tras la sesión en el Legislativo, el director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado, se declaró "desolado" ante la orden de disolución de la entidad nicaragüense.

"No es ya una agresión a una libertad, la de asociarse o de opinar. Es cortarle la lengua a la gente e ir un paso más allá en la opresión. Es intolerable desde cualquier punto de vista", dijo Muñoz Machado en declaraciones a periodistas en la ciudad española de Oviedo.

También la Academia Mexicana de la Lengua (AML), mediante un comunicado publicado en su página web, expresó su "más enérgico rechazo" y su "repudio por este acto que afecta gravemente las libertades del pueblo nicaragüense".

"Una vez más, el gobierno de Nicaragua atenta contra la dignidad de sus ciudadanos, esta vez mediante la iniciativa de cancelación de la personalidad jurídica de 83 organizaciones no gubernamentales, entre las que se cuenta la Academia Nicaragüense de la Lengua que, durante más de 93 años ha velado en esa nación por la cultura, la educación y el desarrollo de la lengua que nos une: el español", señaló la AML.

Nicaragua vive una aguda crisis política desde abril de 2018, cuando una rebelión cívica fue sofocada con violencia por policías y paramilitares. La represión estatal dejó al menos 355 muertos, más de 2.000 heridos, 1.600 detenidos en distintos momentos y más de 110.000 exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).