La infanta Cristina, la hija menor del rey Juan Carlos de España, fue imputada ayer por la Justicia en el caso de corrupción en el que está siendo investigado su marido, Iñaki Urdangarin, en un hecho sin precedentes en la historia de la nación ibérica. Cristina, de 47 años y séptima en la línea de sucesión, tendrá que declarar ante el juez el 27 de abril, en el marco de un caso que desde la imputación de su esposo, en diciembre de 2011, ha propiciado la peor crisis de imagen de la monarquía española en los 37 años de reinado de Juan Carlos.
El juez instructor, el magistrado José Castro de Palma de Mallorca, imputa a la hija del monarca porque ve indicios de "cooperación" o "complicidad" en los delitos cometidos supuestamente por Urdangarin y su ex socio, Diego Torres. La fiscalía no está de acuerdo y va a presentar una apelación.
La infanta formaba parte de la junta directiva del Instituto Nóos, la organización sin fines de lucro a través de la cual Urdangarin y Torres se apropiaron presuntamente de seis millones de euros de dinero público aprovechando contratos adjudicados por los gobiernos regionales de las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana. Además, es propietaria al 50 por ciento junto a Urdangarin de Aizoon, una de las empresas implicadas en la trama.
Igual para todos. El juez defiende que entre los objetivos de la imputación de la infanta está el de "evitar el descrédito de la máxima de que la Justicia es igual para todos". La imputación supone que la infanta tendrá que declarar ante el magistrado de Palma de Mallorca y que éste podría después decidir su procesamiento judicial o no.
De un "no comentamos decisiones judiciales" inicial, la casa real reaccionó horas después expresando su "sorpresa" por un hecho que desató una tormenta en España. Dentro del "máximo respeto" a las decisiones judiciales, el Palacio de la Zarzuela se dijo sorprendido por el cambio de "posición" del juez, que en dos ocasiones anteriores rechazó la imputación de la infanta.
Mientras los dos grandes partidos españoles, el Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy y el Partido Socialista (Psoe) de Alfredo Pérez Rubalcaba, evitaron hacer valoraciones sobre el caso, formaciones más pequeñas arreciaron en sus críticas a una Corona que ha visto disminuir mucho, a base de escándalos, el apoyo del que gozaba antaño. Y que con la imputación de la infanta Cristina sufre un nuevo y duro golpe.
El juez sostiene que Urdangarin, de 45 años, y su ex socio utilizaron la imagen de la infanta Cristina como hija del rey para conseguir contratos para el Instituto Nóos y que ella, según indicios, otorgó su consentimiento para ello. El objetivo de su presencia en la junta directiva de Nóos era "aparentar ante empresas privadas e instituciones públicas que todas las operaciones" del instituto "eran conocidas y gozaban del respaldo de la casa de su Majestad el Rey", sostiene el juez Castro. Esto podría traducirse en "cooperación necesaria" o "complicidad" de la infanta en los delitos supuestamente cometidos a través de Nóos. Hasta ayer, Cristina era el único miembro de la junta directiva de Nóos que no había sido imputado en el caso. En su última declaración ante el juez, en febrero, Urdangarin insistió en que la presencia de su mujer en ella era testimonial.
Correos. La decisión del juez llega una semana después de que Torres le entregara varios correos electrónicos que Urdangarin envió en su día a su mujer, pidiéndole opinión sobre sus negocios. El ex socio de Urdangarin, enfrentado con él desde que se abrió la causa contra ambos, lleva tiempo intentando demostrar la implicación de la infanta en el caso, entregando al juez cientos de e-mails que se llevó de los ordenadores de Nóos. En enero consiguió la imputación del secretario personal de las infantas Cristina y Elena, Carlos García Revenga.
La imputación de la infanta supone además un nuevo revés en los esfuerzos de la Casa Real por recuperar la confianza de los ciudadanos, cuyo apoyo en un sondeo de Metroscopia cayó al 58 por ciento. El alza del malestar ciudadano, la escasa audiencia del discurso navideño del rey, la menor de los últimos 15 años, y el hecho de que por primera vez algunos políticos hayan pedido públicamente su abdicación es algo que no se había visto en España desde su llegada al trono en 1975.
