El presidente boliviano, Evo Morales, promulgó ayer la norma que legaliza de forma permanente el cultivo de hasta 22.000 hectáreas de hoja de coca en su país y criticó a Estados Unidos por buscar la erradicación de la planta e incluir a Bolivia en su lista de "fracasos demostrables" en la lucha antidrogas. Morales, quien busca reelegirse por un cuarto mandato, anunció ayer en un acto público que con la promulgación de la nueva ley "queremos garantizar coca de por vida", un cultivo ancestral y místico de la población andina. "Es el momento de enterrar la ley 1008 (vigente desde 1988 e impulsada por Estados Unidos), que buscaba cero de coca en Bolivia", manifestó Morales en su primera aparición pública tras volver de Cuba, donde fue sometido a una evaluación médica y en abril será intervenido quirúrgicamente por una tumoración benigna en la laringe.
A la ceremonia de promulgación no asistieron cocaleros del sector los Yungas, descontentos porque consideran que la ley privilegia al Chapare cuya coca, dicen, no sirve para el consumo tradicional (masticado o infusiones).
La nueva norma fue aprobada por el Congreso de mayoría oficialista el 24 de febrero, tras duras exigencias de los aliados cocaleros del presidente. Reconoce un total de 22.000 hectáreas de coca, contra las 12.000 que regían desde 1988. Así, Bolivia tendrá 14.300 hectáreas de coca en la región de los valles subandinos de los Yungas, donde se siembra desde tiempos precolombinos, y 7.700 en la región de Chapare, centro del país.
Morales, líder vigente de seis sindicatos de cocaleros del Chapare (centro), llegó al poder en 2006 con un discurso indigenista, nacionalista y antiestadounidense y revalidó el cargo en dos gestiones consecutivas (2010-1015 y 2015-2020), aspirando ahora a una reforma legal que lo habilite para un cuarto mandato (2020-2025), pues la actual Constitución lo prohíbe.
¿Coca para el narcotráfico?
Entre coca legal y excedente, Bolivia tiene actualmente 20.200 hectáreas de coca, y la nueva frontera legal de cultivos casi coincide con los cultivos existentes. Un estudio del gobierno de 2013, financiado por la Unión Europea, señala que la demanda legal de la coca, para infusión, mascado y rituales religiosos, se satisface con el cultivo de 14.700 hectáreas. Bolivia es el tercer mayor productor mundial de coca después de Colombia y Perú, países que, a contramano, luchan por disminuir sus cultivos.
El proyecto original del gobierno planteaba subir hasta 20.000 las hectáreas legales de hojas de coca, pero tras un conflicto con cocaleros de Los Yungas el Ejecutivo finalmente decidió subir la superficie a 22.000 hectáreas.
Para la oposición, la nueva norma tendría serios efectos colaterales. El ex presidente boliviano, Jorge Quiroga, está convencido que esta ley "va a traer vergüenza internacional y hará un daño enorme a nuestra imagen, a nuestros ciudadanos, por el estigma y el narcotráfico que va a generar y la criminalidad que va a crear en Bolivia". Según él, "los informes de instituciones como la Unión Europea o de la ONU indican que el 90 por ciento de la coca del Chapare va al narcotráfico". Un dirigente de los cocaleros de los Yungas, Franklin Gutiérrez, también sostiene que la producción de esa región "no se destina al mercado tradicional", legal. "No somos de la cultura de la cocaína", se defendió Morales.
De acuerdo a los planes oficiales unas 7.000 hectáreas serán industrializadas en té, medicamentos y licores, para la exportación a Ecuador y Venezuela, en volúmenes que no precisó, además de que está en curso una gestión con Paraguay. La exportación de la planta como tal está prohibida por la Convención de Viena de 1960.
Ley a la ONU
Morales ha insistido en que debe despenalizarse mundialmente el uso de la hoja de coca, sobre todo el «acullico» o mascado ancestral de los campesinos para no padecer hambre ni fatiga durante sus labores en las alturas. La flamante ley será presentada por el gobierno boliviano la siguiente semana ante el 61º período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, en Viena, según anuncio oficial.
De acuerdo a la diputada opositora y politóloga, Jimena Costa, la nueva norma "acarreará dificultades internacionales" puesto que "estaría poniendo a disposición del narcotráfico más de 11.000 toneladas métricas anuales de hoja de coca", que resultan del rendimiento de la ampliación de la frontera de cultivo.
El zar boliviano antidroga, Felipe Cáceres, explica que la nueva meta de 22.000 hectáreas es "para que el Estado nacional tenga control sobre ellas mismas y lleve adelante nuestra política de lucha contra las drogas en todo el territorio nacional, evitando excedentes que alimenten el narcotráfico".
El gobierno ha justificado que la producción cubrirá el consumo interno tradicional y el aumento de superficie permitirá fomentar la industrialización de derivados legales de la coca y su exportación a mercados en Ecuador y el norte de Argentina. Morales manifestó además que "llegó la hora de enterrar la ley 1008" y ratificó que su gobierno seguirá cumpliendo con sus compromisos en la lucha contra el narcotráfico. Cuestionó que el Departamento de Estado norteamericano haya señalado recientemente que Bolivia, junto a Venezuela y Birmania, son países donde existe un "fracaso demostrable" a la hora de cumplir sus obligaciones internacionales en la lucha antidrogas. "Lo único demostrable es que los gobiernos de Estados Unidos no pueden someter a Venezuela y Bolivia", zanjó el presidente.
El presidente Morales siempre acusa a Washington de usar la lucha contra el narcotráfico con fines geopolíticos y ha asegurado en reiteradas oportunidades que los planes antidrogas en su país funcionan mejor desde su decisión de expulsar en 2008 a la Administración para el Control de Drogas (DEA) estadounidense. Ese mismo año, Evo expulsó al entonces embajador estadounidense, Philip Goldberg, acusándolo de conspirar contra su gobierno, algo que Washington ha negado siempre.
