La medida de China busca frenar la desinformación en redes sociales y apunta a quienes tengan más de un millón de seguidores
La Administración del Ciberespacio de China (CAC) implementó una nueva regulación que obligará a los influencers y streamers con más de un millón de seguidores a acreditar formación universitaria si desean hablar públicamente sobre temas considerados sensibles o de interés público, como medicina, derecho, historia, economía o política.
El objetivo del gobierno chino es reducir la desinformación que circula en redes sociales y limitar la propagación de bulos, una problemática que cobró fuerza durante la pandemia de Covid-19 y que aún preocupa a las autoridades.
La norma, calificada por analistas como una de las más restrictivas del mundo digital, establece que los creadores de contenido deberán demostrar su experiencia mediante títulos, certificaciones o licencias oficiales antes de abordar cualquier temática “seria” o “regulada”.
La responsabilidad de verificar las credenciales recaerá sobre las propias plataformas chinas, como Douyin (la versión local de TikTok), Bilibili y Weibo, que deberán garantizar que los contenidos incluyan citas claras, descargos de responsabilidad y transparencia sobre las fuentes.
Además, las compañías estarán obligadas a “educar” a sus usuarios sobre los nuevos requisitos y a informar cuándo el contenido está basado en estudios, informes, inteligencia artificial o simples opiniones personales.
El punto de inflexión, según la CAC, fue la pandemia del coronavirus, cuando se multiplicaron las teorías conspirativas y falsos tratamientos que circularon por internet. Las autoridades identificaron que parte del problema provenía de un pequeño grupo de influencers con alto poder de alcance.
Un estudio del Centro para Contrarrestar el Odio Digital, con sede en Estados Unidos y Reino Unido, determinó que el 65% del contenido antivacunas mundial fue generado por apenas doce personas.
Esta iniciativa se suma a una serie de medidas que el gigante asiático viene aplicando en los últimos años para reforzar la supervisión sobre el ecosistema digital y mantener un control más estricto sobre las figuras públicas en redes.
Aunque las autoridades admiten que el nuevo sistema no garantiza la eliminación total de la desinformación, aseguran que representa un paso hacia una comunicación más responsable y profesionalizada en línea.
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